Colombia

Cuestionan costo de autos espías para la inteligencia colombiana

Vehículo para espionaje comprado por los servicios secretos de Colombia y que son motivo de un litigio en cortes de Miami.
Vehículo para espionaje comprado por los servicios secretos de Colombia y que son motivo de un litigio en cortes de Miami. CORTESIA

Los fabricantes de seis vehículos espías vendidos a los servicios de inteligencia de Colombia (DAS) y que son motivo de una disputa legal en Miami, aseguran que la comisión que el intermediario del contrato cobró a ese organismo es desproporcionada.

"Sería interesante saber por qué cobraron una comisión tan alta, las leyes de Colombia dicen que la comisión del agente no puede ser más del 10 por ciento y aquí se ganaron el 40 por ciento’’, explicó el abogado Luis Konski, que representa a la firma Phoenix Worldwide Industries (PWI), fabricante de los vehículos.

PWI, una empresa de tecnología de punta con sede en la Florida, está enfrascada en una disputa legal con Colvista, una compañía colombiana que intermedió en el contrato. Ambas firmas se acusan de incumplir pagos y entregas de los equipos.

Según Konski, inicialmente estaba previsto que el negocio se haría directamente entre el DAS y PWI, pero el DAS exigió que Colvista fuese incorporada a la negociación.

"Nos dijeron que sin Colvista, no tendríamos contrato'', dijo Konski, de la firma Fowler Rodríguez Valdés-Fauli. Konski afirmó que el funcionario del DAS José Antonio García Linares, encargado del contrato, fue quien advirtió que debían contratar a Colvista. Dado el alto riesgo de perder el contrato si no se cumplía con esa condición, la empresa nombró a Colvista representante exclusiva en Colombia, agregó Konski.

El precio que el fabricante cobró no pasó de $2.2 millones, explicó el abogado, pero Colvista le pasó una cuenta al DAS de $3.7 millones.

Edward Joffe, abogado de Colvista, explicó a El Nuevo Herald que la diferencia del precio obedece a que esa empresa tuvo que pagar impuestos de valor agregado y otros gastos en Colombia como costos de aduana, seguros y mantenimiento de oficinas.

El Nuevo Herald intentó comunicarse con García Linares, pero la recepcionista del DAS informó que no está autorizada a hacer la conexión, por cuanto el organismo no despliega los nombres de sus funcionarios en la base de datos telefónica por razones de seguridad.

Cuatro de los seis automóviles fueron enviados a Colombia pero PWI ordenó suspender la exportación de los dos restantes, argumentando que Colvista y el DAS no habían cumplido con la totalidad de los pagos.

Ahora Colvista ha pedido a una jueza del Condado Miami-Dade que obligue a PWI a enviar los vehículos sobre la base de que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones. Por orden de la jueza los automóviles, una camioneta y una furgoneta, pasaron de la custodia de la firma transportadora ARC-Logistics a PWI.

Colvista ha obtenido varios contratos con la presidencia de Colombia, el DAS (que también depende de la presidencia) y otras entidades gubernamentales para el suministro de computadores y programas. En el 2005, según la demanda, la firma expandió sus negocios a los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas y la policía. El contrato del DAS con Phoenix como fabricante y Colvista como representante exclusivo se firmó en diciembre del 2007.

Según correspondencia aportada al expediente, Colvista pidió a la empresa fabricante enviar los vehículos sin terminar antes del 15 de diciembre del 2008 dado que, por razones técnicas y legales relacionadas con el presupuesto y el cierre del año fiscal, la falla en la entrega antes de esa fecha podría acarrear el no pago del saldo del contrato y la imposición de una multa de $350,000.

En uno de los correos electrónicos, Gladys Rosario, presidenta del Grupo Empresarial Colvista, informó que García, el funcionario del DAS, podría ser despedido si los autos no eran entregados antes de la fecha señalada.

Ante esta urgencia, PWI decidió enviar los cuatro primeros automóviles sin terminar, explicó Konski, a pesar de que el contrato les concedía un plazo hasta febrero.

La jueza fijó una audiencia para el 1ro. de abril.

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