América Latina

La CIDH condena la ejecución de John Windfield

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el lunes la ejecución de John Winfield, que tuvo lugar la semana pasada en el estado de Misuri, en violación de sus derechos fundamentales, según el organismo.

La CIDH otorgó a Windfild medidas cautelares el pasado 6 de junio y solicitó a Estados Unidos que se abstuviera de ejecutar la pena capital hasta revisar los reclamos realizados por la defensa del reo a la Comisión, quien alegaba la violación de varios derechos enunciados en la Declaración Americana.

“La Comisión Interamericana deplora la falta de cumplimiento de Estados Unidos y del estado de Misuri con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. El hecho de que Estados Unidos no haya preservado la vida del señor Winfield estando pendiente una petición ante la CIDH, contraviene sus obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos”, aseguró la CIDH en un comunicado.

“La Comisión Interamericana ha abordado durante décadas la cuestión de la pena de muerte como un desafío crucial en materia de derechos humanos. A pesar de que la mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos ha abolido la pena capital, una minoría considerable la mantiene”, agrega la nota.

A este respecto, la Comisión destaca que Estados Unidos es actualmente el único país del continente americano en aplicar la pena de muerte.

Asimismo la CIDH recomienda a los países de América que apliquen una moratoria a las ejecuciones como paso hacia la gradual supresión de este tipo de pena.

Los abogados de Windfield también recurrieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que suspendiera la ejecución debido a que se desconocía el único componente de la inyección letal que se le iba a administrar, aunque la máxima corte desestimó la petición.

El pasado abril se desató la polémica tras la muerte lenta que sufrió el reo Clayton Lockett en Oklahoma, cuya ejecución se alargó cuarenta minutos tras la inyección, lo que prolongó el sufrimiento del preso, que acabó muriendo de un ataque cardíaco.

Pero ese escenario cambió en 2011, cuando la empresa estadounidense Hospira, que proporcionaba el pentotal sódico (que entonces era el anestésico utilizado por los 32 estados que aplicaban la pena capital), detuvo la producción.

Poco después la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en su intento por “acabar con la tortura y la pena de muerte” en el mundo, con lo que a las cárceles estadounidenses se les cerró la alternativa europea.

Desde entonces, a medida que se les han ido agotando las existencias de inyecciones letales, los estados han probado nuevas fórmulas, lo que ha generado complicaciones en varias ejecuciones en lo que va de año.

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