América Latina

“Era un muchacho bueno y me lo mataron”: madre de nicaragüense asesinado en protestas busca justicia en EEUU

Un manifestante protesta en las calles de Managua el 28 de julio del 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Un manifestante protesta en las calles de Managua el 28 de julio del 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. AP

Para esta madre nicaragüense que perdió a su hijo en las protestas estudiantiles de abril en el país centroamericano, el reto será convencer a las autoridades migratorias de Estados Unidos que su vida y libertad dependen de que le otorguen el asilo.

Este martes tuvo su primer intento infructuoso de cruzar la frontera. Mientras que estaba en el lado mexicano, no logró contactar a un oficial de inmigración de los EE. UU. “Nos tuvieron esperando en el puente por más de una hora y media, pero el oficial de inmigración nunca llegó”, dijo Corrales.

Según datos públicos del Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, durante el primer año de la presidencia de Donald Trump la tasa de aceptación de solicitudes de asilo fue del 34 por ciento, siete por ciento menos que en el 2016 y 11 por ciento menos que en el 2015. En los primeros dos cuartos de este año la tasa de aceptación ha sido del 28 por ciento, aunque este número probablemente cambiará cuando se tengan los datos de todo el año.

Ira J. Kurzban, abogado de Miami experto en naturalización e inmigración dijo que las solicitudes de asilo se han vuelto más difíciles de llevar a cabo bajo la administración de Trump “En la frontera, Trump ha sido muy claro en que van a intentar regresar a la gente que pida asilo si pueden”, dijo.

Corrales tiene demasiado miedo como para regresar a Nicaragua. “Lo que más quisiera es regresarme a mi casa, pero no puedo”, dijo.

Para Corrales conseguir asilo en Estados Unidos es la única forma en la que podrá seguir denunciando a los asesinos de su hijo, Orlando Francisco Pérez Corrales, pues el riesgo de seguir haciéndolo en Nicaragua puede costarle la cárcel o incluso la vida.

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Socorro Corrales, madre de activista nicaragüense asesinado en las protestas contra Daniel Ortega, en una habitación en Honduras, lugar donde se refugiaba temporalmente. Corrales está ahora en la frontera de EEUU y México. Cortesía de la familia Corrales.

En los cuatro meses de protestas, más de 2,000 personas han sido arrestadas, según reportes de medios de prensa. Alrededor de 400 personas se encuentran detenidas actualmente, muchos se consideran presos políticos. Por otro lado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya son 322 los muertos en las protestas.

“La intención es sembrar el miedo, sembrar terror para aplacar las protestas. Si tú sobreviviste a las trincheras hoy te imputan delitos, delitos que no tienen base probatoria, precisamente para mandar un mensaje a la población”, dijo Roger Santiago Alvarado, un abogado nicaragüense que lleva los casos de tres personas acusadas de terrorismo en su país bajo un nuevo esquema legal que según los críticos permite acusar a cualquiera que proteste contra el gobierno.

Sus últimas palabras

Orlando fue una de las primeras víctimas de la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega. A él lo asesinaron el 20 de abril frente a la alcaldía de Estelí. Murió de un balazo en el pecho y otro en la garganta. Según los testigos, los disparos provenían de la alcaldía de Estelí.

Horas antes de morir, lo último que Orlando le dijo a su madre era que iba a llevar agua a sus compañeros que estaban protestando y que no tardaba en volver. La siguiente noticia que Corrales tuvo de su hijo era que su cadáver iba camino a la morgue.

“Era un muchacho bueno, no le hacía daño a nadie y me lo mataron”, dijo llorando al teléfono Corrales. Orlando de 24 años era estudiante de Ingeniería en energías renovables, miembro de la Pastoral Juvenil de la diócesis de Estelí e hijo de un ex militar sandinista.

La madrugada del 21 de abril, Corrales acudió a los juzgados para levantar la denuncia y solicitar que se hicieran las investigaciones correspondientes. Hasta entonces ella siempre había sido orteguista, pero la muerte de Orlando lo cambió todo.

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Orlando Pérez Corrales, estudiante nicaragüense de ingeniera asesinado en las protestas de abril. Cortesía de la familia Pérez Corrales.

“Nuestra vida no volvió a ser igual”

Cuando empezó a pedir justicia y a participar en las marchas, comenzaron la persecución y las amenazas. “Nuestra vida no volvió a ser igual”, dijo.

“Empezó el asedio a nuestra casa, la tenían sitiada y personas armadas se paseaban por afuera cada vez que estaba la puerta abierta. Mi yerno fue amenazado de muerte porque decían que él movía a los tranquistas de Estelí. A mi hija, la policía iba hasta su trabajo y siempre llegaba a la casa gente extraña a buscarla”, dijo Corrales.

Fue en este contexto que decidió huir hacia Honduras. El mismo día que se enteró de que las autoridades de Estelí la iban a apresar, el 12 de julio, cogió sus maletas y junto con su hija Aracely Pérez Corrales, su yerno, Norman Pável Rodríguez y la hija de ambos, una niña de siete años, salió de Nicaragua.

Unos días antes de irse, ella y sus tres acompañantes habían pagado $840 para obtener cita en la embajada de Estados Unidos en Honduras.

“El primero de agosto, que asistimos a la embajada, ni nos dejaron hablar”, dijo Corrales.

Su propósito era conseguir una visa de turista para viajar a Estados Unidos y así poder denunciar a los asesinos de su hijo, en un ambiente libre y seguro. Sin embargo, la funcionaria consular que la atendió no quiso leer las cartas que en su favor habían escrito organizaciones de derechos humanos de Nicaragua y Estados Unidos, ni revisar los documentos que llevaba sobre el caso de Orlando.

“Le dije todo, le enseñé las cartas, le rogué de corazón que nos ayudara, le imploré que yo no quería que me apresaran porque asesinaron a mi hijo. Aun así, la respuesta de la oficial fue que si ella nos daba la visa perdía su trabajo”, dijo Corrales.

Una vocera del Departamento de Estado en respuesta a una solicitud de comentario por parte de el Nuevo Herald dijo, “no podemos hablar sobre negaciones de visa en ningún caso”.

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Orlando Pérez Corrales, que murió asesinado en las recientes protestas en Nicaragua, junto a su hermana Aracely Pérez Corrales. Cortesía de la familia Corrales.

En busca de justicia

Durante el gobierno de Obama era posible solicitar asilo en las embajadas en Honduras, El Salvador y Guatemala, pero Trump terminó con esa política, explicó Ira J. Kurzban. Sin esta posibilidad, la única forma de solicitar asilo es en un “puerto de entrada” de Estados Unidos, tal como un aeropuerto o un paso fronterizo.

Corrales quiere exponer a los culpables del asesinato de su hijo a nivel internacional y desea construir un caso contra el Estado nicaragüense, al mando de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en la CIDH. “Yo sé que la única forma en que podré hacerlo es llegar a Estados Unidos”, dijo.

En Miami, la presidente de la Fundación Dina Carrión –una organización sin fines de lucro fundada por una familia nicaragüense para ayudar a niños huérfanos por feminicidio– ha estado en contacto con Corrales. Aida Carrión tiene un caso en la CIDH contra el Estado de Nicaragua por negarle el acceso a la justicia en el caso del asesinato de su hermana, Dina Carrión, en el 2010.

“Me siento identificada con ella porque ella perdió a un hijo de manera violenta, así como nosotros perdimos a mi hermana de manera violenta”, dijo Carrión. “Tenemos un sentimiento en común, la frustración por la impunidad que impera en el Estado de Nicaragua”, añadió.

Después de 40 días de viaje y muchas vicisitudes para cruzar Honduras, Guatemala y México, Corrales y sus tres acompañantes por fin están en la frontera con Estados Unidos. Para llegar hasta aquí y pagar los abogados que los están asesorando vendieron todas sus pertenencias.

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Sepulcro de Orlando Pérez Corrales, estudiante nicaragüense de ingeniería asesinado en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Cortesía de la familia Pérez Corrales.

Para conseguir el asilo en los Estados Unidos, Corrales deberá pasar por una entrevista con autoridades inmigratorias que establezca un miedo creíble o razonable de persecusión en Nicaragua. Pero, como demostró su experiencia este martes, primero deberá llegar hasta un oficial de inmigración.

La Fundación Dina Carrión y Unidos por Nicaragua, una organización humanitaria con base en el sur de la Florida han buscado asistencia legal para Corrales, pero difícilmente podrán sufragar el costo de los abogados.

“Este gran país le está negando y le está cerrando las puertas a muchos nicaragüenses, incluso cuando tienen una visa”, dijo Yenifer Lazo, portavoz de Unidos por Nicaragua.

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