Colombia

Denuncian mueva masacre de las FARC contra indígenas

A finales del 2008, la Armada Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de Colombia, ubicaron y destruyeron un astillero artesanal, dedicado a la construcción en serie de semisumergibles al servicio del narcotráfico. La estructura, que ocupaba cerca de media hectárea, fue ubicada en medio del parque natural de Sanquianga, cercano al municipio de Mosquera -Nariño, al sur de Colombia.
A finales del 2008, la Armada Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de Colombia, ubicaron y destruyeron un astillero artesanal, dedicado a la construcción en serie de semisumergibles al servicio del narcotráfico. La estructura, que ocupaba cerca de media hectárea, fue ubicada en medio del parque natural de Sanquianga, cercano al municipio de Mosquera -Nariño, al sur de Colombia. CORTESIA

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que el miércoles las FARC cometieron otra masacre de 10 indígenas de la etnia awá, la segunda en menos de una semana, con lo cual los homicidios se elevan cuando menos a 27, sumando los 17 de la primera matanza.

También reveló el secuestro de por lo menos otros 120 indígenas awá, incluidos niños, por parte, en todos los casos, de las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Debido a combates entre el Ejército y las FARC en la región general de las masacres y el secuestro múltiple, la ONIC sostiene que cerca de 1,300 awá más se encuentran atrapados en las montañas entre el fuego cruzado "padeciendo situación de hambre y enfermedades con graves impactos sobre la población infantil''.

"Puede haber más muertos'', reveló angustiado a El Nuevo Herald, al cierre de esta edición, Luis Evelis Andrade, Consejero Mayor de la ONIC.

Las dos masacres y el secuestro masivo habrían sido cometidos en selvas andinas del sur de Colombia, en límite con Ecuador.

La región indígena agredida por los terroristas está sembrada con minas antipersonales de las FARC que dificultan el ingreso de tropas oficiales y misiones judiciales que deben levantar los cadáveres e iniciar las investigaciones de rigor.

El general de Ejército Leonardo Barrero, comandante militar de la zona, dijo que envió un contingente de 1,000 hombres a buscar a los awá vivos y muertos que cayeron en poder de las FARC.

Sin embargo, manifestó que no sabe en cuánto tiempo llegarán las tropas a los lugares en donde están los muertos.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, dijo el miércoles, en Bogotá, que una misión judicial suya se espera que llegue en dos días a practicar las primeras diligencias.

En un comunicado entregado a El Nuevo Herald por Luis Evelis Andrade, Consejero Mayor de la ONIC, se afirma que el secuestro masivo ocurrió, en parte, el 4 de febrero pasado en la región selvática andina de Barbacoas, departamento de Nariño, en límites con Ecuador.

Al día siguiente, de acuerdo con la denuncia, un grupo de guerrilleros volvió al poblado "por los niños que quedaron en las casas y de los cuales no sabemos qué suerte han corrido''.

"Estamos tratando de organizar una misión humanitaria de urgencia'', declaró a El Nuevo Herald el Consejero Mayor pero advirtió que "el minado del terreno es el peor problema en este momento''.

"Hay niños abandonados en esos territorios'', alertó.

Todas las personas awá que se llevaron el miércoles las FARC para luego matar al menos a 10 de ellas , "fueron llevadas amarradas a una quebrada denominada El Hojal, de la comunidad Bravo, y se les observó asesinando a algunas personas con arma blanca'', puntualizó el comunicado de la ONIC.

Los primeros 17 indígenas asesinados fueron pasados a cuchillo en la región selvática de Barbacoas, dijo la ONIC.

Desde el primero de febrero el Ejército ha combatido en esa región con frentes de las FARC y esto ha ocasionado desplazamientos de población indígena "a pesar del riesgo que representan las minas antipersonales sembradas por las FARC'', dijo la ONIC.

La comunicación de la ONIC sostiene que las FARC cometieron los crímenes alegando que los indígenas habían colaborado con el Ejército entregándole información sobre los guerrilleros que deambulan por la región.

La ONIC sostiene que el 1 de febrero tropas regulares "entraron, de manera abusiva, a las viviendas [de los indígenas] y obligando mediante diferentes maltratos a miembros de la comunidad a dar información sobre la ubicación de los guerrilleros de las FARC, exponiendo a la comunidad a una situación de impotencia y miedo''.

"A todos los grupos armados exigimos respeto a la vida y derechos de los pueblos indígenas de Colombia y nos dejen vivir tranquilos como antes'', dijo la ONIC en el comunicado.

En el mismo documento la organización indígena invitó a las FARC a "que se pronuncien ante la comunidad nacional e internacional sobre su responsabilidad en estos crímenes'' y les pidió "que respeten la autonomía territorial y política del pueblo awá, que cese el minado de los territorios que no involucren a las comunidades indígenas en una guerra que no les pertenece''.

La ONIC también pidió "al Ministerio del Interior y de Justicia, que tome las medidas necesarias para esclarecer los hechos en el menor tiempo posible''. Y exigió "al Gobierno Nacional y a todas las instituciones a reconocer el nivel de vulnerabilidad del pueblo awá''.

"Al Ejército Nacional'', le pide la ONIC "que en el desarrollo de sus operaciones observe el estricto cumplimiento de las normas Derechos Humanos y de DIH [Derecho Internacional Humanitario], así como las directrices emanadas por el Ministerio de Defensa en lo referente a su intervención en los territorios indígenas''.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), declaró desde Washington que "estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana''.

Las masacres cometidas por las FARC son "clara prueba de su absoluto desprecio por la vida de los civiles y de su negativa a respetar los principios más básicos del derecho humanitario'', agregó.

Vivanco dijo que de acuerdo con "fuentes confiables'' sabe que los muertos de la primera masacre son al menos 17, "entre los cuales se cuentan al menos dos menores''.

"Las denuncias indican'', dijo Vivanco, "que varias de las víctimas fueron torturadas. Los asesinatos se produjeron poco tiempo después de otros ataques que el gobierno ha atribuido a las FARC, como la detonación de una bomba en el centro de Bogotá que causó la muerte de dos civiles y varios ataques en Cali y Arauca''.

"Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana'', manifestó Vivanco. "No existe excusa ni justificación válida para estos aberrantes actos'', agregó.

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