América Latina

Amnistía Internacional pide investigar al ejército mexicano

Parte de los 16 presuntos secuestradores que mantenían cautivas a 23 personas en cuevas del estado mexicano de Guerrero.
Parte de los 16 presuntos secuestradores que mantenían cautivas a 23 personas en cuevas del estado mexicano de Guerrero. EFE

Amnistía Internacional pidió el jueves que las autoridades investiguen el papel del ejército y las autoridades en la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México.

“Está claro que hay un nivel de protección y enmascaramiento de delitos cometidos por el ejército en el marco de una política de militarización del país”, dijo Erika Guevara-Rosas, Directora de las Américas Amnistía Internacional, quien critió duramente la investigación que las autoridades hacen en el caso de los estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa en Guerrero.

“Pedimos una línea de investigación seria, ya que hay alegaciones y testimonios de que el ejército ingresó en una clínica para sacar estudiantes que buscaban refugio y asistencia”, agregó.

Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, desmanteló el jueves uno de los pilares de la estrategia instrumentada hace un año para restaurar la legalidad en Michoacán, tras un rebrote de la tensión meses antes de unos comicios clave en el país.

En un acto público convocado para evaluar la estrategia federal para este estado del suroeste de México, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio, anunció la decisión de Peña Nieto de poner fin a la labor de Alfredo Castillo como comisionado federal para Michoacán.

El ministro aludió a las recientes críticas lanzadas para “politizar” la permanencia de Castillo y “opacar sus resultados” de cara a los comicios del 7 de junio, cuando los michoacanos elegirán gobernador y renovarán el Congreso estatal y los gobiernos de los 113 municipios del estado.

A nivel nacional, los mexicanos elegirán en esa fecha a los 500 nuevos miembros de la Cámara de Diputados, los Gobiernos de nueve estados y 1,532 funcionarios locales, con lo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto se juega su posición como primera fuerza política.

Desde el Palacio de Gobierno en Morelia, la capital estatal, Osorio elogió la labor de Castillo, hombre de confianza de Peña Nieto desde hace años, de quien dijo que se integrará “a nuevas responsabilidades en el Gobierno de la República”.

Además, a partir de hoy el Gobierno ha nombrado un mando especial de seguridad para Michoacán, que recaerá en el general Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la XXI Zona Militar con sede en Morelia desde la semana pasada.

Castillo fue nombrado por Peña Nieto titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán como parte de la estrategia anunciada el 13 de enero del 2014.

Ese día Osorio anunció que el Gobierno federal se haría cargo de la seguridad en áreas que habían sido escenario de choques armados entre miembros del crimen organizado y grupos civiles de autodefensa.

Los grupos de autodefensa de Michoacán surgieron en febrero del 2013 para hacer frente al cártel Caballeros Templarios, dedicado a la producción y tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y otros delitos.

En febrero del 2014, Nazario Moreno González, alias “el Chayo”, máximo líder de los templarios, falleció en un enfrentamiento con fuerzas federales y, en marzo, le tocó el turno a Enrique Plancarte Solís, “el Kike”, segundo al mando de la banda.

Fuerzas federales detuvieron, además, a Dionisio Loya Plancarte, alias “el Tío”, número tres en la línea de mando y tío de Plancarte Solís.

El Gobierno identificó a Servando Gómez, alias “la Tuta”, como sucesor de Moreno al frente de la banda, y ofrece una recompensa de 30 millones de pesos (poco más de dos millones de dólares) por informes que conduzcan a su captura.

El 10 de mayo del 2014, Castillo anunció la legalización de los grupos de autodefensa a través de su incorporación a la Fuerza Rural, corporación policial creada con ese propósito.

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