América Latina

Latinoamérica abrumada por los problemas en medio de protestas, levantamientos y la distracción de Washington

Levantamientos violentos, golpes parlamentarios, presidentes vinculados con el narcotráfico, asesinatos políticos, un resurgimiento de la izquierda.

En momentos que Washington se enfoca en un posible juicio político al presidente Donald Trump, la situación en Siria y las elecciones de 2020, Latinoamérica y el Caribe, una vez más, parecen caerse a pedazos.

Desde Perú hasta Ecuador, y desde Haití hasta Honduras, hay señales de problemas que, o bien han sido ignorados o se han perdido en medio del singular enfoque de Washington en Venezuela y Cuba. Impulsado por la desaceleración económica, las protestas, la furia ante la corrupción y una influencia estadounidense venida a menos, no pasa una semana sin que surja un nuevo incendio político en la región.

“Obviamente, las políticas nacionales siempre quedan definidas por las realidades nacionales, pero ciertamente los índices de crecimiento realmente mediocres en toda la región son un factor importante”, dijo Cynthia Arnson, directora del Programa sobre América Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars. “Simplemente hay menos [económicamente, particularmente en comparación la década del auge de los años 2000. El estancamiento económico es un trasfondo importante para entender lo que sucede en la región”.

En julio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su proyección de crecimiento económico para América Latina de 1.4% a solamente 0.6%, citando políticas nacionales de los diferentes países y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Familias que en tiempos recientes habían subido a la clase media en América Latina se ven nuevamente regresando a la pobreza.

Eso ayuda a explicar, en parte, la furiosa reacción en Ecuador cuando el presidente Lenín Moreno trató anteriormente este mes de eliminar un subsidio de larga data al combustible como parte de un acuerdo para un préstamo de $4,200 millones del FMI.

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Miembros de la guardia presidencial realizan labores de seguridad en las calles mientras esperan el paso del presidente con destino al palacio presidencial en Puerto Príncipe, Haití, en una imagen del 15 de octubre de 2019. Rebecca Blackwell AP

Para cuando se vio obligado a echarse atrás el fin de semana pasado, los enfrentamientos habían dejado al menos siete muertos y 1,507 heridos, entre ellos 435 policías. Cuando grupos de derechos humanos acusaron al gobierno de uso excesivo de la fuerza, la administración dijo que se usaron protestas legítimas como escudo para una intentona golpista respaldada por el gobernante venezolano Nicolás Maduro y el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, aunque nunca ofreció pruebas convincentes de ello.

“Hubo una protesta que se combinó con un intento de desestabilizar el gobierno y atacar la democracia”, dijo la ministra del Interior, María Paula Romo, la semana pasada. “Una noche vimos 600 personas en una maniobra de tipo militar y varias capitales estatales fueron atacadas en la sierra y la Amazonia”.

Aunque Moreno parece haber sobrevivido el levantamiento, su futuro está en duda.

La eliminación de los subsidios hubiera ahorrado al gobierno unos $1,300 millones al año, y ahora necesitará encontrar otras formas de reducir el gasto. Aunque Moreno ha pedido a los grupos indígenas que lideraron las protestas que ayuden a encontrar alternativas, no está nada claro si se puede llegar a un acuerdo. Y las manifestaciones revelaron la debilidad y falta de popularidad de Moreno, que en cierto momento lo obligaron a mudar la sede del gobierno de Quito a un lugar a 150 millas de la capital.

“¿Son las protestas contra la reducción del subsidio al combustible solamente la punta de iceberg?”, preguntó Arnson, quien se cuestiona si Moreno podrá sobrevivir la situación. “¿Fue esta la chispa que encendió el fuego de una reserva mucho mayor de quejas?”

¿Golpe en Perú?

Si la economía es el factor que impulsa los problemas en Ecuador, eso no explica lo que sucedió en el vecino Perú.

El 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra echó mano a una cláusula constitucional para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas.

Aunque la oposición lo acusó de comportarse como un dictador, su índice de aprobación se disparó a 80%, en momentos que los peruanos se han hartado de un Congreso que consideran corrupto y obstruccionista.

La dramática decisión pareció ilustrar uno de los puntos principales de un estudio dado a conocer esta semana por la Universidad Vanderbilt. El Latin American Public Opinion Project, una encuesta en 20 países en todas las Américas y el Caribe, concluyó que el apoyo a la democracia está bajando. Más de 39% de los encuestados dijo que estaba insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en sus países, el menor nivel desde que el proyecto comenzó a recopilar información en 2014.

Además, casi una cuarta parte expresó apoyo a “golpes ejecutivos” si eso da a los líderes el poder de solucionar asuntos como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la corrupción y la delincuencia.

“Perú y Ecuador son estudios en contraste muy interesante”, dijo Elizabeth Zechmeister, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Vanderbilt y directora de la encuesta, conocida como LAPOP.

En Perú, la corrupción y la delincuencia son temas dominantes “e irritantes cada vez más importantes en la vida diaria de los peruanos”, dijo. “Al mismo tiempo, la clase dirigente es considerada corrupta e indiferente”.

Cuando Vizcarra disolvió el Congreso, el país no lo condenó como a un tirano, sino que en general le agradeció.

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Manifestantes participan en una marcha contra la corrupción en Lima, Perú, en 2018. Teo Bizca Getty Images

La frustración cada vez mayor ante la delincuencia y la corrupción se une a otro fenómeno: la gente está dispuesta a salir a la calle para forzar cambios, dijo Jason Marczak, director del Consejo del Atlántico del Centro Adrienne Arsht sobre América Latina.

Este es el caso, o ha sido en meses recientes, en Ecuador, Venezuela, Guatemala, Puerto Rico y Haití.

“He visto un denominador común de desencanto popular con el statu quo y la gente se siente empoderada a hacer algo al respecto”, dijo Marczak.

Haití, en particular, está sumido en una ola de manifestaciones violentas desde hace más de un año, pero el brote más reciente comenzó el mes pasado en medio de la escasez de alimentos y combustible, así como intentos del Senado de confirmar al presidente Jovenel Moïse a un cuarto gobierno.

Los manifestantes han incendiado negocios y estaciones de policía, y colocado barricadas callejeras en toda esta nación de 11 millones de habitantes, a la vez que exigían la renuncia de Moïse. Empresario sin experiencia político que asumió el poder hace 32 meses, Moïse está acusado de corrupción y mala administración de la ya frágil economía del país.

La inflación está en 22.6%, los precios se han disparado y la moneda nacional, el gourde, está perdiendo valor aceleradamente contra el dólar.

“En el país no hay dinero. Encontrar combustible es un problema. La economía se cae a pedazos. Si no fuera por las remesas, Haití sería un país completamente quebrado”, dijo Robert Fatton, nacido en Haití y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Virginia.

El centro de los problemas políticos de Moïse está en Venezuela, y alegaciones de que gobiernos haitianos anteriores se apropiaron indebidamente de miles de millones de dólares en asistencia de Caracas como parte del programa PetroCaribe, que tenía por fin mejorar la vida de los pobres en Centroamérica y el Caribe.

Moïse mismo está acusado de ser parte de lo que auditores del gobierno haitiano han calificado de una malversación generalizada para estafar a los pobres cuando compañías que él controlaba o con las que tenía relaciones recibieron millones de dólares en contratos, antes de ser presidente, por obras que nunca se realizaron.

Moïse ha negado las alegaciones, pero los manifestantes siguen tomando las calles para exigir su renuncia y criticar la corrupción. El jueves, manifestantes en una localidad al sur de la capital incendiaron varios edificios del gobierno y una estación radial, Radio Excellence FM, propiedad de un legislador progubernamental. Al menos una persona perdió la vida de un balazo en la cabeza. La agitación ha dejado al menos 30 muertos, ha informado la ONU.

“La corrupción en Haití es un problema endémico desde hace mucho tiempo, igual que en Honduras y muchos otros países”, dijo Marczak. “Pero creo que el pueblo haitiano se da cuenta cada vez más que puede tener una voz, que está empoderado para tomar la situación en sus manos y oponerse a lo que ven como una falta de respuesta del gobierno y el desvío de recursos”.

Pero para los haitianos que esperan que Estados Unidos intervenga y deponga a Moïse, como hicieron administraciones estadounidenses anteriores con presidentes en Haití, como en 1986 y 2004, pudieran tener que esperar mucho tiempo. Al votar con el gobierno de Trump anteriormente este año contra Maduro y Venezuela, Moïse se congració con algunos en Washington.

“La administración de Trump ha determinado que tiene tres intereses principales en relación con Haití: asegurar su voto en la OEA contra Maduro, evitar que Haití reconozca a China y evitar una crisis de migración masiva”, dijo Daniel Erikson, ex alto asesor para las Américas en el Departamento de Estado, quien ahora es director gerente de Blue Star Strategies.

“Mientras el presidente Moïse siga cumpliendo esos criterios, Estados Unidos no se va a involucrar en disputas sobre democracia y corrupción que en este momento abruman a Haití”, dijo.

Lo mismo ocurre en Honduras. El mes pasado, el gobierno de Trump y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández firmaron un acuerdo de migración que obliga a la empobrecida nación centroamericana a a albergar a solicitantes de asilo que Estados Unidos rechaza en su frontera sur.

Eso, a pesar de que, o quizás debido a que, Hernández es acusado por su propio hermano en un tribunal federal de Estados Unidos de recibir al menos $1 millón del capo mexicano de las drogas Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Menos influencia

La naturaleza transaccional de la política exterior de Estados Unidos sobre América Latina parece estar pesando mucho. Durante casi un decenio, la encuesta LAPOP de la Universidad Vanderbilt ha medido la confianza de la región en China y Estados Unidos. En 2012, 14 de las 20 naciones encuestadas indicaron que confiaban más en Estados Unidos que en China.

Aunque la confianza en los dos países declina, la encuesta de este año concluyó que solamente Panamá, Nicaragua y Colombia todavía confiaban más en Estados Unidos que en China.

Las políticas draconianas de inmigración de Washington y su retirada de acuerdos multilaterales como el acuerdo de París sobre el clima, la Alianza Transpacífica y la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte parecen haber agriado a la región.

“La administración de Trump le ha estado dando la espalda al multilateralismo y la cooperación internacional, que siempre ha sido la preferencia de América Latina, lo contrario al unilateralismo estadounidense”, dijo Arnson, del Wilson Center. “El gobierno de Estados Unidos solo puede culparse a sí mismo por todo esto”.

Aunque no puede culparse a la menor influencia de Estados Unidos en la región por los problemas de América Latina, quizás es un factor.

Analistas dijeron que el enfoque obsesivo de Washington en sacar a Maduro del poder ha reducido su capacidad para enfrentar efectivamente otros asuntos, como la ofensiva contra la oposición en Nicaragua, acuerdos comerciales potenciales con países como Brasil, y el aumento de la violencia política en Colombia.

Uno de los indicadores más claros asomó hace unos meses, cuando el Departamento de Estado suspendió la asistencia a Honduras, El Salvador y Guatemala para enviarla a Venezuela. El miércoles de esta semana, el gobierno anunció que reanudaba cierto nivel de asistencia específica a países centroamericanos, pero Washington dejó sus prioridades en claro.

En momentos que Trump y el Departamento de Estado siguen luchando por su supervivencia política en medio del escándalo de Ucrania y los problemas en Siria, es probable que a América Latina, con algunas excepciones, la sigan pasando por alto, dijeron analistas.

“Ha habido un cambio en el apoyo internacional y de Estados Unidos a la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en la región, con la excepción de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, dijo Arnson. “Son tiempos problemáticos”.

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