Colombia

Ocho empresas de seguridad realizan estafa millonaria al Estado colombiano

Las autoridades colombianas denunciaron este miércoles que ocho empresas dedicadas a prestar el servicio de seguridad privada estafaron al Estado durante dos años por un monto de 63.000 millones de pesos colombianos (unos 26,6 millones de dólares), por lo que anunciaron sanciones administrativas y penales contra ellas.

En una rueda de prensa celebrada hoy en Bogotá, la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad reguladora del sector, presentaron los pormenores de su investigación conjunta, abierta en 2011, tras una denuncia emitida por una de las instituciones estatales estafadas, entre ellas tres ministerios.

De las pesquisas concluyen que las empresas Centinel, Cobasec, Starcoop, Expertos, Guardianes, Sejarpi, Insevig y Segurity Management Group coordinaban sus intervenciones en las licitaciones puestas en marcha por el Estado para que una de ellas ganara y los beneficios se repartieran entre todas.

La Fiscalía explicó que su método de actuación se hacía evidente en “la uniformidad de las observaciones y objeciones que se proponían en los pliegos de condiciones, que en últimas estaban orientadas a favorecer a alguna de las empresas”.

Las ocho empresas participaron entre 2010 y 2012 en un mínimo de 100 licitaciones, de las cuales lograron ganar 25, apuntó la investigación, si bien se estima que el objetivo real de los implicados era conseguir 252 contratos cuyo valor ascendía a 135 millones de dólares.

Entre los damnificados se encuentran los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social; Comercio, Industria y Turismo; y Hacienda, así como varios organismos judiciales, trece gobernaciones y 37 alcaldías, entre otros entes.

Según las autoridades, para descubrir el entramado fue esencial la colaboración del ex representante legal de una de las empresas, que el pasado diciembre acudió a las autoridades para reconocer su responsabilidad y aportar pruebas que resultaron definitivas.

Por la parte administrativa, la Superintendencia anunció que ha iniciado acciones contra las ocho empresas, así como contra 32 “accionistas, administradores, empleados y exempleados” pertenecientes a las mismas.

En caso de demostrarse que se violó la libre competencia, el ente impondrá multas a las compañías de un máximo de 27,2 millones de dólares por cada licitación ganada fraudulentamente, en tanto que para las personas físicas que administraron estas operaciones la cantidad máxima por pagar sería de 545.000 dólares.

Por la parte penal, el vicefiscal de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, avanzó que la Fiscalía va a imputar a 16 de las personas involucradas por el delito de “acuerdos restrictivos de la competencia”, penado con entre seis y doce años de cárcel.

Este escándalo se suma a otra trama de corrupción relacionada con la seguridad descubierta el pasado agosto y que afectaba a la Unidad Nacional de Protección, encargada de proteger a miembros del Gobierno, políticos, magistrados, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos amenazados por su labor.

Según información publicada en medios locales, funcionarios de esa institución desviaron hasta 600 millones de pesos colombianos (unos 300.600 dólares) de los contratos que mantienen con empresas privadas de seguridad.

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