Colombia

Ex líder paramilitar lanza fuertes acusaciones contra el gobierno de Colombia

El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", el 13 de mayo del 2008, en Bogotá, antes de su extradición a Estados Unidos.
El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", el 13 de mayo del 2008, en Bogotá, antes de su extradición a Estados Unidos.

Uno de los máximos ex líderes del paramilitarismo en Colombia, preso en Estados Unidos, denunció que en su país existe una campaña para silenciarlo a fin de encubrir la complicidad de grandes personajes que apoyaron sus acciones criminales.

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien fue inspector y jefe de un frente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), señaló que los estamentos de justicia y el gobierno de Colombia acogen como ciertas sus denuncias que involucran a funcionarios y políticos del nivel local, pero tratan de desacreditarlas cuando comprometen a personajes a escala nacional.

En una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Murillo escribió que los alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas "son los peones desechables del gobierno'' a quienes , "sólo se les protege en la medida en que sean necesarios para algunos fines políticos o electoreros''.

Agregó, que "ellos son tan culpables como los grandes personajes que también nos apoyaron, pero a diferencia de los peones, el estamento los protegerá''.

Murillo citó como ejemplo el manto de silencio que se tendió sobre las denuncias en contra del vicepresidente Francisco Santos y de su primo, el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Estas denuncias fueron hechas por Salvatore Mancuso, ex jefe de las AUC, preso en Estados Unidos.

También mencionó el olvido en el que quedaron los señalamientos sobre financiación de la campaña del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por parte del frente de las AUC que estaba bajo su mando.

Según Murillo, los Santos, antes de ocupar los cargos públicos en el gobierno del presidente Alvaro Uribe, solicitaron a las AUC la conformación de un frente de guerra en Bogotá, "apoyado por ellos mismos desde la institucionalidad del Estado, hecho del cual soy testigo privilegiado por mi rol que cumplí dentro de las Autodefensas''.

El resultado de las denuncias de Mancuso, "no fue otro que el de rechazo'', basándose en la premisa de "cómo creerle a delincuentes'', agregó Murillo.

Francisco y Juan Manuel Santos han rechazado en el pasado estos señalamientos. La Fiscalía General inició una investigación preliminar basada en la versión de Mancuso respecto a Francisco, pero la archivó argumentando que el jefe paramilitar se retractó y afirmó que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

La orden de archivo fue dada a mediados del 2008 por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia considerando que "no era cierta'' la versión de Mancuso.

En cuanto a Juan Manuel Santos, los señalamientos de Mancuso no lo comprometieron en la supuesta reunión para crear un frente de las AUC en Bogotá, como afirma Murillo, sino en una conversación en la cual Santos le pidió apoyo a los líderes de las AUC para derrocar al presidente Ernesto Samper (1994-1998).

Juan Manuel Santos ha dicho que el motivo de la reunión se dio en el marco de un proceso de paz, pero negó que haya hecho semejante propuesta a los paramilitares.

Murillo anunció que suspenderá indefinidamente su cooperación con la justicia de Colombia, debido a que dos parientes cercanos han sido asesinados y su familia y abogados en Colombia reciben amenazas constantemente como parte de la campaña para silenciarlo.

"Nuestra extradición y la forma en que han logrado nuestro silencio garantizan impunidad; a las víctimas perpetuar su dolor y al país entero continuar con el círculo vicioso de la violencia'', agregó Murillo.

Extraditado en marzo del año pasado, Murillo fue condenado a 31 años de prisión por cargos de narcotráfico en abril de este año en una corte federal de Nueva York. Durante el proceso, su abogada, Margaret Shalley, afirmó que su cliente contribuyó con dinero a la primera campaña presidencial de Uribe.

Ante la denuncia, el entonces tesorero de la campaña, Fabio Echeverri Correa, respondió a El Nuevo Herald: "Cuando a una persona la condenan a 31 años de prisión, se vuelve resentido, desadaptado, herido con la humanidad, esta persona dice: ‘Me voy a sacar el clavo, ¿a quién j...? A todo el mundo, al TLC [Tratado de Libre Comercio], a ese h...p... de Uribe que fue el que firmó la extradición'. Y sí, sí j... ¿Pero a quién? A todos los colombianos, que ya los ha j... a todos''.

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