América Latina

La situación de los presos políticos, la manzana de la discordia en Nicaragua

Protestas en Nicaragua en la víspera de la huelga nacional

Miles de personas tomaron las calles en protesta en la capital Managua y en otras partes de Nicaragua el 12 de julio, y pidieron la renuncia del presidente Daniel Ortega.
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Miles de personas tomaron las calles en protesta en la capital Managua y en otras partes de Nicaragua el 12 de julio, y pidieron la renuncia del presidente Daniel Ortega.

La situación de los manifestantes antigubernamentales que se encuentran en prisión mantiene estancada las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y una alianza opositora en busca de una salida pacífica a la crisis sociopolítica que estalló hace casi un año en Nicaragua.

Por un lado, el gobierno propone revisar cada uno de los expedientes “de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril del 2018 en contra del Estado de Nicaragua”, con el fin de que ningún caso quede en la impunidad.

Mientras, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condiciona su retorno a la mesa de negociación, entre otros reclamos, hasta que el presidente Ortega libere a los detenidos por manifestarse contra su gobierno.

Por tercer día consecutivo, la delegación negociadora de la Alianza Cívica no acudió a la cita porque espera que el gobierno brinde “muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz”.

Entre las muestras que demanda esa Alianza están la libertad de los opositores, el cese de la represión y “secuestros”, y el cese del hostigamiento a los familiares de los encarcelados.

La delegación gubernamental, presidida por el canciller Denis Moncada, por su lado, expresó su “compromiso inalterable de conversar ampliamente sobre todos estos puntos, para alcanzar los mejores acuerdos”.

“Esperamos que la delegación contraparte retome su lugar en la mesa de conversaciones, en correspondencia con el derecho de todas las familias nicaragüenses a la convivencia armoniosa, al trabajo y la paz”, abogó el Ejecutivo en un comunicado.

El gobierno sigue sin referirse directamente a la demanda de la oposición sobre la liberación de más de 700 “presos políticos” para reanudar las negociaciones, sino que sugiere discutir el tema en la mesa.

Para el analista político Melvin Sotelo, en este contexto lo que cabe es que la “élite económica” nicaragüense cierre filas “respaldando las demandas de la población”, representada en la Alianza Cívica.

“La élite económica está llamada a pedir a Ortega con determinación y en consonancia con la declaración de la Alianza Cívica del 8 de marzo, en la que plantea el cumplimiento de estas precondiciones como requisito para (retomar) el diálogo”, indicó Sotelo.

“De lo contrario, cualquier negociación que desconozca estas premisas, carecerá de legitimidad y tendremos un nuevo baño de sangre y ciclos interminables de violencia”, advirtió.

Por tanto, para el analista, el gran capital nicaragüense, que no se ha pronunciado sobre el impasse en las negociaciones, “tiene la oportunidad de empujar la balanza hacia el lado correcto de la historia”.

Durante la jornada, un grupo de universitarios exigieron la libertad de los “presos políticos”.

“¡Libertad para las presas y presos políticos!”, “¡Que se rinda tu madre!”, “¡Que vivan los estudiantes!” o “¡Justicia!”, fueron algunas de las consignas que gritaron decenas de estudiantes en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua.

En tanto, un grupo de ocho mujeres arrestadas por protestar contra Ortega suspendieron una huelga de hambre que sostenían desde el 27 de febrero pasado en prisión, informaron sus familiares.

Las mujeres iniciaron la huelga de hambre el mismo día que comenzaron las negociaciones, debido a que se sentían como “simples piezas en el tablero donde juegan los que tienen control político y económico”.

Por otro lado, el veterano maratonista Alex Vanegas -conocido por correr con una camisa de color azul y blanco, los colores de la bandera nicaragüense, con las frases “Maratón por la justicia” y “Corro para correr a Ortega”, impresas en el pecho y la espalda-, se exilió en Costa Rica ante el constante acoso de la Policía de Nicaragua.

El maratonista, de 62 años, fue una de las 100 personas que guardaban prisión tras participar en protestas contra Ortega y fueron enviadas a sus casas el 27 de febrero pasado, bajo régimen de libertad condicional, en el marco de las negociaciones.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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