Colombia

Niegan testimonio a víctima en juicio contra ex jefe 'para'

El ex cabecilla paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.
El ex cabecilla paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. AP

En un sensible revés para los activistas de derechos humanos que buscan una reparación de las víctimas del paramilitarismo colombiano en cortes de Estados Unidos, un juez de Nueva York no autorizó que la madre de un joven asesinado sea escuchada en el caso contra Diego Murillo, alias Don Berna, ex cabecilla de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sin embargo el juez, Richard Berman, concedió a Murillo un plazo de 45 días, antes de ser sentenciado, para cooperar con las autoridades colombianas en el proceso de Justicia y Paz.

Desde que en mayo del año pasado fueron extraditados 15 de los jefes más importante de la AUC, ésta es la segunda vez que un juez federal posterga una audiencia de sentencia para permitir que un ex paramilitar colabore con la justicia colombiana.

Otro juez, de distrito central de la Florida, hizo la misma concesión especial el año pasado para que el ex paramilitar Guillermo Pérez Alzate rinda su versión libre a los fiscales colombianos.

La decisión del Berman de aplazar la audiencia no fue compartida por la fiscalía que consideró que el caso se ha prolongado demasiado. No obstante los fiscales compartieron el fallo del juez de no admitir el testimonio de la madre de un joven que fue asesinado en una operación de limpieza social en las colinas de Medellín, dirigida por Murillo.

Basándose en una ley de protección de víctimas de delitos, la abogada Roxanna Altholz, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley, presentó un recurso para que el juez admitiera como víctima a la madre del joven asesinado en el 2002 en hechos por los que Don Berna fue condenado en Colombia.

"La corte se compadece enormemente de la tragedia personal de la señora, pero tratándose de un asunto legal comparte con la defensa y la fiscalía que ella no es víctima en los términos que define la ley'', afirmó el juez.

Murillo se declaró culpable de cargos de narcotráfico y su sentencia fue señalada para el 22 de abril.

La audiencia de la semana pasada ante el juez Berman, refleja las complejidad de los casos contra ex jefes paramilitares extraditados para afrontar cargos de narcotráfico. Los jueces de estos están conforntando el dilema legal de si aceptan como atenuante de la pena la cooperación de los paramilitares con los procesos de esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.

Por el lado del gobierno, el mensaje es un no rotundo.

El fiscal del caso de Murillo, Lev Dassin, afirmó durante la audiencia que si bien la posición de Estados Unidos es facilitar los contactos entre los fiscales colombianos y los acusados, el gobierno federal no está inclinado a aceptar reducciones de penas por su colaboración.

"Le hemos dejado en claro a todas las partes que el gobierno de Estados Unidos no es parte de ese proceso (Justicia y Paz), que esto [la colaboración con Colombia] no será considerado como una cooperación con el gobierno de Estados Unidos ni va a conllevar a cartas de recomendación 5K en favor del acusado'', dijo Dassin.

La fiscalía está pidiendo para Don Berna una pena de 324 a 405 meses de prisión.

Otro de los inconvenientes que surgen con frecuencia en estas audiencias, es la falta de certeza sobre las cifras de las propiedades entregadas por los acusados para la reparación de las víctimas.

Margaret Shalley, abogada de Murillo, declaró ante el juez que su cliente ha entregado propiedades en Colombia por un total de $20 millones. El juez no ocultó su sorpresa cuando la abogada, citando a un jurista colombiano, dijo que el fondo de reparación de las víctimas en Colombia es de unos $3,500 millones. Pero esa cifra jamás ha sido mencionada por los organismos que manejan los programas de reparación en ese país.

  Comentarios