América Latina

Pugna amenaza obras en Canal de Panamá

La ampliación del Canal de Panamá se enfrenta a un posible nuevo retraso después de que el consorcio encargado anunció el miércoles que suspenderá la obra en 21 días si no recibe $1,600 millones por sobre costos, lo que las autoridades panameñas tildaron de “presión” inaceptable e incluso hablaron de asumir el proyecto.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dijo el miércoles que legalmente “la intención de suspensión” expresada por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) “no implica una terminación o abandono del proyecto”, pero que si eso llegara a suceder, “pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra”, sin más precisiones.

Así respondió el administrador de la ACP, Jorge Quijano, al preaviso que envió el miércoles el GUPC, que lidera la compañía española Sacyr, anunciando que suspenderá dentro de 21 días las obras de ampliación si sus reclamos económicos no son honrados por las autoridades panameñas.

El consorcio argumentó que cumplir con sus requerimientos “supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución” de las obras de ampliación, que iniciaron en el 2007 y se prevé que estén listas en junio del 2015, nueve meses después de los estipulado en el contrato.

El GUPC, que además Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha dicho que el retraso registrado hasta ahora se debe principalmente al rechazo reiterado por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal.

En un comunicado, el consorcio culpó de los retrasos y sobre costos derivados a la administración de Quijano, que “ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones del contrato, como la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto”.

También acusó a Quijano de supuestamente hacer “todo lo que está en su poder para evitar la resolución de las diferentes disputas y reclamos”.

“Por todo ello, GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyecta $1.6 billones en sobre costos, que son responsabilidad del empleador (…) y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuesta específicas, ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha”, agregó el comunicado del consorcio.

Pero la autoridad panameña respondió que sin importar “qué tipo de presión se haga”, la ACP mantiene la “exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”.

El contrato establece “claramente tres instancias de resolución” de reclamos, dos de las cuales “son decididas por terceros”, destacó la autoridad panameña.

Según el documento firmado, el contratista puede presentar su reclamo en primera instancia ante la ACP, si no se resuelve puede acudir a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), y como última instancia apelar a un arbitraje internacional.

El GUPC se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor global de $5,250 millones, de los cuales $3,118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas

El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varias reclamos económicos, uno de ellos en el 2012 por $585 millones que fue rechazado por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la DAB.

En diciembre pasado el GUPC presentó a la ACP otro reclamo, por 850 millones de dólares según informó a la prensa local Quijano, quien entonces dijo que dada la complejidad del mismo “tomará bastante tiempo resolverlo”.

En esa ocasión, Quijano se quejó de que el GUPC buscaba la manera de negociar fuera de contrato reclamos millonarios, y aseveró que la ACP estaba en capacidad de asumir las obras de ampliación en caso de que el consorcio abandonara el proyecto.

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