América Latina

Informe estatal de DDHH afirma que en Chile aún existe tortura

En Chile aún existe tortura y durante 2013 se evidenciaron prácticas institucionales que promueven el maltrato ilegítimo, dijo este lunes el informe anual del instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH).

“En Chile la tortura aún existe, no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable”, indicó Lorena Fríes, directora del INDH, durante la presentación del informe.

“Aún existen prácticas institucionales” que promueven la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, principalmente referidas a detenciones por parte de la Policía chilena, agregó la nota.

En el 2012 se presentaron 1,775 denuncias, cinco diarias en contra de Carabineros (Policía) por violencia innecesaria, y en el 2013 se abrieron un centenar de causas judiciales “por tortura, maltrato y apremios ilegítimos”.

Los casos involucran a personal policial, acusado de torturas y trato degradante a detenidos en operativos contra indígenas, de narcotráfico y protesta social, con un uso de fuerza indebido para obtener confesiones y registros, entre otras acusaciones.

El INDH aconsejó la implementación de “una instancia permanente de calificación de víctimas, además de la asesoría legal y social pública para los y las sobrevivientes de la tortura”, ocurrida en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en la cual más de 38,000 personas la sufrieron.

Durante la última dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), unos 3,200 detenidos fueron ejecutados o hechos desaparecer, mientras que 38,000 denunciaron torturas.

El informe del INDH, que se lanza anualmente desde el 2010, advirtió además que el pueblo Mapuche, la mayor etnia chilena y que demanda al Estado la devolución de tierras en el sur de Chile que reclama propias por derecho ancestral, ha sufrido por la vulneración de sus derechos y ha sido hostigado por las fuerzas del orden.

Según INDH, un 75.5 por ciento de los chilenos cree que los pueblos indígenas “viven una situación de injusticia” por lo cual aconsejó al gobierno ampliar el debate para estos puedan decidir sobre su destino.

El documento advirtió también de la creciente discriminación sobre los migrantes y destacó que el gobierno haya enviado en agosto de este año al Congreso una ley sobre migración que evite la vulneración de sus derechos.

  Comentarios