Colombia

Uribe rehúsa fijar posición ante denuncias de espionaje

RAFAEL PARDO, ex ministro de Defensa, conversa con la prensa al salir el miércoles en la tarde de 
la Fiscalía General.
RAFAEL PARDO, ex ministro de Defensa, conversa con la prensa al salir el miércoles en la tarde de la Fiscalía General. FISCALIA GENERAL

El presidente Alvaro Uribe rehusó el miércoles fijar una posición frente a denuncias de las Altas Cortes de Justicia sobre seguimientos a magistrados e interceptaciones ilícitas de sus comunicaciones hechas por la policía secreta del gobierno, DAS, en el desarrollo de un plan de espionaje de años que, de acuerdo con el Fiscal General, Mario Iguarán, se trata de hechos que causan "pavor'' y "hieden''.

El martes, el Fiscal General asumió personalmente la investigación por estos hechos y más tarde, en un comunicado conjunto, los presidentes de las Altas Cortes pidieron de Uribe "su pronunciamiento directo sobre el grave asunto, con indicación de las medidas tomadas como garantía de no repetición de los irrespetos, ataques y vejámenes contra la Rama Judicial''.

Uribe, por su parte, sin mencionar los episodios de espionaje, contestó ante periodistas, de los que no admitió preguntas, con la lectura de un escueto comunicado en el que declaró que mantendrá con las cortes "un diálogo presencial, sincero, abierto, constructivo, para buscar la mejor relación institucional, para el bien de la democracia colombiana''.

Uribe sostuvo que en ese diálogo "el Gobierno Nacional ha tenido varias reuniones con las cortes, para examinar temas como el de [la] negación de unos casos de extradición, proyectos de Ley de la Justicia, como el proyecto de descongestión [de la justicia]''.

En la tarde del miércoles, Rafael Pardo Rueda, ex ministro de Defensa Nacional y precandidato presidencial por el Partido Liberal, quien hace parte de las personalidades interceptadas ilícitamente por el DAS, se presentó en la Fiscalía General para pedir ser tenido en cuenta como víctima de las interceptaciones y seguimientos ilegales. También pidió que un abogado suyo pueda actuar dentro del proceso penal.

"Ha aparecido que he sido objeto de seguimientos. Yo creo en la justicia y la forma más adecuada para tener la verdad en este proceso es ser parte civil, poder conocer qué es lo que están investigando'', declaró Pardo Rueda.

De acuerdo con la Fiscalía General, las interceptaciones telefónicas incluyen millares de horas de grabaciones ilícitas a conversaciones de magistrados, así como de líderes opositores al Gobierno y periodistas que también han sido seguidos, interceptados y constreñidos por agentes de DAS, entre ellos este periodista en episodio de octubre pasado que investiga la Fiscalía General.

El ex presidente César Gaviria y actual jefe del Partido Liberal, quien hace parte de los políticos seguidos e interceptados por el DAS, declaró: "Que me ‘chucen' [intercepten] a mí no me extraña, por esa costumbre que hay en el Gobierno de considerar delincuentes a sus contradictores''. Además, sostuvo que las "chuzadas son una clara violación del Estado de Derecho y es una actividad delincuencial y criminal''.

El comunicado del martes fue firmado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez; de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla; del Consejo de Estado, Rafael Lafont Planeta, y del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres, así como del vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago.

Los presidentes de las cortes estiman que la policía secreta excedió sus funciones al vulnerar la privacidad de los magistrados, principalmente de aquellos que llevan casos sensibles para el Gobierno, entre los que sobresalen investigaciones a congresistas y políticos conectados con paramilitares y narcotraficantes.

Entre estos casos figuran, por ejemplo, el ex senador Mario Uribe, primo del Presidente ó el ex fiscal regional Guillermo León Valencia, hermano del ministro del Interior, preso por sus vínculos con la organización del narcotraficante alias "Don Mario''.

Fuentes de la Fiscalía General cercanas a la investigación indicaron este miércoles a El Nuevo Herald que entre las posibles cabezas del espionaje figura el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria a quien testigos atribuyen la dirección de múltiples pedidos al DAS de espionaje para el Gobierno sin orden judicial.

Gaviria, quien es cuestionad o por la cercanía y el trato que tuvo con su primo hermano el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, ha negado su posible participación en estos hechos.

El senador Rodrigo Lara contó a El Nuevo Herald que cuando ejerció el cargo de jefe de la oficina Anticorrupción de la Presidencia, durante el gobierno de Uribe, recibió pedidos verbales de Gaviria para hacer investigaciones contra opositores al Gobierno pero que siempre rehusó porque esas actividades no hacían parte de sus funciones.

Los presidentes de las Altas Cortes pidieron de la sociedad colombiana y la comunidad internacional la "supervisión y defensa de los derechos humanos para contrarrestar las agresiones que en Colombia se vienen perpetrando contra los más altos jueces''.

El Fiscal General, de su lado, declaró a periodistas que un informe preliminar sobre las interceptaciones y seguimientos a magistrados, opositores y periodistas, "hay que decir que causa preocupación y que causa pavor en atención al hedor que despide''.

Iguarán, sin embargo, no dio detalles sobre el informe preliminar.

De acuerdo con Iguarán, por otra parte, tras una reunión con magistrados, sostuvo que "más que hostilidades, hay un complot en su contra''.

El magistrado más perseguido es el auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, cuyas investigaciones han llevado a la cárcel a decenas de congresistas de la bancada del Gobierno por vínculos con escuadrones de la muerte y narcotraficantes.

Contra Velásquez se ha pronunciado directamente el presidente Uribe para acusarlo de orquestar un supuesto complot en su contra con testigos forzados y pruebas falsas, lo que ha sido rechazado por las Cortes y el propio magistrado.

Los 10 partidos políticos que tienen representación en el Senado tienen por lo menos a la mitad de sus senadores en la cárcel e incluidos en investigaciones penales por vínculos con el crimen organizado.

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