Colombia

Caudillos paras serán sentenciados en Miami

Agentes de la DEA de EEUU escoltan al jefe paramilitar colombiano Ramiro Vanoy, alias "Cuco Vanoy", a su llegada al aeropuerto de Opa Locka, al noroeste de Miami.
Agentes de la DEA de EEUU escoltan al jefe paramilitar colombiano Ramiro Vanoy, alias "Cuco Vanoy", a su llegada al aeropuerto de Opa Locka, al noroeste de Miami. El Nuevo Herald

El caudillo derechista y narcotraficante Ramiro "Cuco'' Vanoy se sentó en el banquillo del tribunal especial de paz celebrado en Colombia la primavera pasada y dijo tranquilamente a una madre que el cuerpo de su hijo fue lanzado al río después de que se robó un fusil.

Otra madre testificó que había encontrado una pierna de su hijo y quería saber si Vanoy sabía dónde encontrar el resto del cadáver. El ex comandante del Bloque Minero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que había admitido haber cometido alrededor de 200 asesinatos, dijo que iba a averiguarlo.

Vanoy y Francisco Javier Zuluaga Lindo --el ex comandante del Bloque del Pacífico de las AUC y más conocido como "Gordo Lindo''-- serán sentenciados hoy por cargos de drogas ante el juez federal de distrito K. Michael Moore en Miami. Se declararon culpables de una acusación en la Operación Milenio de 1999 en un acuerdo que, según los grupos de derechos humanos, deja a las víctimas de la violencia paramilitar en busca de lo que siempre quisieron: saber la verdad.

"Es preocupante para las víctimas como nosotros, porque da más importancia a los casos de drogas y deja a un lado crímenes de lesa humanidad'', dijo Jorge Salazar, un campesino que huyó de su pueblo en la región de Alto Naya, en el suroeste de Colombia, cuando los paramilitares se aparecieron con sierras eléctricas. "Cuando los extraditaron, ellos pisotearon la justicia y se burlaron de nuestros derechos. Todavía queremos saber quién dio la orden''.

El testimonio de Vanoy en la primavera, confirmado por su abogado defensor en Bogotá, fue parte de un acuerdo de paz entre los 35,000 miembros del grupo paramilitar derechista de Vanoy y el gobierno, que requería que los combatientes que depusieran sus armas dijeran la verdad sobre los asesinatos y las masacres. Las declaraciones de Vanoy fueron interrumpidas: él, Zuluaga y otros 13 fueron extraditados en mayo para enfrentar cargos por drogas en Estados Unidos, donde enfrentan décadas de cárcel por traer toneladas de cocaína de las selvas colombianas.

Los activistas de derechos humanos afirman que las extradiciones socavaron gravemente el proceso de Paz y Justicia en Colombia y arrojaron dudas sobre cualquier testimonio futuro. La Comisión de Juristas Colombianos, un importante grupo de derechos humanos, envió cartas esta semana al juez Moore y al fiscal Michael B. Mukasey, pidiéndoles que rechacen los acuerdos de culpabilidad.

Mientras los activistas protestaban por los acuerdos, fiscales de Colombia y Estados Unidos se reunieron el miércoles en Miami para buscar una manera de que los hombres testifiquen ante la Comisión de la Verdad de Colombia por teleconferencia.

Salazar, de 42 años, huyó de la zona de Alto Naya durante la Semana Santa del 2001, cuando cientos de paramilitares vinieron a arrasar con su pueblo porque pensaban que los campesinos habían colaborado con los guerrilleros izquierdistas. Oficialmente, 32 personas murieron, aunque según Salazar todos en el pueblo saben dónde hay más cadáveres descuartizados.

"Ellos mataron a todos los que se encontraron'', dijo Salazar en una entrevista telefónica desde el Cauca. "Yo perdí a muchos amigos. Todavía estamos tratando de ayudar a todas las viudas que dejó esa masacre''.

Aunque nunca fue acusado, Zuluaga estuvo implicado en el caso porque uno de los bloques involucrados estaba bajo su mando. "Yo nunca debí haber abandonado la vida honrada'', testificó Zuluaga poco antes de ser extraditado, según el periódico de Medellín El Colombiano. "Pido perdón por lo que hice, por lo que pude haber prevenido y por lo que pude haber hecho mejor. . . Yo asumo la responsabilidad por todos los crímenes que cometí, que son muy graves''.

Zuluaga estaba entre los participantes más polémicos del proceso de paz de Colombia porque se cree que él fue un narcotraficante que pagó millones de dólares por una franquicia paramilitar para que lo incluyeran en el proceso de paz y evitar la extradición.

Ahora que está en Estados Unidos, encara una condena más larga de la que habría recibido en Colombia, donde a tenor con el acuerdo de paz hubiera pasado menos de ocho años en la cárcel.

"Pueden condenarlos a sentencias más largas en Estados Unidos --ya veremos-- pero ése no es el punto'', dijo Iván Cepeda, cuyo padre fue asesinado por paramilitares y ahora lidera una organización de defensa de las víctimas. "¿Quién ordenó esos crímenes? ¿Quién se benefició de ellos? Queremos la verdad, no sólo que los encarcelen''.

El abogado defensor miamense Dennis Urbano, que representa a ambos hombres, dijo que sus clientes desean continuar con el proceso de paz, aunque el gobierno colombiano renegó su parte del acuerdo al extraditarlos.

De otra manera, después que Zuluaga cumpla los 17 años que aceptó, y Vanoy sus 20, pudieran enfrentar condenas de 60 años en su país.

El abogado Germán Navarrete, que representa a Vanoy en Colombia, hizo hincapié en que su cliente concretó las compensaciones que el proceso de paz contempla al entregar unos $30 millones en propiedades, $4 millones en efectivo y mil cabezas de ganado.

"El desea continuar su testimonio por una razón elemental: se comprometió con el pueblo de Colombia'', dijo Navarrete por teléfono desde Colombia. "Se comprometió a explicar lo que ha sucedido. Es la única forma de tener una paz real, no sólo una paz pública como la que se mostró aquí''.

Los fiscales avanzan en la tramitación del testimonio por teleconferencia, pero hay un gran problema: la embajada de Estados Unidos en Bogotá no le otorgó a Navarrete la visa necesaria para viajar a Miami para la reunión de el miércoles.

"Mi cliente no ha tenido acceso a su abogado defensor desde mayo'', dijo. "Cualquier testimonio tendrá que esperar hasta que tenga acceso a su abogado defensor. El tiene derecho a la defensa en Colombia, como en Estados Unidos''.'

Los activistas están desencantados con el hecho que la fiscalía federal no usó la negociación de cargos para asegurar que los acusados permanecieran en el proceso de paz.

"Estamos tomando medidas para asegurar que los fiscales colombianos tengan acceso total al acusado'' y nuestra información de manera que el proceso de Paz y Justicia pueda proseguir'', dijo Alexander Acosta, fiscal federal de Miami.

Roxanna M. Altholz, directora adjunta de International Human Rights Law Clinic en la Universidad de California en Berkeley, dijo que el gobierno estadounidense no está haciendo todo lo que está a su alcance para asegurar que las víctimas recibanjusticia.

Ella representa a las víctimas de siete jefes paramilitares, entre ellos Diego Murillo --alias ‘Don Berna'--y Salvatore Mancuso.

"La realidad es'', dijo, "que están concretando acuerdos con individuos que son responsables de más asesinatos que [el dictador chileno Augusto] Pinochet."

El redactor Jay Weaver, de The Miami Herald, contribuyó a esta información.

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