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América Latina dispone sanciones a Honduras

Los líderes del Alba acordaron retirar a sus embajadores de Tegucigalpa y justificaron una insurrección popular en Honduras, países centroamericanos anunciaron una suspensión del comercio con Honduras y el Grupo de Río deploró el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

Las determinaciones fueron adoptadas en una inusual sucesión de cumbres de líderes que intentan propiciar la restitución del mandatario depuesto y rechazar al gobierno erigido en su lugar bajo la conducción de Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso hondureño.

"Le decimos a los golpistas de Hondura que estamos listos para apoyar la rebelión del pueblo de Honduras... y eso no va ser en palabras'', aseguró el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, al referirse a un artículo constitucional de Honduras según el cual "nadie debe obediencia a un gobierno usurpador''.

El gobernante venezolano, impulsor de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de las Américas (Alba), no precisó la manera en que concretizaría ese respaldo, pero llamó "a los soldados de Honduras que no vayan a derramar'', según declaraciones difundidas en Venezuela por los medios estatales.

Guatemala, Nicaragua y El Salvador acordaron suspender durante 48 horas el comercio a través de sus fronteras con Honduras, según una resolución de apoyo del denominado grupo CA-4, integrado además por Honduras, leído por el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Los presidentes salvadoreño Mauricio Funes, guatemalteco Alvaro Colom y Ortega, suscribieron el documento y también participaron en una cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en que se adoptó una resolución que contempló suspender relaciones con el gobierno encabezado por Roberto Micheletti.

El SICA ordenó a sus embajadores ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) "suspender de forma inmediata todos los préstamos y desembolsos'' al gobierno hondureño, mientras éste no sea encabezado por Zelaya.

El bloque centroamericano respaldó una resolución de la OEA sobre la situación en Honduras y convino solicitar una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que "adopte las medidas coercitivas que correspondan''.

Los líderes del SICA advirtieron que tomarán ‘‘escalonadamente las medidas necesarias'' incluyendo la congelación del comercio con Honduras hasta que sea restituido Zelaya.

El mandatario mexicano Felipe Calderón abrió una reunión convocada extraordinariamente por el Grupo de Río, del cual es el presidente pro témpore, para decidir las medidas que adoptará ese bloque ante lo acontecido en Honduras.

"Es absolutamente inaceptable la utilización de la fuerza para derrocar a un gobierno legalmente constituido e inadmisible la forma en que el presidente Zelaya fue detenido y obligado a salir de su país'', dijo Calderón en su discurso.

Calderón llegó a Managua acompañado por la hondureña Patricia Rodas, canciller del gobierno depuesto.

El presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo creer en "la sinceridad del presidente Barack Obama'' que condenó el golpe ‘‘pero tienen que demostrarlo con hechos, no con palabras''.

Llamó al Grupo de Río, al que pertenece su país, "a rechazar en los términos mas contundentes'' la acción contra Zelaya y a "desenmascarar a aquellos que condenan, pero después aplauden por debajo de la mesa''.

La declaración del Alba exhortó a los países de Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur), al SICA, Caricom, Grupo de Río, ONU y OEA a retirar a sus diplomáticos en Honduras.

Chávez, Ortega y los presidentes de Bolivia, Evo Morales; y Ecuador, Rafael Correa, así como el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, suscribieron la declaración que también contempló rechazar a cualquier diplomático enviado por el presidente hondureño designado.

Zelaya arribó el domingo a la capital nicaragüense procedente de Costa Rica, a donde lo llevaron los golpistas, un grupo de militares encapuchados que lo secuestraron y condujeron al aeropuerto.

El presidente de la asamblea general de las Naciones Unidas, el nicaragüense Miguel D'Escoto, instó a los 192 países miembros a evaluar medios de restaurar pacíficamente en la presidencia a Zelaya.

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