América Latina

La ONU interviene en decisión sobre alcalde en Bogotá

El representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia de la ONU, Juan Carlos Monje, asesoró el lunes al procurador general de este país, Alejandro Ordóñez, sobre los derechos políticos del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y de sus electores.

Al término de una “extensa” reunión de dos horas, Monje dijo a periodistas que la ONU había “compartido unas observaciones” con la Procuraduría, en la primera ocasión en la que el organismo internacional interviene en una decisión interna de instituciones colombianas.

“La Oficina tiene el mandato de asesorar a las instituciones del Estado y particularmente a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y al organismo judicial”, explicó Monje, quien sustituye al titular de esta Oficina, Todd Howland, por encontrarse fuera de Colombia.

Monje también le entregó a Ordóñez un fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en 2011 al Estado venezolano por la inhabilitación en 2008 del alcalde de Chacao, el municipio más rico del área metropolitana de Caracas, el opositor Leopoldo López, por parte de la Contraloría General.

La CorteIDH consideró que, en esa ocasión, hubo una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos porque López no tuvo oportunidad de defenderse de una decisión que fue de tipo administrativo y no penal.

Howland había pedido el martes una cita con Ordóñez, un día después de que el procurador anunciara la destitución e inhabilitación durante quince años de Petro por el supuesto mal manejo de una crisis en la recolección de basuras hace un año.

“Es importante que la Procuraduría entienda que hay jurisprudencia del Comité de Derechos Políticos y Civiles, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, había advertido el representante de la ONU, al señalar que “cualquier intervención de un funcionario que no esté elegido tiene que ser equilibrada”.

El cese de Petro, quien fue guerrillero del M-19, ha provocado una crisis institucional en Colombia alrededor del poder acumulado por la Procuraduría General.

La Fiscalía ha iniciado una indagación preliminar sobre esta decisión y pide al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que determine si el procurador está habilitado para decidir sobre el futuro de un funcionario elegido electoralmente, mientras que el mandatario ha adoptado una postura equidistante.

  Comentarios