América Latina

Human Rights Watch envía carta a la OEA sobre situación en Nicaragua

Policía patrulla afuera de la universidad UCA en Managua, Nicaragua, el 18 de junio del 2019.
Policía patrulla afuera de la universidad UCA en Managua, Nicaragua, el 18 de junio del 2019. AP

La organización Human Rights Watch (HRW) envió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encuentra en su 49 Asamblea General en Medellín, Colombia, comunicando las conclusiones de su informe sobre la represión en Nicaragua y haciendo un llamado a adoptar una resolución que ponga fin a estos abusos.

La carta dirigida al Canciller Carlos Holmes Trujillo, de Colombia, señala la brutal represión por parte de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno de Daniel Ortega que dejó a más de 300 muertos y más de 2,000 heridos durante las protestas del 2018.

También detalla las violaciones de derechos humanos que los manifestantes nicaragüenses sufrieron al ser detenidos. Cientos de ellos fueron víctimas de torturas, ”incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, remoción de uñas, asfixia y violación sexual”. También les fue negada atención médica. Las detenciones “estuvieron plagadas de graves violaciones a las garantías de debido proceso y a otros derechos fundamentales”, según el informe de junio de 2019 desarrollado por HRW.

El gobierno nicaragüense también ha arremetido contra la prensa, censurando a quienes intentaban reportar sobre los atropellos, allanando oficinas de distintos medios, denunciando a periodistas y expulsando a monitores internacionales de derechos humanos.

Dada esta crisis de derechos humanos, la OEA ha celebrado seis reuniones y elaborado 21 comunicados de prensa y cuatro informes sobre Nicaragua. El 21 de mayo de este año se adoptó una resolución sobre Nicaragua por el Consejo Permanente de la OEA en donde se invocó los artículos 18 a 20 de la Carta Democrática Interamericana, que permite a los estados miembros de la OEA realizar gestiones diplomáticas cuando hayan circunstancias que puedan afectar el orden democrático en un estado miembro.

Además se le pugnó al gobierno de Nicaragua “la liberación incondicional, antes del 18 de junio, de todas las personas detenidas acusadas de haber cometido delitos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno”.

Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega no ha adoptado estas medidas, según las investigaciones de HRW, ya que existen manifestantes que permanecen bajo arresto domiciliario u otras medidas cautelares. Igualmente, ningún policía está siendo investigado e, incluso, agentes implicados en estas violaciones han sido ascendidos por el presidente, según los informes.

Es por esta razón que José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW y quién firma la carta, destacó la importancia de la presión internacional para solucionar la crisis que enfrenta el país.

“Es hora de intensificar la presión internacional a través de medidas adicionales que incluyen sanciones individuales contra funcionarios nicaragüenses, la suspensión total de la asistencia financiera y todo tipo de apoyo a la Policía Nacional de Nicaragua, y esfuerzos para que las víctimas obtengan justicia en el exterior”, escribió Vivanco.

Para ello, en la carta se listaron una serie de recomendaciones, incluyendo imponer sanciones contra altos funcionarios gubernamentales, como el presidente Ortega; el general Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); el general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); el general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional; el general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y la general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional.

Además, recomendaron la suspensión de la cooperación con las fuerzas de seguridad nicaragüenses mediante fondos y armas, así como la creación de una unidad especial que supervise la investigación de los delitos y la aplicación del principio de jurisdicción universal respecto a funcionarios responsables de torturas.

“Estos pasos son necesarios para terminar con las gravísimas violaciones de derechos fundamentales, permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, poner fin a la censura y restablecer la independencia judicial en Nicaragua”, destacó Vivanco.

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