Colombia

Supremo investiga a militares que ocultaron muerte de dos niños

La Corte Suprema de Justicia ordenó abrir investigaciones penales y disciplinarias por la muerte, hasta hoy impune, de un niño de tres años de edad y un bebe de nueve meses a quienes tropas del Ejército alegaron haber dado de baja durante un supuesto combate, el 30 de noviembre del 2003 en una zona rural del sureño departamento de Caquetá.

El bebé de nueve meses de edad identificado como Gonzalo Ocampo Meneses, la corte precisó que fue muerto “de ocho disparos, uno de ellos en la cabeza”.

La revelación sobre estos homicidios está contenida en una sentencia de última instancia que ordenó la libertad inmediata y la nulidad del proceso que se le había seguido a un campesino de 60 años, José Duván Gil Vásquez, único detenido por el Ejército en el lugar donde se habría producido el combate.

La sentencia absolutoria que dos instancias anteriores habían dictado en contra de Gil Vásquez, se basó en el hecho de que los abogados de oficio que le puso el gobierno, Orlando Cadena Sierra y Fabio de Jesús Maya Angulo, no lo defendieron y ahora enfrentan la posibilidad de perder sus licencias profesionales.

El parte de guerra oficial solamente relacionó las muertes de los campesinos mayores de edad Dora Inés Meneses Gómez de 21 años (madre del bebé de 9 meses), Luz Mélida Ocampo (20), Faber Gil Buitrago (30) y Floresmiro Guataquillo (45).

El parte militar, dice la Corte en sentencia aprobada el 19 de febrero pasado y divulgada este viernes, “omitió avisar [] acerca de otras dos víctimas del contacto armado: un bebé de 9 meses y un niño de 3 años”.

En desarrollo del combate que la Corte pone en duda, también resultaron gravemente heridos los niños Héctor Fabián Ocampo, “de 2 años y 11 meses de edad”, así como Héctor Fabián Ocampo Meneses, de 14, hijo de Dora Inés Meneses y hermano mayor de Gonzalo Ocampo Meneses, el bebé de nueve meses abatido.

Cuando, meses más tarde, la justicia había registrado las muertes de los dos niños sin abrir investigaciones, el mayor de Ejército que comandaba las tropas, Luis Pantoja, en juramento ratificó a la justicia que quienes fueron abatidos y heridos se habían enfrentado a las tropas de infantería bajo su mando, del Batallón de Contraguerrilla ‘Diosas del Chairá’. Según Pantoja, el supuesto combate se concretó en “en el sector de Alto Sabaleta, jurisdicción del municipio de San José del Fragua, Caquetá, con integrantes del frente 49 de las FARC”.

El cuerpo del bebé muerto fue encontrado e inhumado el 15 de diciembre siguiente por su abuelo, el campesino Angel Emiro Meneses Muñoz, en el mismo lugar donde los militares sostenían que habían combatido.

La corte subraya el hecho de que el bebé de nueve meses fue sepultado “en un lugar cercano al de los sucesos” por las mismas tropas que lo mataron, pese a lo cual no lo fue relacionado en el parte de guerra.

Cuando la instrucción penal ya había sido cerrada, la Corte sostiene que la Fiscalía “ilegalmente escuchó en testimonio a tres [militares]” según los cuales “el bebé, ya muerto, fue llevado en un costal por algunos soldados y enterrado cerca del lugar del operativo”.

Esta declaración se produjo a pesar de que el 15 de enero siguiente el oficial de Ejército Ezequiel Rincón Rico, comandante de una compañía que supuestamente permaneció como retaguardia a un kilómetro del sitio en donde fueron asesinados los niños, dijo ante un fiscal que no se había sabido nada sobre la muerte de niños.

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