América Latina

El Frente Sandinista de Nicaragua organiza apropiaciones de tierras en medio de la crisis

Invasores ilegales de terrenos en un camino recién abierto en un asentamiento en las afueras de Chinandega, Nicaragua, el 24 de julio del 2018. El asentamiento fue establecido a principios de junio en terrenos agrícolas arrebatados sin compensación, con el apoyo del gobernante Frente Sandinista.
Invasores ilegales de terrenos en un camino recién abierto en un asentamiento en las afueras de Chinandega, Nicaragua, el 24 de julio del 2018. El asentamiento fue establecido a principios de junio en terrenos agrícolas arrebatados sin compensación, con el apoyo del gobernante Frente Sandinista. Cortesía de la familia de César A. Castillo

En repetidas ocasiones en los últimos dos meses, gran cantidad de personas han ocupado de la noche a la mañana terrenos de primera clase, donde numerosas chozas se han levantado a las carreras en algunos casos.

Los propietarios de las tierras dicen que el Frente Sandinista del acosado presidente Daniel Ortega organizó las apropiaciones para premiar a los partidarios de línea dura del partido y para vengarse de la élite empresarial que en su momento apoyó a Ortega pero que ahora se ha sumado en lo fundamental a una corriente civil que pide su renuncia.

Unas 30 apropiaciones se han tragado unos 8,800 acres desde mayo, según un registro que lleva la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua. En algunas de las apropiaciones hombres armados han tomado el control de propiedades, mientras que en otros casos han sido personas que entran a terrenos y levantan chozas.

Para la familia de César A. Castillo Cantón, cuyo abuelo compró la finca La Pañueleta en las afueras de Chinandega en 1904, la invasión comenzó el 1 de junio, cuando cientos de ocupantes ilegales se congregaron junto a uno de los límites de la propiedad antes de ocuparla pocas horas más tarde.

Esos terrenos están llenos, hasta donde alcanza la vista, de chozas hechas de estacas de madera con techo de láminas de plástico, donde ya están viviendo miles de personas. En tierras que antes se usaban para plantar maní, los ocupantes están cavando zanjas para colocar tuberías de agua. Cientos de lotes ya han sido cercanos y la bandera rojinegra sandinista ondea sobre muchas de las rústicas viviendas.

Sp_Nicaragua-landgrab-pix3-072518
Varias chozas levantadas en tierras intervenidas por invasores ilegales en Chinandega, Nicaragua. Las apropiaciones de tierras han proliferado en el país en momentos que se agudiza la crisis del presidente Daniel Ortega. Tim Johnson tjohnson@mcclatchydc.com

“Él [Ortega] no está usando a manera de ejemplo, como para decir ‘Esto te puede suceder a ti o a cualquier otro’ ”, dijo la esposa de Castillo, Claudia María Montealegre.

Al principio la familia llamó a la policía. “Recibimos una llamada para decirnos que habían invadido nuestra tierra”, dijo Castillo. Llegaron entre 30 y 40 agentes y sacaron a los ocupantes ilegales, pero cuando los agentes se fueron, regresaron a la propiedad.

El día siguiente, la policía comenzó a dar excusas a la familia.

“Nos dijeron que el jefe no estaba allí, así que no podían darnos una copia de la denuncia penal”, dijo Castillo.

Los ocupantes ilegales, que controlaron la propiedad en cuestión de días, enviaron un mensaje a los propietarios de que los iban a matar si se acercaban a la finca. En todo el perímetro de la propiedad hay vigilantes de los ocupantes ilegales.

“Si uno pasa despacio, te lanzan piedras”, dijo Montealegre.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua culpa al gobierno de organizar a los ocupantes ilegales de tierras como parte de una campaña para presionar a la comunidad empresarial.

“Es una forma de presionar a los propietarios privados para que no se opongan al gobierno”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo. “Es una presión directa sobre el sector privado”.

Sp_Nicragua Unrest.JPG
Manifestación con banderas nicaragüenses durante la conmemoración del Dia del Estudiante, en que demandaron la salida del presidente Daniel Ortega y la liberación de los prisioneros políticos, en Managua, Nicaragua, el 23 de julio del 2018. Las manifestaciones contra el gobierno comenzaron a mediados de abril en protesta por la decisión del gobierno de reducir las prestaciones del Seguro Social, pero ahora incluyen exigencias de que Ortega salga del poder y se celebren elecciones adelantadas. Arnulfo Franco AP

Durante aproximadamente una década después que Ortega regresó al poder en el 2007, el sector privado ha mantenido un pacto informal con el ex líder guerrillero: los empresarios se mantuvieron en silencio sobre la autocrática concentración de poder de Ortega y el gobernante respondió con reglas que les permitieron prosperar.

Ese pacto se rompió después del 18 de abril, cuando ola de resentimiento público contra Ortega provocó meses de protestas callejeras y una ofensiva aplastante de una fuerza de choque de policías y paramilitares creada para aplastar el levantamiento. Unas 300 personas han muerto y monitores de derechos humanos culpan a las fuerzas del gobierno por la mayoría de las muertes.

Las apropiaciones de tierras son parte de la batalla de Ortega para detener las protestas, dijo Aguerri.

Sp_Nicragua Unrest(2).JPG
Manifestantes piden la renuncia del presidente Daniel Ortega y la liberación de los prisioneros políticos, en Managua, Nicaragua, el 23 de julio del 2018. Alfredo Zúñiga AP

“Lo importante aquí es que te están diciendo: ‘Yo, el gobierno, soy el que puede asegurarte que nada te pase. Si no estás conmigo, esto es lo que te sucederá’ “, dijo Aguerri.

La erosión del imperio de la ley con las apropiaciones de tierras solamente subraya lo que está en juego en la batalla por el futuro de Ortega en Nicaragua.

“La seguridad jurídica de que hemos disfrutado todos estos años se ha perdido por el deseo de mantener el control, el poder a toda costa”, dijo Aguerri.

Estas expropiaciones están llamando la atención de Estados Unidos. Al menos ocho de las 30 apropiaciones registradas hasta el momento afectan a personas con doble ciudadanía de Nicaragua y Estados Unidos, y toda la situación ha hecho recordar hechos de otros tiempos. El Frente Sandinista tomó el poder en 1979 después de derrocar a un dictador apoyado por Estados Unidos y gobernó hasta que perdió las elecciones en 1990. Antes de abandonar el poder, el Frente distribuyó más de 100,000 fincas, casas y otras propiedades a sus líderes y seguidores, algo conocido como La Piñata.

El gobierno nicaragüense demoró más de 25 años en procesar los casos de La Piñata y ofrecer compensación por la última de las expropiaciones, un proceso que Washington declaró crucial para el imperio de la ley y la salud de las relaciones entre Managua y Washington.

El Departamento de Estado dijo que “condena las invasiones cada vez más numerosas de propiedades privadas” que afectan a nicaragüenses y estadounidenses por igual.

“Al proceder contra propietarios que se han pronunciado contra su gobierno, Daniel Ortega parece estar usando estas medidas para intimidar a los que percibe como opositores”, dijo una portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.

En otra finca en las afueras de esta zona agrícola en el noroeste de Nicaragua hubo una invasión de tierras diferente, lo que subraya que algunos están organizados en masa. En otros casos, pequeños grupos armados ocupan una propiedad pero no establecen campamentos en gran escala.

“En la casa de la hacienda hay unas 40 personas ahora mismo”, dijo Martha Navarro Haggard de su plantación de 310 acres de caña de azúcar en San José del Obraje, al noreste de Chinandega.

La apropiación de su finca ocurrió el 22 de junio, dijo ella. Los invasores armados le dijeron al capataz que tenía una hora para sacar unos 20 tractores y máquinas de labranza, o las iban a quemar, dijo la mujer.

Navarro Haggard, de 55 años, afirmó que ella y su esposo también son ciudadanos estadounidenses. Otras personas afectadas en la misma situación son Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, quien también juega un papel destacado en el ahora debilitado diálogo patrocinado por la Iglesia católica para encontrar una forma de salir de la crisis. A Healy le intervinieron en junio la finca Zopilota, en el Departamento de Rivas, en el suroeste del país.

A la madre de Healy, Esperanza Lacayo de Healy, le intervinieron las fincas Santa Lucía y La Chatilla. Ella también es ciudadana estadounidense.

En un momento de inestabilidad para Ortega, la apropiación y distribución de tierras es una manera de presionar a un sector que en otros tiempos lo apoyó, dijo Vilma Núñez de Escorcia, fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

“Están usando [las apropiaciones] como botín de guerra. Es una venganza contra los dueños de tierras que antes lo apoyaban”, dijo Núñez. “Ortega piensa que lo han traicionado”.

Núñez de Escorcia está convencida de que las autoridades centrales han organizado a los invasores ilegales de tierras.

“Los llevan y la policía los apoya para que entren [a las propiedades]. … Les dan cuatro postes de madera y plásticos negros”, dijo ella.

Las apropiaciones ocurren cada varios días. El 17 y 18 de julio hubo varias, y nuevamente el martes, cuando los invasores tomaron un rancho ganadero de 1,500 acres en Villa del Carmen, al suroeste de Managua, dijo Julio Munguía, gerente técnico de la Unión de Productores Agropecuarios.

Castillo, dueño de la granja de maní, hizo un cálculo de los invasores que ahora ocupan su propiedad. Dijo que los organizadores trazaron y cercaron parcelas de aproximadamente 30 por 60 pies. Dado el tamaño de la finca, “pudiera haber 5,500 parcelas. … En unos años pudiera haber 30,000 personas viviendo allí”.

Castillo y su esposa dijeron que no hay mucho que puedan hacer.

“Gritar”, dijo Montealegre.

“No hay nada más que hacer”, afirmó Castillo.

Tim Johnson, 202 288-9536, @timjohnson4
  Comentarios