América Latina

Seguidores de Ortega atacan Parlamento mientras los diputados reanudan sesión

Partidarios de Daniel Ortega forcejean con la policía en los alrededores del parlamento.
Partidarios de Daniel Ortega forcejean con la policía en los alrededores del parlamento. AP

Seguidores del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, causaron hoy destrozos en ventanales del edificio del Parlamento, mientras en su interior se reanudaron las tareas legislativas tras dos días consecutivos de disturbios en Managua.

Según medios locales, simpatizantes de Ortega atacaron el edificio del Parlamento con piedras y morteros artesanales (disparadores de fabricación casera), en momentos en que los diputados debatían convenios de ratificación de préstamos para financiar diversas obras.

Las tareas legislativas se reanudaron luego de que el presidente del Congreso convocara hoy a directivos y diputados del Parlamento a reanudar las labores, con protección policial, tras dos días de violentos disturbios en Managua.

Los manifestantes orteguistas encapuchados destruyeron los ventanales del costado norte del edificio, cuya fachada está frente al edificio que alberga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mientras el tráfico en los alrededores del Parlamento permanece interrumpido, constató Efe.

El titular del Legislativo, René Núñez, dijo hoy que conversó con la dirección de la Policía Nacional para que, sin menoscabo del derecho de las personas a manifestarse, garantice el libre acceso de los diputados y periodistas a la sede de la Asamblea, que en los últimos dos días ha estado bloqueada por seguidores de Ortega.

Ayer, al menos cuatro vehículos fueron quemados en los disturbios, mientras que dos periodistas denunciaron agresiones y miembros de la oposición notificaron la retención de 54 personas durante varias horas, asediados por los seguidores de Ortega.

Nicaragua se halla sumida en una crisis institucional debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición desde que, en enero, Ortega aprobó un polémico decreto para prorrogar el mandato de funcionarios de varios poderes del Estado, a pesar de que la competencia para ello corresponde al Parlamento.

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