América Latina

Investigan el paradero de archivos militares en Guatemala

El ministro guatemalteco de Defensa, Abraham Velásquez, anunció hoy la creación de una comisión para investigar el paradero de dos archivos militares supuestamente desaparecidos y que deben ser entregados a un tribunal de justicia.

Velásquez explicó que el grupo que investigará el paradero de los archivos sobre las operaciones militares ejecutadas en la década de los ochenta y conocidas como "Sofía'' e "Ixil'', estará integrado por miembros de su cartera.

El grupo deberá investigar el paradero de estos documentos que se presume tienen información sobre graves violaciones a los derechos humanos durante el pasado conflicto armado (1960-1996).

Velásquez no preció en cuánto tiempo se deberá entregar el resultado de la investigación.

El pasado miércoles, el ministro solo llevó al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal los planes de "Victoria 82'' y "Firmeza 83'', pero no fueron recibidos debido a que la orden judicial era que el Ejército tenía que entregar los documentos de las cuatro operaciones contrainsurgentes.

Velásquez informó ese día al presidente y comandante general del Ejército, lvaro Colom, que los planes "Sofía'' e "Ixil'' habían desaparecido y no descartó que hayan sido destruidos.

Según el ministro, la doctrina militar los autoriza a destruir algún tipo de documentos, cuyo tiempo de existencia haya prescrito.

Debido a que el ministro no cumplió con la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de entregar los cuatro archivos militares, activistas humanitarios y víctimas de la guerra lo denunciaron el pasado viernes ante el Ministerio Público (MP) por los delitos de desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento propio.

Un dirigente del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Juan Francisco Soto, aseguró ese día que se deben deducir responsabilidades penales al ministro porque los documentos estaban en custodia en la cartera de Defensa.

Los archivos militares servirán como prueba documental en un proceso penal por delitos de genocidio y torturas que conoce el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en contra de un grupo de ex altos cargos militares, entre ellos Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983.

El conflicto armado que acabó con la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla el 29 de diciembre de 1996, dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y hasta ahora los delitos de genocidio se mantienen impunes.

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