Colombia

Colombianos protestan por intervención del gobierno en 'pirámides'

Miles de colombianos marcharon el lunes para reprochar la intervención del gobierno en las ‘‘piramides'' que les ofrecían exorbitantes ganancias por sus inversiones, pero cuyo esquema ilegal se derrumbó y obligó a las autoridades a decretar medidas para encarar su colapso.

Al menos 5,000 personas marcharon hasta la Plaza de Bolívar del centro de Bogotá para apoyar a DMG, una de las compañías que recaudaron fondos clandestinamente, y le pidieron al presidente Alvaro Uribe "que no se metiera con los pobres''.

En una alocución transmitida por radio y televisión a todo el país, Uribe explicó que su gobierno emitió un decreto que permite elevar las penas a los captadores ilegales de dinero del público. La ley contemplaba penas menores.

La manifestación fue en respuesta al anuncio que hizo más temprano el ministro de Interior, Fabio Valencia Cossío, sobre la aplicación de un "estado de emergencia'' para emitir decretos con fuerza de ley, sin pasar por el Congreso, ‘‘en razón de la grave alteración social que ha originado la proliferación de distintas modalidades no autorizadas por la ley de captación o recaudo masivo de dineros del público''.

El estado de emergencia regirá 30 días, prorrogables a otros 30, y permitió promulgar cuatro decretos. Uno eleva a 20 años de cárcel el castigo al delito de recaudación masiva de dinero, que antes era de hasta seis años; otro faculta a los alcaldes y gobernadores para cerrar establecimientos donde detecten que se capte dinero ilegalmente.

"Con la incautación de bienes y dinero (de las empresas cerradas)... la idea entonces es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros'' a los clientes, indicó Valencia.

El ministro no dijo de inmediato cuánto dinero pensaban que podían decomisar en esas empresas cerradas ni cuántos clientes estarían afectados o habrían perdido dinero en ellas.

La crisis de esas empresas estalló el 12 de noviembre cuando una, llamada Proyecciones DRFE, se derrumbó ante versiones de que su propietario Carlos Alfredo Suárez se fue del país sin pagar a sus clientes.

El ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, explicó en la misma rueda de prensa que a los afectados con las pirámides les será "devuelto (como) máximo el capital aportado'' inicialmente, sin reconocer ningún interés, y quienes más invirtieron tendrán menos posibilidad de recuperar su capital.

Zuluaga señaló que las medidas del gobierno buscan proteger a los pequeños ahorradores en las pirámides, pues se supone que éstos pertenecen a los estratos menos favorecidos.

También explicó que se investigará quiénes recuperaron su inversión inicial, con el fin de ya no pagarles nada.

La policía ocupó en la madrugada del lunes las 59 oficinas en todo el país de DMG, una de las mayores empresas de ese segmento, informó el general Orlando Páez, director operativo y de seguridad ciudadana de la policía nacional.

El propietario de la empresa, David Murcia Guzmán, en una entrevista con la radio colombiana W desde Panamá, donde reside, llamó a los miles de afiliados a su compañía a marchar en las principales ciudades del país.

"Somos una empresa... no somos ningunos ilegales'', dijo Murcia, que negó que su compañía hubiese sido financiada o infiltrada por dineros del narcotráfico, como han señalado versiones de la prensa local.

Arturo Medina, de 50 años, indicó que en abril invirtió tres millones de pesos en DMG y en octubre le dijeron que podía retirar seis millones de pesos. "Pero me explicaron que si dejaba los seis millones hasta abril del año entrante, me iban a entregar 15 millones de pesos'', relató. Su dinero aún permanece allí.

Hernando Ruiz, superintendente de Sociedades, una dependencia que fiscaliza la actividad de las compañías privadas, dijo que DMG siempre fue "renuente'' cuando la entidad a su cargo solicitó sus libros de contabilidad.

La senadora del opositor Partido Liberal, Cecilia López, consideró que las acciones gubernamentales llegan tarde porque "el mal ya está hecho''.

Cientos de colombianos saquearon la semana pasada las oficinas de Proyecciones DRFE y causaron disturbios. Las autoridades reportaron dos muertos vinculados con estos incidentes. La policía se incautó del equivalente a unos 42 millones de dólares de cuentas de la empresa.

Las empresas en cuestión pagaban entre 70 y 150 por ciento de intereses mensuales a sus clientes. La policía sospecha que el dinero tenga origen en el narcotráfico.

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