Colombia

Colombia intenta documentar su violenta y dolorosa historia

María Edilma Pérez enseña la foto de su hermano José Nervey Pérez, víctima de la matanza de Trujillo, donde fueron asesinadas entre 1986 y 1994 un total de 342 personas en el suroeste de Colombia.
María Edilma Pérez enseña la foto de su hermano José Nervey Pérez, víctima de la matanza de Trujillo, donde fueron asesinadas entre 1986 y 1994 un total de 342 personas en el suroeste de Colombia. EFE

Una mañana en la sede de la fiscalía general de Colombia, Miguel Páez esperaba impaciente para ver a la mujer que había arruinado su vida.

Cuando vio a alias "Karina'', rodeada de cinco guardaespaldas armados y conducida de prisa a la sala de un tribunal, se le acercó y le dijo: "Mírame. Acuérdate de mi. Recuerda que tú me castraste''.

Karina, una antigua comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se entregó a las autoridades en mayo, bajó la cabeza y rápidamente fue llevada para que continuara con la confesión de los crímenes que cometió durante sus más de 20 años en el movimiento guerrillero.

Su testimonio es sólo un fragmento de la violenta historia del país. En toda Colombia se está adelantando un esfuerzo para registrar las atrocidades, investigar la verdad y cerrar los casos de muchas víctimas.

A primera vista, el pueblo oeste de Trujillo parece un lugar plácido, casi indolente, donde los residentes esparcen granos de café sobre un tapeta de plástico para secarlos al sol en las calles alrededor de la plaza principal. Pero en una colina cercana se encuentra el constante recuerdo de un pasado oscuro.

Allí, un emblanquecido monumento conmemora las vidas y muertes de 342 víctimas de un feroz brote de violencia entre 1989 y 1994 conocido como la Masacre de Trujillo. Durante años, en este pueblo, las familias de las víctimas habían estado compartiendo sus historias y su dolor entre ellas mismas, y ventilando su enojo ante la impunidad de los victimarios.

Pero ahora sus trágicos relatos se han convertido en parte de la historia oficial de Colombia, de la historia de violencia que ha afligido a este país desde hace más de veinte años. En un informe de 300 páginas llamado "Trujillo: Una Masacre sin Fin'', un grupo de académicos conocido como el Grupo de la Memoria Histórica, ha narrado la historia de este pueblo. Es el primero de una serie de reportes cuyo objetivo es contar algunos de los episodios más oscuros del violento pasado de Colombia.

El documento y el monumento son dos ejemplos de las innumerables formas en que las víctimas, victimarios, artistas y académicos están relatando la historias de los miles de colombianos asesinados, masacrados, torturados y desaparecidos en la lucha entre dos ejércitos guerrilleros izquierdistas, grupos paramilitares de derecha y las tropas del gobierno.

Normalmente, esta búsqueda de la verdad se produce al final de un conflicto, cuando los victimarios no plantean ya un peligro. Pero Colombia decidió realizar esta tarea cuando más de 10,000 guerrilleros todavía están luchando por el control del país, y mientras que muchos de los 30,000 combatientes pramilitares, que se habían desmovilizado como parte de un acuerdo con el gobierno, se están rearmando y reagrupando.

Gonzalo Sánchez, un reconocido historiador que encabeza el Grupo de la Memoria Histórica, reconoce que muchas de las historias que están saliendo a la luz pública son sólo medias verdades.

Pero los colombianos no pueden esperar a que se produzca la paz antes de buscar la verdad, demandando compensaciones y honrando a sus víctimas. "La sociedad lo está exigiendo ahora'', dijo.

Parte de lo que se pide es que las víctimas sean reconidas y honradas.

En El Peñol, un pequeño pueblo a orillas de un lago en la provincia de Antioquia, familias reunieron fondos para marcar a 42 de sus víctimas en una línea de bloques de concreto colocada en una colina junto al principal camino hacia el pueblo. Además, han escrito un "libro de memorias'', donde los familiares de cada víctima cuentan las historia de sus seres queridos muertos en la violencia.

En la cercana Granada, las víctimas están buscando un local para ubicar su "Galería de la Memoria'' de objetos personales, fotos y cuadros de artistas locales.

Conmemorar a las víctimas es una parte importante de la reconstrucción de la historia, y de recordar a la sociedad en general los crímenes del pasado, señaló Louis Bickford, experto en memoria y búsqueda de la verdad del Centro Internacional de Justicia en Transición, con sede en Nueva York.

"Construir la memoria se basa en el deseo de ser reconocido [como víctima] y comprendido por las personas que te rodean'', afirmó.

Eso es algo que Colombia nunca ha hecho antes, incluso después de la sangrienta guerra entre partidarios conocida como "La Violencia'', que se estima costó unas 200,000 vidas de 1948 a 1958.

"La idea de las víctimas apenas existía, los muertos eran muertos y ya'', dijo Sánchez.

Muchos historiadores rastrean los orígenes del conflicto actual a "La Violencia'' y los problemas sin resolver que dejó como secuela. Hacia 1964 había surgido un puñado de grupos rebeldes de izquierda que combatían al estado, dos de los cuales (las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia y el Ejército Nacional de Liberación) siguen activos. Más tarde, se organizaron escuadrones de la muerte paramilitares, financiados por los capos de la droga y los terratenientes, para combatir a los rebeldes.

En el conflicto entre 1982 y el 2007, hubo 2,505 masacres en las cuales murieron 14,000 víctimas, según la cuenta del Grupo de la Memoria Histórica. El gobierno ha registrado más de 145,000 muertes y desapariciones, así como más de tres millones de refugiados internos.

El Congreso de Colombia está discutiendo en este momento un proyecto de ley conocido como el Estatuto de las Víctimas, el cual haría responsable al gobierno de ofrecer compensación a las víctimas de la violencia por los crímenes sufridos. Aunque el gobierno ya había separado unos $7,000 millones en los próximos 10 años para ese fondo, la ley lo convertiría en una obligación. Además, encargaría un informe sobre asuntos de tierras que involucran a millones de refugiados internos que fueron echados a la fuerza de sus propiedades, y crearía un Museo y Archivo de la Violencia.

Mientras los legisladores discuten el proyecto de ley, tanto víctimas como victimarios se enfrentan en cuanto a sus versiones de la historia. Bajo la llamada Ley de Justicia y Paz que estableció las bases legales para la desmovilización de miles de combatientes paramilitares y un puñado de rebeldes, ex combatientes están confesando sus crímenes a cambio de condenas reducidas.

Bickford, del Centro Internacional de Justicia en Transición, subrayó la importancia de valorizar las versiones de las víctimas. "Si las víctimas no cuentan sus historias, los victimarios ganan la batalla de la historia'', dijo.

Al tiempo que muchos colombianos miran hacia atrás, el conflicto continúa.

En los primeros occho meses de este año, según la agencia de derechos humanos del gobierno, hubo 19 masacres en las cuales murieron 87 personas; 31 miembros de sindicatos han sido asesinados (34 según grupos sindicales); y 315 personas han sido secuestradas. Durante ese mismo período, 54 personas han muerto en ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas del gobierno, y más de 270,000 nuevos refugiados internos han sido obligados a abandonar sus hogares, según Codhes, una organización de derechos humanos.

Karina, la comandante rebelde cuyo nombre real es Elda Neyis Mosquera, operaba en la región noroccidental colombiana de Urabá y luego en la región cafetalera del suroeste. Páez, su supuesta víctima, relató que el 10 de mayo del 2000 ella hizo bajar a él y a su familia de un ómnibus, lo obligó a arrodillarse en la tierra junto a la carretera y le disparó en la ingle.

Páez había venido para escuchar su admisión de que lo había mutilado. Pero en la audiencia Karina negó incluso haber estado presente en la región en el momento del incidente.

"Eso no es cierto. Fue ella'', manifestó Páez. "Ella me hizo esto'', añadió, bajándose los pantalones para mostrar sus genitales mutilados.

Tal vez a causa de la continua violencia, Colombia no está lista aún para una completa comisión de la verdad, como las que se han formado en otros países agobiados por conflictos. El alcance de la orden del Grupo de la Memoria sólo permite indagar algunos casos que representan crímenes horrendos, como la masacre en El Salado, Bojayá, Machuca y La Rochela.

En algún momento, sin embargo, los informes escritos por el Grupo podrían servir como base del trabajo de una comisión de verdad y reconciliación. Y Sánchez, el historiador, defiende el esfuerzo que la sociedad hace en estos momentos.

"Normalmente, este tipo de esfuerzo marca el último paso de un proceso de paz para terminar con un conflicto'', dijo. "Pero a lo mejor aquí puede ser el punto de partida de un proceso de paz''.

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