Colombia

En medio de ola de asesinatos, guardaespaldas protegen a líderes comunitarios en Colombia

Alberto Pinto observó con cuidado las colinas llenas de vegetación y el terreno que rodea una pequeña cabaña en el sur de Colombia. Y lo asaltó la ansiedad.

Este lugar aparentemente plácido era una pesadilla de seguridad que ofrecía a los agresores numerosos lugares para esconderse y puntos donde hacer una emboscada.

“Desde aquí hasta la entrada, cualquier cosa puede suceder”, dijo, señalando hacia un angosto camino de tierra que va de la casa hasta la carretera. “Si vienen hacia nosotros, no nos van a decir que levantemos las manos. Van a venir disparando”.

Pinto, quien fue militar, es parte de un programa del gobierno que protege a miles de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos en Colombia. Su misión es proteger a Nilson Liz Marín, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el oeste de Colombia.

Aunque ha sobrevivido a tres intentos de asesinato, Marín, de 55 años, se niega a salir de su pequeña casa campestre para buscar una seguridad relativa en la ciudad. Y Pinto y su colega guardaespaldas, Moisés López, tienen la responsabilidad de mantenerlo con vida.

Esa es una responsabilidad grande en Colombia, donde a los líderes sociales como Marí los matan a un ritmo alarmante, en momentos que clanes enemigos y otros batallan por el control de las rutas de la droga y la minería ilegal.

Somos Defensores, una organización sin fines de lucro que le sigue la pista a las amenazas a los líderes sociales y activistas de derechos humanos, indica que en 2018 mataron a 155 de ellos, un alza de 44 por ciento en comparación con 2017. La Defensoría del Pueblo indica que 462 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados desde 2016 hasta el 31 de enero de 2019.

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Nilson Liz Marín es un líder comunitario y defensor de los campesinos en Cauca, Colombia. Después de sobrevivir a varios intentos de asesinato y secuestro, el gobierno le asignó dos guardaespaldas. El año pasado en Colombia mataron a 155 líderes comunitarios como Marín. Jim Wyss Miami Herald

Y aunque el gobierno entrega servicios de seguridad a unas 7,400 personas, no pasa una semana sin que maten a otro activista. Es un derramamiento de sangre que amenaza la endeble paz firmada en 2016 con el mayor grupo guerrillero de las Américas y que se ha convertido en una vergüenza para la administración del presidente Iván Duque.

Mientras comen empanadas en un restaurante junto a la carretera un día de semana reciente, los guardaespaldas de Marín se sientan en mesas diferentes para poder controlar mejor el entorno, con sus armas y chalecos blindados ocultos debajo de ropa holgada. La precaución le parece innecesaria a Marín, un hombre robusto y de risa fácil cuyo trabajo en la ANUC —que ayuda a financiar carreteras, viviendas y proyectos agrícolas— lo ha convertido en un héroe local.

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Alberto Pinto (lizq)) y Moisés López (der) son los guardaespaldas de Nilson Liz Marin (centro), un líder comunitario y defensor de los campesinos en Colombia. Jim Wyss Miami Herald

Pero sus actividades también lo hacen chocar con personajes poderosos, como políticos, guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y una gama de pandillas cada vez mayor. Casi todos han tratado de matarlo.

“La naturaleza de nuestro trabajo es defender los derechos humanos, de manera que si tenemos que enfrentarnos al Estado, lo hacemos. Y si tenemos que enfrentarnos a los grupos armados, también lo hacemos”, dijo Marín. “Cuando [los guerrilleros] asesinaban a nuestros líderes, los enfrentamos y les dijimos que había que parar eso”.

Sus enemigos más recientes son los mineros ilegales que destruyen los ríos de los que dependen muchas comunidades rurales.

En 2004, a Marín lo balearon a poca distancia y sobrevivió milagrosamente porque el proyectil le rozó la cabeza. Hace unos años, su nombre apareció en una lista incautada a grupos paramilitares donde había 100 objetivos para asesinar. Marín era el número tres en la lista. En 2013 lo asaltaron y lo dejaron amarrado en un bosque. Si no llega a zafarse, está convencido de hubiera desaparecido como víctima de un secuestro, o algo incluso peor.

Fue después de ese incidente que la Unidad Nacional de Protección del gobierno colombiano le asignó dos guardaespaldas y un auto.

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Alberto Pinto (lizq)) y Moisés López (der) son los guardaespaldas de Nilson Liz Marin (centro), un líder comunitario y defensor de los campesinos en Colombia. Jim Wyss Miami Herald

Marín dice que al principio se resistió a la idea, porque pensaba que el gobierno era parte de problema por crear políticas que convertían en objetivo a líderes sociales, o por no prestar atención a los asesinatos con motivos políticos.

“Al principio tenía mucha desconfianza”, dijo Marín de sus guardaespaldas. “No sabía si debía dejarlos entrar en mi casa. Pero entonces uno se acostumbra a la idea y se han convertido en parte de la familia... Mi esposa se pone celosa porque paso tanto tiempo con ellos”.

Pinto, de 48 años y robusto, ha recorrido miles de kilómetros y pasado innumerables horas protegiendo a Marín. En un viaje reciente al rural Cauca, mientras conducía tenía una pistola sobre el regazo y un ojo fijo en el espejo retrovisor, alerta ante cualquier motocicleta con dos personas, que es como funcionan los sicarios.

El trabajo de Marín lo lleva a zonas controladas por gente peligrosa. Dos de esos grupos son las Águilas Negras y los Gaitanistas, que surgieron de las cenizas de organizaciones paramilitares de derecha. También está el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de las ahora difuntas FARC. También hay numerosas pandillas de delincuentes sin nombre conocido pero igualmente letales.

En las últimas dos semanas alrededor de la comunidad de Tambo, por donde conducían, ha habido 23 asesinatos.

Pinto dijo que ha llegado a admirar el compromiso de Marín con los pobres del campo. Y ahora siente que él también es parte de esa misión.

“Salimos todos los días como si fuéramos Superman defendiendo el mundo contra los malos”, dijo Pinto. “Uno espera poder regresar a casa al final del día”.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) se creó en 1997 en respuesta a numerosos asesinatos de políticos de izquierda. Desde entonces, se ha ampliado para incluir a periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y otros.

Cada vez que matan a un líder social, el gobierno carga con la culpa, pero el programa funciona, dijo Pablo Elías González, director de la UNP.

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Moisés López (izq) y Alberto Pinto (en el fondo) proteger a Nilson Liz Marín (der), un líder comunitario y defensor de los campesinos colombianos. Jim Wyss Miami Herald

De las 7,400 personas que el programa protege, 3,500 tienen el mayor nivel de protección, que incluye guardaespaldas.

“Este año hemos tenido 10 atentados a personas protegidas y todos los casos han salido ilesos, aunque algunos guardaespaldas han resultado lesionados”, dijo González. “Somos muy efectivos. El problema es que la unidad no tiene capacidad para proteger a todos los líderes sociales”.

Según la UNP, en Colombia hay 8 millones de personas consideradas líderes sociales, pero el programa tiene un presupuesto anual de 300 millones de dólares.

Para los guardaespaldas, el trabajo es duro y peligroso. Muchos ganan menos de mil dólares al mes y trabajan por contrato, lo que significa que no tienen seguridad laboral, no cumplen los requisitos para préstamos bancarios y tampoco gozan de otras prestaciones. Y la presión psicológica es elevadísima.

Estar alerta todo el día —sentir que le sube la presión al ver a un vehículo sospechoso o doblar por una esquina ciega, cansa mucho, dijo López. “Para cualquier parte que miro veo amenazas”.

“Nosotros absorbemos todo el estrés”, agregó Pinto. “Pero por la noche me voy a casa, apago el chip en mi cabeza y duermo como un niño”.

Marín dice que nunca sale de su casa sin López y Pinto a su lado, y ha llegado a depender de esa protección.

Sentado en el asiento trasero de una camioneta y escoltado por los dos hombres, señaló las montañas y pueblos pintorescos dignos de una postal, lugares que también han sido escenario de asesinatos y masacres. En un poblado señaló hacia una pequeña cancha de baloncesto donde mataron a su hijo de 15 años. Las autoridades no han encontrado a los asesinos, pero Marín cree que el hecho estuvo vinculado con su trabajo de activista.

“Es difícil cree que en un lugar tan hermoso haya tanta violencia”, dijo.

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