Colombia

Decisión de juez sentaría precedente contra paras

MIEMBROS DE la Policía Nacional de Colombia trasladan al ex jefe de las Autodenfensas Unidas de 
Colombia (AUC).
MIEMBROS DE la Policía Nacional de Colombia trasladan al ex jefe de las Autodenfensas Unidas de Colombia (AUC). EFE

Un juez federal de Nueva York podría tomar en las próximas semanas una decisión trascendental para millares de víctimas del paramilitarismo en Colombia.

A pocos días de fijar la sentencia por cargos de narcotráfico del ex líder paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, el juez Richard berman, ha abierto la posibilidad de que la madre de un joven que fue víctima de Murillo rinda testimonio en el mismo caso.

De ser admitido, el testimonio de la colombiana no sólo podría persuadir al juez de aplicar una sentencia drástica a Murillo, sino que se convertiría en un novedoso precedente para que más víctimas se presenten a testificar en cortes de Estados Unidos contra otros ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) extraditados el año pasado.

Varios abogados norteamericanos han respaldado la comparecencia de la declarante acogiéndose a la Ley sobre los Derechos de Víctimas de Crímenes (CVRA, por sus siglas en inglés). La ley permite a una persona que ha sido víctima o es familiar de está y fue afectada con el delito, intervenir en el proceso penal del acusado y buscar una indemnización sensibilizando al juez de daño sufrido.

Es la primera vez que esta legislación se usa para casos de narcotráfico. De ordinario se ha utilizado para los procesos de condena de muerte.

"Lo que se busca es que se sepa una historia que se ha ignorado: que estos señores no son simples capos del narcotráfico sino que cometieron delitos de lesa humanidad'', explicó a El Nuevo Herald, Roxanna Altholz, subdirectora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Califonia, Berkeley.

Altholz dijo que tiene dos docenas de poderes de representación de víctimas de siete de los 15 ex jefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos en mayo del año pasado para afrontar cargos de trasiego de drogas y lavado de dinero.

Murillo se declaró culpable de narcotráfico en junio pasado. La fiscalía solicitó que se le impusiera una sentencia de 33 años en consideración a la gran cantidad de cocaína introducida en Estados Unidos y a su alta posición en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización designada como terrorista.

Cuando todo estaba listo para fijar la sentencia de Murillo, los abogados presentaron la moción para que la mujer colombiana sea escuchada en la vista de sentencia. Ellos han pedido que su nombre no sea revelado por razones de seguridad.

La potencial declarante es la madre de un joven desaparecido en la Comuna 13 de Medellín a finales del año 2002 por hombres del Bloque Cacique Nutibara que estaba al mando de Murillo, informó el Instituto Popular de Capacitación (IPC), una organización no gubernamental que vela por los derechos de los familiares de las víctimas de los paramilitares.

Altholz explicó que a raíz de la extradición de los paramilitares, pidió al Departamento de Justicia que se pronunciara si consideraba que las víctimas de las AUC, encajaban en la descripción de la ley CVRA. Se calcula que las víctimas pueden ser unas 13,000 personas.

Durante la anterior administración, el gobierno respondió que las víctimas de las AUC no cumplen con los requisitos de la ley, pero el viernes pasado el fiscal del caso de Don Berna, Lev Dassin, pidió tiempo para reconsiderar la petición y analizarla con funcionarios del Departamento de Justicia.

La audiencia para que las partes presenten sus argumentos en favor y en contra de la comparecencia de la mujer colombiana se realizarán, tentativamente, el 4 de marzo y la vista para la imposición de la sentencia el 9 de marzo.

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