Colombia

Denuncian que confesiones de los paras son usadas en su contra en EEUU

Cuando los ex líderes paramilitares de Colombia se sentaron con fiscales de su país a confesar masacres, desapariciones y torturas en el marco de la ley de Justicia y Paz, lo hicieron bajo la creencia de que esto ayudaría a reducir sus sentencias condenatorias.

Pero ahora se ha sabido, al menos en un caso, que esas confesiones pueden devolverse contra ellos como un bumeran, según el abogado de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, uno de los ex cabecillas paramilitares extraditados a Estados Unidos.

El abogado Richard Díaz sostuvo en un memorial que algunos fiscales de Estados Unidos utilizaron confesiones de su cliente en Colombia para ampliar los cargos en una corte federal de Washington.

"El proceso de Justicia y Paz se convirtió en una trampa por la que muchos caminaron'', dijo Díaz, abogado de Miami.

La maniobra de los fiscales estadounidenses no es ilícita, pero se ha convertido en un dolor de cabeza para la mayoría de los líderes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que rindieron versiones libres a fiscales de Justicia y Paz y luego fueron extraditados a Estados Unidos.

En un recurso presentado ante un juez del distrito de Columbia, Díaz describió una situación desconocida en Colombia en relación con la forma como el gobierno de Estados Unidos intervino en el proceso de Justicia y Paz para "alimentar'' sus procesos criminales por narcotráfico.

Según escribió Díaz en su memorial, antes de que se diera comienzo a cualquier confesión en Colombia uno o más fiscales de Estados Unidos viajaron a ese país y asesoraron a los fiscales de Justicia y Paz en la formulación de las preguntas a los cabecillas desmovilizados de las AUC.

Lo hicieron "obviamente para que [las preguntas] se ajustaran a los encausamientos en Estados Unidos o a las investigaciones'' en contra de los interrogados.

En algunos casos los fiscales estadounidenses estuvieron presentes y monitorearon en vivo las confesiones de los paramilitares, agregó Díaz.

"El proceso de Justicia y Paz fue primero una patada entre los dientes para el gobierno de Estados Unidos porque los fiscales estaban frustrados pensando que los acusados de narcotráfico no serían extraditados, pero después fue como un regalo de Navidad, una bendición'', comentó Díaz a El Nuevo Herald. "Ahora estas personas (los paramilitares) llegan a Estados Unidos y dicen, ‘queremos ir a juicio' y los fiscales les responden, ‘¿están seguros?, pero si usted confesó esto y esto más en Colombia''.

Aunque los delitos confesados por los paramilitares desmovilizados en Colombia no son de narcotráfico, los fiscales pueden usarlos en su contra en Estados Unidos como crímenes conexos para desarrollar esa actividad, explicó el abogado.

En el caso de Jiménez sus confesiones sobre cómo conformó el Bloque Central Bolívar de las AUC, fueron usadas por la fiscalía para sustentar el cargo de conspiración para apoyar a una organización designada como terrorista. Díaz agregó que se enteró de que los fiscales utilizaron la confesión de su cliente en diciembre de 2008 cuando recibió de la fiscalía un disco con material probatorio "la mayor parte del cual provenía de las confesiones del señor Jiménez a Justicia y Paz, obviamente entregado al gobierno de Estados Unidos por los fiscales de Justicia y Paz asignados al señor Jiménez''.

De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, el Bloque Central Bolívar que fue comandado por Jiménez es responsable de los delitos de homicidio, desaparición y tortura contra un total de 3,000 víctimas entre quienes se encuentran varios defensores de derechos humanos.

El recurso de Díaz busca una explicación de los fiscales a la demora en radicar cargos contra su cliente y mantener la acusación sellada a pesar de que Jiménez no era un fugitivo y podía ser localizado en Colombia.

Jiménez participó en las conversaciones de paz con el gobierno en el 2004 y se desmovilizó en diciembre de 2005. Un año después fue recluido en el centro de detención de La Ceja donde permaneció hasta que fue extraditado a Estados Unidos en mayo del año pasado.

Díaz atribuyó la demora injustificada en la revelación de la acusación contra su cliente a una táctica del gobierno de Estados Unidos para esperar que Jiménez rindiera su versión libre ante Justicia y Paz y entonces usar las confesiones en su contra en el expediente de Washington.

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