América Latina

Perú: la criticada ley de amnistía duró sólo 13 días

El presidente de Perú, Alan García (i), toma juramento al nuevo ministro de Defensa, Jaime Thorne León (d), hoy, miércoles 15 de septiembre de 2010, en Lima (Perú). El abogado Thorne juró al cargo "por el honor de servir a la patria" en una breve ceremonia en el Palacio de Gobierno, un día después de que el mandatario tomara juramento al resto del gabinete que lo acompañará en el último tramo de su mandato (2006-2011). EFE/Presidencia de Perú
El presidente de Perú, Alan García (i), toma juramento al nuevo ministro de Defensa, Jaime Thorne León (d), hoy, miércoles 15 de septiembre de 2010, en Lima (Perú). El abogado Thorne juró al cargo "por el honor de servir a la patria" en una breve ceremonia en el Palacio de Gobierno, un día después de que el mandatario tomara juramento al resto del gabinete que lo acompañará en el último tramo de su mandato (2006-2011). EFE/Presidencia de Perú

La decisión del Congreso peruano de derogar una ley promulgada hace apenas 13 días y que beneficiaba a militares juzgados por crímenes de lesa humanidad, dejó mal parado al Gobierno de Alan García, mientras que defensores de la misma anunciaron este miércoles nuevas iniciativas a favor de los procesados.

El martes en la noche, el Congreso derogó por 90 votos contra 1 un decreto legislativo que proponía dejar en libertad a los militares presos que estén más de 36 meses en prisión sin ser sentenciados.

El único voto en contra fue del congresista y vicepresidente del país, Luis Giampietri, un vicealmirante en retiro bajo investigación por una matanza de presos de la agrupación maoísta Sendero Luminoso en un penal en 1986, durante el primer gobierno del presidente García (1985-1990).

Durante casi dos semanas el polémico decreto 1097 desató una tormenta política con cuestionamientos de organismos peruanos e internacionales, que la calificaron como "ley de impunidad'' y de ser una "amnistía encubierta''.

Factor determinante fue una carta que envió el lunes el escritor peruano Mario Vargas Llosa al presidente García en que denunciaba que esa ley significa una "amnistía apenas disfrazada'' y que mediante una "triquiñuela jurídica'' se abriría "la puerta falsa de las cárceles a quienes cometieron delitos horrendos''.

Tal avalancha obligó al presidente García a dar marcha atrás y pedir al Congreso derogarla en el más breve plazo, pedido que se cumplió la noche del martes.

Giampietri criticó la derogatoria de la norma.

"El Perú tiene que entender al final que aquellos que luchamos contra la subversión lo hicimos para defender la democracia'', dijo al anunciar que tratará de presentar una propuesta legislativa para solucionar el problema de los militares que permanecen en la cárcel por años sin sentencia.

"Yo soy parte de los que han sido acusados. Lo que estamos pidiendo es que haya juicios justos en el tiempo debido; no hay derecho que uno tenga 24 años esperando que algún juez tome la decisión'', dijo.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Souza, de la bancada del ex presidente Alberto Fujimori (condenado a 25 años de cárcel por violación de DDHH), compartió la idea de Giampietri y dijo que elaborará un proyecto para "proteger los derechos de los militares y policías que sufren cárcel injustamente''.

"La derogación del decreto legislativo es una pena porque se han desperdiciado las facultades legislativas que le dio el Congreso al Poder Ejecutivo'', declaró Souza.

En la orilla opuesta, Ronald Gamarra, director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, calificó de acertada la abolición del decreto 1097.

"Ahora se garantiza el correcto cumplimiento de la justicia. porque en un sistema democrático, le corresponde al Poder Judicial investigar, juzgar y decidir, sea sancionando o absolviendo, a quienes se les imputa un crimen'', dijo.

El texto del anulado decreto planteaba archivar los procesos por exceso en el plazo de investigación, lo cual beneficiaba a algunos militares y policías procesados por violación a los derechos humanos.

La polémica generada por el decreto significó un grave daño a la imagen de Perú en el exterior, opinó el analista e historiador Nelson Manrique quien dijo a la AFP que "hay un costo político muy elevado que le pasará factura al gobierno que se vio obligado a retroceder''.

La sensación de que el gobierno quedó mal parado la graficó el analista Augusto Alvarez quien escribió en el diario La República que el gobierno vivió "una grave crisis política'' que reveló un "gobierno que es chambón en la forma e indecente y poco democrático en el fondo''.

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