América Latina

EEUU: Ortega y su familia ‘tienen que quitarse del camino’ en Nicaragua

Escoltado por uno de sus guardaespaldas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha), saluda a una multitud de partidarios durante una marcha en Managua el 7 de julio del 2018. Según grupos nicaragüenses de derechos humanos, más de 300 personas han perdido la vida violentamente desde que comenzaron las protestas contra el gobierno hace más de dos meses.
Escoltado por uno de sus guardaespaldas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha), saluda a una multitud de partidarios durante una marcha en Managua el 7 de julio del 2018. Según grupos nicaragüenses de derechos humanos, más de 300 personas han perdido la vida violentamente desde que comenzaron las protestas contra el gobierno hace más de dos meses. AP

El gobierno del presidente Donald Trump pidió un cambio de liderazgo en Nicaragua, acusando al gobierno del presidente Daniel Ortega de socavar las instituciones democráticas, de no cooperar con investigadores internacionales de derechos humanos y de ordenar a las fuerzas de seguridad reprimir violentamente las protestas.

El embajador estadounidense Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, declaró el jueves a una subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara que se ha impedido a los manifestantes recibir tratamiento por sus lesiones y que se informa que los hospitales del gobierno exigen a los familiares firmar certificados que falsifican la causa de muerte como condición para entregarles los cadáveres.

Kozak y otros funcionarios del gobierno expresaron al Congreso que la única forma de abordar la crisis en Nicaragua es con nuevas elecciones que permitan al pueblo escoger nuevos líderes.

“Nadie va a poder reconciliarse con el régimen que está en el poder”, declaró Kozak. “Es muy importante que ellos [el gobierno] se quiten del camino y permitan que el país construya su futuro. El asunto es cómo se logra eso, cómo se aplica suficiente presión sobre la familia para que tome esa decisión y se aparten del camino”.

Más de 250 personas han muerto desde que las protestas pacíficas que comenzaron en abril se han convertido en un levantamiento político. La mayoría de esas muertes han sido a manos de la policía, fuerzas de la Seguridad del Estado y pandillas progubernamentales que atacan a manifestantes pacíficos, agregaron funcionarios.

Aunque algunos han expresado sorpresa ante la violencia en lo que durante un tiempo fue un país estable, el representante Paul Cook, republicano por California y presidente de la subcomisión de las Américas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, dijo que la crisis no ocurrió de un día para otro.

“En mi opinión, es resultado de más de una década de gobierno autoritario de Ortega y el aumento de la animadversión del pueblo nicaragüense, que ha visto a la familia Ortega enriquecerse a costa del país”, dijo Cook, quien pidió que Estados Unidos tome medidas más fuertes.

El gobierno del presidente Donald Trump ya ha sancionado a tres funcionarios nicaragüenses —entre ellos un familiar de Ortega— por supuestos abusos a los derechos humanos, corrupción y ordenar ataques represivos.

Entre esas personas está Francisco López, director de la compañía privada ALBANISA, una empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana PDVSA y su contraparte nicaragüense, y Francisco Díaz, director de la Policía Nacional, quien según críticos orquestó la represión y la muerte violenta de nicaragüenses. La hija de Díaz está casada con un hijo de Ortega.

La representante Ileana Ros-Lehtinen, republicana por Florida, quien ha presentado una resolución que exhorta al gobierno de Trump a imponer más sanciones a Nicaragua, dijo que “esto ya es demasiado”.


“Esto no sucedió de la noche a la mañana, y no es que no supiéramos qué esperar cuando Ortega recuperó el poder en Nicaragua”, dijo Ros-Lehtinen.

El Departamento de Estado también estudia bloquear los viajes de altos funcionarios tras emitir restricciones sobre varios líderes del gobierno el mes pasado.

Barbara Feinstein, subadministradora adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, declaró sobre una reunión con estudiantes universitarios nicaragüenses, que han surgido como la mayor amenaza al gobierno de Ortega.

“Este es su movimiento y les ofreceremos un apoyo adecuado cuando lo soliciten y sea apropiado”, dijo Feinstein.

Un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que el gobierno de Ortega violó derechos humanos mediante el “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas de la Seguridad del Estado. La Comisión recomendó una investigación internacional de la violencia para identificar y pedir cuentas a los responsables.

“Estados Unidos no tiene ninguna ilusión sobre quién es responsable de esta violencia”, dijo Carlos Trujillo, embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). “El mundo está observando y estos ataques y amenazas contra manifestantes pacíficos y la población son inaceptables, tienen que cesar”.

Franco Ordoñez: 202-383-6155, @francoordonez

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