Colombia

Condenan a Colombia por desapariciones forzadas en la toma del Palacio de Justicia

Familiares de las víctimas sostienen sus fotografías durante una audiencia sobre el caso de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, realizada por la CorteIDH en el 2013, en Brasilia. El gobierno colombiano dijo el miércoles que estudiará con detalle la sentencia que lo encontró responsable por la desaparición forzada de 11 personas.
Familiares de las víctimas sostienen sus fotografías durante una audiencia sobre el caso de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, realizada por la CorteIDH en el 2013, en Brasilia. El gobierno colombiano dijo el miércoles que estudiará con detalle la sentencia que lo encontró responsable por la desaparición forzada de 11 personas. EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció el miércoles una condena contra Colombia por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de un operativo en noviembre de 1985 para recuperar el Palacio de Justicia que había sido tomado por la ex guerrilla M-19.

La Corte publicó en su página web el fallo en el que condena al Estado colombiano por desapariciones forzadas, una ejecución extrajudicial, privaciones de libertad arbitrarias, torturas, y violaciones a derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial.

“La Corte concluye que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”, indica la sentencia.

El gobierno colombiano dijo que estudiará con detalle la sentencia que lo encontró responsable por la desaparición forzada de 11 personas en la operación de retoma del Palacio de Justicia, ocurrida hace 29 años en Bogotá.

En la sentencia se declara “responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos” cometidas en el Palacio de Justicia.

En los dos días del operativo murieron más de 100 personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 22 funcionarios, siete auxiliares del tribunal, 11 miembros de la Fuerza Pública, numerosos guerrilleros y civiles, mientras que 11 personas fueron dadas por desaparecidas.

“El gobierno acaba de ser notificado. En consecuencia, estudiará detalladamente la sentencia para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance”, manifestó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, encontró que el Estado es el responsable por las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés y David Suspes Celis.

Igualmente lo responsabiliza de los casos de Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, “así como por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carlos Horacio Urán Rojas”.

Esas personas salieron con vida del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985 y fueron trasladadas a instalaciones militares donde, según afirman los familiares y defensores de los Derechos Humanos, fueron torturadas y asesinadas.

En el comunicado, el Ministerio del Interior reitera que el Estado “lamenta los hechos ocurridos hace 29 años en desarrollo de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19 y acompaña a todas víctimas en el establecimiento de la verdad”.

“El Estado continuará trabajando por el esclarecimiento de los hechos y por garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de estas y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno”, agrega el comunicado.

Según el Ministerio del Interior, el Estado “ha contribuido y utilizado todos los medios que le permitía el expediente internacional para hacer un digno y justo reconocimiento de responsabilidad a las víctimas del Palacio de Justicia”.

En septiembre del 2013, el Consejo de Estado declaró que el holocausto del Palacio de Justicia, como se le conoce en el país, es un crimen de lesa humanidad y, por tanto, las acciones judiciales no prescriben.

Los jueces de la CorteIDH ordenaron al Estado colombiano “llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables” de las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y las torturas y tratos crueles.

Además, realizar la búsqueda “rigurosa” de 11 personas que permanecen desaparecidas, brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.

En cuanto a indemnizaciones, la Corte fijó $100,000 por cada una de las 11 desapariciones forzadas, $80,000 para las parejas o hijos de cada víctima y $40,000 para hermanos.

Además, $80,000 para cada víctima de tortura y tratos crueles y $15,000 para cada una de sus familias, entre otras indemnizaciones.

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