Colombia

De regreso a la tierra de la sabiduría

El nombre indígena de esta pequeña aldea de viviendas con techos de paja en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, significa "donde se almacena el conocimiento''.

Durante décadas, los indios arhuacos fueron perdiendo este lugar sagrado del conocimiento y la sabiduría, en el que en otros tiempos habían hecho ofrendas espirituales. La colonización campesina desplazó a las comunidades indígenas hacia las partes más altas de la montaña.

Pero ahora, gracias a una insólita convergencia de intereses, los arhuacos regresaron a su fuente de sabiduría al fundarse Kankawarwa con el apoyo y financiamiento del gobierno.

Esta aldea en la montaña es la sexta de diez poblados "barrera'' que el gobierno colombiano construyó a partir de un pacto entre el presidente Alvaro Uribe y el consejo de gobierno conjunto de cuatro tribus indígenas que comparten estas montañas: arhuacos, kogis, wiwas y kankuamo. Una vez completados, los 10 poblados formaran una nueva zona de contención entre las tierras indígenas y las propiedades privadas en las estribaciones de las montañas.

"Desde aquí hasta arriba ustedes son los encargados de proteger el medio ambiente'', dijo Uribe a los arhuacos, kogis y wiwas durante la inauguración del poblado, mientras señalaba hacia los empinados picos montañosos. "Ustedes son los que mejor cultivan la tierra y mejor protegen el agua''.

Es esto lo que los indios trataron de hacer comprender durante décadas a gobiernos sucesivos, a los que solicitaron apoyo financiero y jurídico para volver a ocupar las tierras bajas mediante la compra de tierras a los campesinos y a los que cultivaban la hoja de coca. Donantes privados ayudaron a los cuatro grupos indígenas a comprar unos 90,000 acres, en un esfuerzo por proteger las tierras centrales y altas, ecológicamente frágiles, de una zona que estos grupos consideran el corazón del mundo.

El gobierno de Uribe, al percatarse de las ventajas ecológicas, políticas y de seguridad, decidió participar mediante la compra de tierras y financiando la construcción del nuevo anillo de aldeas.

Además de ayudar al gobierno colombiano a establecer el control sobre una región plagada de guerrillas izquierdistas y paramilitares de derecha, el proyecto contempla un programa destinado a recuperar las cuencas de agua y los bosques de la Sierra Nevada, las montañas costeras más altas del mundo, cuyo picos nevados se elevan 18,900 pies sobre el nivel del mar.

Gran parte de las montañas fueron devastadas por cinco décadas de colonización, cultivos intensivos, deforestación, sembrados de coca y la presencia de grupos armados ilegales que luchaban por el control de la zona.

Los indígenas, deseosos de escapar del conflicto, fueron empujados hacia la zonas altas de las montañas, por lo que perdieron sus tierras de pastoreo al tiempo que se afectó el ecosistemas más delicado de las zonas montañosas elevadas. También perdieron gran parte de sus tierras sagradas, donde se hacían sus ofrendas espirituales, como Kankawarwa.

Y aunque la mayoría en las comunidades indígenas apoyó el objetivo de recuperar las tierras ancestrales y sagradas, hay algunos que no se fían de la generosidad del gobierno, que incluye la construcción de escuelas y clínicas, así como financiar la construcción de las viviendas.

Otros consideran los esfuerzos del gobierno como un intento por socavar la autonomía de las tribus y crear una cultura de dependencia de la asistencia gubernamental, como es el caso de los almuerzos escolares y la asistencia médica, todo gratis.

Además, les preocupa que los soldados patrullen las montañas.

Leonor Zalabata, encargada de los asuntos de derechos humanos en el consejo de gobierno arhuaco, señala que su tribu fue muy golpeada por las guerrillas y los paramilitares, por lo que la solución no puede ser más hombres armados.

"Nuestra seguridad no se asegura con gente armada en nuestras tierras'', dijo Zalabata. "La militarización garantiza la recuperación del territorio para el Estado, pero los soldados no están aquí para protegernos''.

Rogelio Mejía, gobernador de la reserva arhuaca, admite que en su comunidad hay disidentes que consideran que los indios le hacen el juego a Uribe.

"La gente me pregunta qué pide a cambio el gobierno. Pero [el gobierno] nunca ha pedido nada'', aseguró Mejía.

No obstante, algunos funcionarios gubernamentales han planteado la idea de desarrollar el ecoturismo en la Sierra. Mejía dijo que las tribus no aceptan esos planes "porque podrían ser peligrosos para nuestras culturas''.

Ya son cientos los audaces con mochilas que cada año recorren las ruinas arqueológicas conocidas como la Ciudad Perdida, uno de los mayores y más antiguos asentamientos precolombinos en las Américas dentro de la reserva kogi.

"Es una locura'' tratar de atraer más turismo'', dijo Mejía. "Nuestro único interés es salvar la naturaleza y nuestra cultura'', agregó. "No nos importa quién nos ayude siempre y cuando recuperemos nuestros territorios''.

La recuperación de las tierras es lo fundamental. Según la entidad de la ONU que se ocupa de los refugiados, por lo menos 27 de los 80 grupos indígenas de Colombia están en peligro de extinción porque las tres décadas de guerra civil los desplazaron de sus territorios.

"Su supervivencia depende en gran medida de que permanezcan en sus tierras tradicionales'', dijo recientemente Ron Redmon, portavoz de la entidad.

El mes pasado unos 2,000 indígenas emberas del noroeste de Colombia fueron forzados a abandonar su territorio debido a los enfrentamientos entre grupos ilegales. Y en febrero las guerrillas asesinaron a 14 indios awá en la sureña provincia de Nariño por supuestamente haber cooperado con el Ejército.

De los 300 guerrilleros que en otros tiempos recorrían la Sierra, "quedan pocos'', dijo el coronel del Ejército Ricardo Sandoval, oficial de enlace cuya misión es coordinar los problemas de seguridad con los indios de Sierra Nevada. Y aunque la mayoría de los grupos paramilitares de derecha se desmovilizaron en el 2005, nuevas pandillas rurales llenaron el vacío del crimen organizado.

Mejía dijo que las poblaciones barrera y la ampliación de las tierras de las reservas son un medio para evitar los conflictos relacionados con el regreso de los indios a sus tierras.

Pero como aquí los grupos indígenas tratan de seguir ampliando sus territorios, las posibilidades de conflictos con los campesinos son elevadas.

En la inauguración reciente de un poblado Kankawarwa, los campesinos del pueblo cercano de Cristalina Baja se quejaron a Uribe de que mientras se gastaron decenas de miles de dólares en las comunidades indígenas, los campesinos siguen esperando por mejoras en el suministro de electricidad y agua y la reconstrucción de los caminos.

Mejía reconoce que su tribu está interesada en que el gobierno atienda las necesidades de los campesinos para reducir la presión sobre las comunidades indígenas.

"Todo lo que deseamos es que nos dejen vivir en paz con la naturaleza, el agua y los bosques'', dijo.

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