Colombia

Las FARC pasan a la vida política sin enfrentar a la justicia

Los comandantes de las FARC Iván Márquez (izq) y Jesús Santrich, durante una conferencia de prensa en La Habana en abril del 2014.
Los comandantes de las FARC Iván Márquez (izq) y Jesús Santrich, durante una conferencia de prensa en La Habana en abril del 2014. AFP/Getty Images

El ambiente político en Colombia no ha parado de calentarse en los últimos meses por cuenta de la implementación de los acuerdos de paz a los que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llegó con las FARC en La Habana.

Acusaciones van y vienen todos los días con relación a la que hasta hace poco fue la guerrilla más antigua de América Latina y que desde hace dos semanas se convirtió oficialmente en partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Para muchos, la organización comenzó con el pie izquierdo al mantener las siglas de FARC, que durante más de medio siglo los identificó como guerrilla, pero que ahora significan Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Iván Márquez, jefe de las FARC, explicó durante una rueda de prensa que la idea es no “romper los vínculos” de su pasado y que no cambiaron las siglas porque “continuarán con el conflicto pero desde la vía de la política legal”.

“Asesinos”, “secuestradores” y “terroristas”, son solo algunos de los comentarios que se lanzan a diario en las redes sociales contra los ex guerrilleros, en una clara muestra de que un gran sector de los colombianos no perdonan sus crímenes y aún no están preparados para tratarlos como líderes políticos.

Las encuestas también los castigan. Un sondeo de septiembre pasado de la firma Invamer reveló que el 85.1 por ciento tiene una imagen negativa de las FARC y el 75.4 por ciento no cree que cumplan con lo pactado con el gobierno.

Así mismo, el 88.6 por ciento aseguró que no votaría por el candidato presidencial de las FARC y el 65.2 por ciento consideró que la implementación de los acuerdos va por mal camino.

El ambiente se agitó aún más en las últimas semanas luego de la polémica aparición del ex jefe guerrillero ‘Jesús Santrich’ en un debate político en el Congreso. Su presencia e intervención en la Comisión Primera de la Cámara generó tal indignación entre la bancada del Centro Democrático, el partido del ex presidente Álvaro Uribe, que el debate terminó en un intercambio de gritos.

Mientras los representantes uribistas le gritaron “asesino” y exigieron no darle la palabra “hasta que primero pague por sus crímenes y repare a las víctimas”, del otro bando les respondieron con “fascistas” y “paracos”.

Casi que de inmediato llovieron los mensajes en Twitter con la etiqueta #SantrichAsesino y la indignación fue mayor cuando Santrich anunció en esta red social que demandará al congresista Edward Rodríguez por haberlo llamado “asesino”.

“Eduard, hermano, ten certeza que te voy a demandar. Resulta que yo estoy amnistiado y no hay manera de que pruebes que soy asesino”, escribió.

Críticas a la participación en política

En lo pactado en Cuba quedó establecido que la organización tendrá garantizadas al menos 10 curules en el Congreso (cinco en la Cámara y cinco en el Senado) para los próximos dos periodos legislativos (2018 y 2022).

Así mismo, los ex guerrilleros, incluso los responsables de delitos de lesa humanidad y de guerra que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), podrán ser elegidos en cargos públicos, incluyendo la Presidencia.

Este modelo de justicia transicional está basado en el beneficio de no cárcel, pero sí de restricciones de movilidad para quienes colaboren con la justicia desde el primer momento, sin importar los crímenes que hayan cometido. La JEP contempla prisión hasta de 20 años para quienes no acepten su responsabilidad ni colaboren con el tribunal de paz.

Un sondeo de septiembre pasado de la firma Invamer reveló que el 85.1 por ciento tiene una imagen negativa de las FARC y el 75.4 por ciento no cree que cumplan con lo pactado con el gobierno

La posibilidad de que los ex guerrilleros puedan ser elegidos en cargos públicos y participar en política desde el próximo año ha sido uno de los temas más sensibles y polémicos del acuerdo de paz en las últimas semanas.

El tema ha estado en el ojo de la opinión pública luego de que se confirmara que las FARC podrán aspirar a ser elegidos en las elecciones a Congreso y presidencia del 2018, incluso antes de que sean juzgados por la JEP.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó en una entrevista que en la aprobación del acto legislativo 1 del 2017 se determinó que el régimen sancionatorio de la JEP no afecta los derechos políticos y que ex jefes guerrilleros como Timochenko, Iván Márquez y Santrich, entre otros, podrán aspirar y ser elegidos en las elecciones de marzo próximo sin haberse sometido al tribunal de paz, pero que que eso no los exime de “la obligación de comparecer” ante la JEP.

Esta noticia cayó como un balde de agua fría en varios sectores e incluso fue rechazado categóricamente por las familias de los 11 diputados del Valle que fueron secuestrados y asesinados por las FARC en el 2006.

En una carta dirigida al presidente Santos le exigieron que no acepte la participación política de los ex guerrilleros sin antes haber sido juzgados por el tribunal de paz y sin contar la verdad de los crímenes que cometieron.

El mismo fiscal Néstor Humberto Martínez ha asegurado que algunos de los artículos discutidos en el Congreso en el marco de la reglamentación de la JEP “están lejos de contribuir a una paz estable y duradera en el ámbito jurídico”.

Otra voz crítica fue la de Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Santos y actual candidato a la Presidencia: “¿Cómo entender que Ley Estatutaria habilite a participar en política a quienes aún NO han concurrido a la JEP?”, se preguntó en su cuenta de Twitter.

Esta misma preocupación la ha expresado el Centro Democrático. Su jefe político, el ex presidente Álvaro Uribe, afirmó en Twitter que el acuerdo les dio a las FARC “elegibilidad política sin importar el delito, sin cumplir previamente la pena, real o simbólica”.

Opinan los expertos

Una de las preocupaciones que surge tiene que ver con que el tribunal de la JEP, que juzgará a los ex guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad y de guerra, empezaría a funcionar en unos seis meses y las condenas contra los ex guerrilleros podrían tardar al menos un año en conocerse.

Para el experto constitucionalista Juan Manuel Charry, la resistencia a que las FARC participen en política va a seguir hasta tanto la sociedad no se vea que la JEP está funcionando.

“Los colombianos quieren ver que funciona la justicia. Hasta que no se vea eso se percibirá como una medida habilidosa de las FARC de ingresar a la vida política”, dijo.

En esto coincidió la analista política Sandra Borda, quien afirmó que el impacto que causa la participación en política de las FARC iba a ser menos difícil de digerir porque antes se creía que iba a ser posterior a su paso por la JEP.

Los colombianos quieren ver que funciona la justicia. Hasta que no se vea eso se percibirá como una medida habilidosa de las FARC de ingresar a la vida política

Juan Manuel Charry, experto constitucionalista

“La participación política era el resultado obvio del proceso de paz. Pero el proceso importa y le importa particularmente a las víctimas, que eran las interesadas en conocer la verdad y que se les pusiera presión a las FARC de decir la verdad antes de ser elegidos en algún cargo público. Lo cierto es que van a participar sin haber pasado de ninguna forma por la justicia transicional”, aseguró.

Por otro lado, el abogado Andrés Barreto considera que Colombia no está preparada para recibir a las FARC como un partido político porque el proceso no ha finalizado y aún tiene muchas deudas pendientes.

“No hay confianza en el proceso y es una gran mentira que las víctimas eran el centro del proceso. Las FARC podrán fácilmente trascender a la política sin pasar un día en la cárcel o al menos sin haber pasado por la justicia para esclarecer algún tipo de responsabilidades”, concluyó.

Siga a Catalina Ruiz Parra en Twitter: @catalinaruiz

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