Colombia

Colombia cambia ley de indemnización a víctimas

El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, asiste hoy, 18 de junio de 2009, a una rueda de prensa en Bogotá (Colombia), en la que aseguró que los asesinatos de varios jóvenes civiles por parte de las fuerzas de seguridad en el país es la evidencia de que ésta ha sido una "práctica sistemática".
El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, asiste hoy, 18 de junio de 2009, a una rueda de prensa en Bogotá (Colombia), en la que aseguró que los asesinatos de varios jóvenes civiles por parte de las fuerzas de seguridad en el país es la evidencia de que ésta ha sido una "práctica sistemática". EFE

El congreso colombiano aprobó el miércoles una ley para resarcir a las víctimas de más de medio siglo de violencia política en Colombia y aceptó una propuesta de la oposición y de ONG para no discriminar a los afectados por el Estado exigiéndoles mayores requisitos para la reparación.

Una iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Alvaro Uribe según la cual la reparación para víctimas de agentes oficiales sólo procederá cuando haya una condena previa fue avalada el martes por la mayoría oficialista de la Cámara de Representantes.

La norma aprobada por la Cámara generó críticas de organizaciones no gubernamentales ONG y de la bancada de oposición al gobierno que consideraron que en la postura oficial primaron consideraciones "políticas e ideológicas'' y se discriminó a las víctimas de agentes del Estado.

Sin embargo, la ley fue sometida este miércoles a conciliación debido a que la mayoría en el Senado aprobó antes un texto que equiparaba a las víctimas del Estado con las de guerrilleros izquierdistas y paramilitares de ultraderecha, promovida por el opositor Partido Liberal.

Al término de la conciliación, este miércoles, los autores del proyecto dijeron que se aprobó la iniciativa original que contemplaba que los damnificados por agentes del Estado no se verían obligados a contar con un fallo judicial para recibir el resarcimiento.

"Es la mejor noticia que se les puede dar a las madres de Soacha -localidad aledaña a Bogotá de donde eran oriundos jóvenes víctimas de desapariciones forzadas por parte del Ejército- es que el Congreso no discrimina a víctimas de agentes del Estado'', dijo el congresista Guillermo Rivera, autor de la ley.

"Estas madres se Soacha podrán lograr su reparación por vía administrativa y no van a tener que esperar una sentencia judicial que podría tardar años'', enfatizó el legislador tras confiar en que el texto conciliado sea el aprobado finalmente el jueves por las plenarias conjuntas de Cámara y Senado.

El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, se había defendido indicando que la ley impulsada por el Gobierno lograba un "equilibrio'' entre la legislación interna y el respeto a los estándares internacionales, con "viabilidad fiscal''.

Pero Rivera enfatizó que la norma viola una resolución de las Naciones Unidas, que establece que toda víctima tiene derecho a reparación más allá de que su verdugo "haya sido identificado, procesado o condenado''.

De hecho, agencias de la ONU en Colombia cuestionaron la iniciativa el pasado noviembre, señalando que impone "requisitos más graves'' a los afectados por agentes oficiales, y advirtieron de consecuencias internacionales.

Iván Cepeda, líder de una asociación de víctimas del Estado, anunció que presentaría una demanda contra el proyecto ante la Corte Constitucional si no se corregía.

"Desconoce los derechos de las víctimas, viola el principio de igualdad, excluye la restitución de tierras y desfigura el concepto de la reparación al darle carácter asistencialista'', argumentó a la AFP.

La iniciativa de reparación establece que los afectados tendrán dos años para acreditarse, aunque el plazo podrá ser prorrogado, y beneficiará a unos cuatro millones de familiares, para lo cual se requieren 10.000 millones de dólares.

"Es la continuación de la impunidad'', dijo a la AFP Esperanza Marchán, cuyo esposo, Eduardo Avila, un dirigente cívico, fue asesinado presuntamente por la policía en octubre de 2000, sin que hasta el momento haya inculpados.

Marchán consideró que el proyecto "revictimiza'' al exigirles a los parientes poner demandas, pagar abogados y demostrar la culpabilidad de los victimarios, algunos en ejercicio de sus funciones y ante quienes quedarían expuestos.

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