América Latina

Argentina juzga a médicos de las cárceles clandestinas por robo de bebés

Los acusados Reynaldo Benito Bignone (izq.), Santiago Omar Riveros (cen.) y la obstetra Luisa Yolanda Arroche (der.atrás), asisten el miércoles al primer juicio contra médicos por su participación en las apropiaciones de niños nacidos en los centros de detención clandestinos.
Los acusados Reynaldo Benito Bignone (izq.), Santiago Omar Riveros (cen.) y la obstetra Luisa Yolanda Arroche (der.atrás), asisten el miércoles al primer juicio contra médicos por su participación en las apropiaciones de niños nacidos en los centros de detención clandestinos. EFE

Argentina dio el miércoles un paso más en la depuración de responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar con el primer juicio que ha sentado en el banquillo a tres médicos por apropiación de bebés nacidos en centros de detención clandestinos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la capital argentina inició el juicio en el que se juzga a los doctores Norberto Bianco, Raúl Martín y Yolanda Arroche, especializada en obstetricia, por su participación en el robo de bebés nacidos en Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, una de las más importantes cárceles clandestinas utilizadas por los militares durante el régimen de facto.

Los tres se sentarán en el banquillo junto al ex comandante Santiago Riveros y el ex dictador Reynaldo Bignone, los represores que tenían a su cargo el área de Campo Mayo y que ya fueron condenados en procesos anteriores por delitos de lesa humanidad.

El proceso pretendía juzgar a la red de médicos que trabajó en Campo de Mayo, pero la mayoría no se someterá a la Justicia, bien porque ya murieron o por motivos de salud.

El tribunal juzgará la responsabilidad de los imputados en nueve casos de apropiación de hijos de jóvenes secuestradas y desaparecidas por la dictadura, de los que cinco ya recuperaron su identidad.

Tormentos a las embarazadas, supresión de identidad, apropiación de menores y privación ilegítima de la libertad son algunos de los delitos que enfrentan los acusados.

Según la acusación, en el hospital militar de Campo de Mayo se habilitaron dos habitaciones “especiales” por las que pasaron al menos 17 secuestradas que dieron a luz en este centro clandestino y a las que les arrebataron sus hijos antes de asesinarlas.

Raúl Martín, jefe del servicio de clínicas del hospital militar de Campo de Mayo, está señalado por la querella como el “retransmisor” de la información sobre las mujeres secuestradas.

Bianco, jefe de traumatología y considerado “personaje clave” en el robo de niños, estuvo prófugo durante más de diez años en Paraguay hasta que fue extraditado y fue condenado por haber sido él mismo un padre apropiador, aunque se benefició de la decisión de un tribunal para no entrar en prisión.

Arroche deberá responder “en calidad de coautora” por la ocultación de un menor de 10 años, supresión de identidad y falsedad ideológica de documento público, acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados, Francisco Madariaga Quintela.

Por ese documento, “el menor falsamente inscripto como Alejandro Ramiro Bayo se crió y vivió en un núcleo familiar ajeno hasta el 18 de febrero de 2010”, cuando un análisis genético le permitió conocer su verdadera identidad y reencontrarse con su padre, que aún vive.

La causa se desprende de la investigación por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores, en la que fueron condenados Bignone y Riveros.

En Campo de Mayo funcionaron cuatro centros de detención durante la dictadura por los que pasaron unos 5,000 detenidos, de los que solo unos 50 sobrevivieron.

Alrededor de 40 testigos declararán en un proceso especialmente relevante para Abuelas de Plaza de Mayo porque “en el banquillo de los acusados estarán no sólo dos altos jefes militares, sino además tres profesionales que pusieron sus conocimientos y sus matrículas al servicio de crímenes gravísimos”, sostuvieron desde la asociación.

Durante el primer juicio por el Plan Sistemático de Apropiación de Menores el fallecido dictador Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de cárcel, considerado como el máximo responsable.

Abuelas de Plaza de Mayo ha restituido ya la identidad a 115 nietos, aunque aún busca a unos 400 hijos de víctimas de la última dictadura argentina (1976-1983).

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