América Latina

Ordenan a ex militares de Bolivia pagar una indemnización por una matanza en el 2003

Soldados bolivianos custodian una planta de gas en El Alto, Bolivia, en el 2006.
Soldados bolivianos custodian una planta de gas en El Alto, Bolivia, en el 2006. AP

La justicia boliviana ordenó a cinco ex jefes militares indemnizar con 1.1 millones de bolivianos ($158,000) a unas 30 víctimas o familiares por una matanza en el 2003 que desembocó en la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su posterior huida a EEUU, informó este sábado un juez.

El juez de la ciudad de Sucre (sureste), Eduardo Gonzales, declaró probada la demanda planteada por 74 heridos y familiares de cinco fallecidos, quienes se distribuirán en diferentes cantidades un total de 1.1 millones de bolivianos.

La violenta represión militar se produjo en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde los habitantes rechazaron un intento de ese gobierno de exportar gas natural a Estados Unidos, usando puertos de Chile, país al que se le reclama una salida al mar.

“Se han dado montos individuales, la calificación se ha hecho de manera individual de acuerdo a los tiempos de permanencia en el hospital, los días de impedimento, el número de dependientes, los salarios que han acreditado y el trabajo que tenían”, explicó a la radio privada Erbol el juez Gonzales, sobe la valoración de los daños.

Los cinco sentenciados son Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz, Luis Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza, quienes eran miembros del alto mando militar en el 2003, cuando se produjo la matanza que dejó más de 60 muertos y 500 heridos.

El fallo también incluye a un exministro, aunque no se precisó cuál fue su responsabilidad directa.

Es la primera vez que la justicia boliviana establece un fallo por resarcimiento económico contra los ex militares, quienes en el 2011 fueron condenados a 10 y 15 años de prisión bajo cargos de violación de derechos humanos. El reclamo de indemnizaciones fue objeto de otro proceso.

El ex general Veliz, uno de los acusados, rechazó el fallo, pues arguyó que la responsabilidad debió recaer sobre los gobernantes civiles y agregó que no cuenta con recursos económicos para el pago, por lo que apelará a una instancia legal superior.

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