Cuba

Papeles de Panamá: compañía de EEUU pudo haber violado embargo a Cuba

Por décadas Mossack Fonseca se hizo de la vista gorda con el embargo y ayudó al gobierno cubano a incorporar sociedades anónimas en Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas.
Por décadas Mossack Fonseca se hizo de la vista gorda con el embargo y ayudó al gobierno cubano a incorporar sociedades anónimas en Panamá, Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas.

El despacho de abogados Mossack Fonseca brindó servicios a compañías que habrían violado las leyes del embargo estadounidense o que tenían vínculos con empresas específicamente bloqueadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según indican registros hallados en los llamados Papeles de Panamá.

Algunas de las compañías secretas cubanas que el bufete panameño ayudó a crear estaban conectadas a entidades en una lista de personas y nacionales bloqueados, con los que las empresas estadounidenses y sus sucursales tienen prohibido hacer negocios debido a conexiones con el terrorismo, el tráfico de drogas o a programas de sanciones a determinados países.

En asociación con McClatchy y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación(ICIJ), el Nuevo Herald obtuvo acceso a millones de documentos filtrados de la firma panameña.


Tres compañías creadas por el estado cubano en paraísos fiscales, Miramar Investment Corporation Ltd, Mercaria Trading S.A y Caribbean Sugar Traders, tuvieron como uno de sus directores a Porfirio Medero Paiva, que aparece identificado con la dirección en Madrid de la compañía CRYMSA Import Export. CRYMSA está en la lista de “personas y nacionales especialmente designados” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Asimismo Acepex Management SA, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y activa durante la década pasada estaba vinculada a la exportación pesquera y de mariscos. Uno de sus directores, René Besteiro Bauta, era viceministro en el Ministerio de la Industria Pesquera. Casualmente, Acepex (Asociación Pesquera de Comercio Exterior) es, dentro de ese ministerio, la encargada de las exportaciones de productos pesqueros y las importaciones, a partir de de una reorganización de la industria en 1996. La Empresa Cubana de Pescados y Mariscos (CARIBEX) mantiene como su correo electrónico la dirección acepex@ceniai.inf.cu.

CARIBEX está incluida en la lista de las empresas cubanas sancionadas.


Públicamente, el gobierno cubano no ha sido transparente con las sociedades que mantiene offshore. En la Gaceta Oficial de diciembre del 2004, aparece una resolución autorizando la renovación de la licencia en “el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, a la firma de Islas Vírgenes Británicas Acepex Management, S.A”.

PUDO HABER QUEBRANTADO EL EMBARGO

Algunos empresarios extranjeros que tenían operaciones en Cuba también utilizaban empresas offshores para realizar transacciones con la isla que, de haber sido públicas con anterioridad, habrían podido estar sujetas a multas del gobierno estadounidense.

El empresario peruano-español Jorge Luis Fuchs, radicado en Costa Rica, era dueño de varias empresas intermediarias para distribuir productos médicos de Orthofix, una compañía global basada en Texas.

Fuchs era vicepresidente de Orthofix para América Latina cuando utilizó a fines del 2006 a la empresa M.I.S. Technologies SA, registrada en Panamá y administrada por Mossack Fonseca, para asegurar un contrato con el conglomerado estatal cubano CIMEX SA para la venta de clavos y tornillos ortopédicos por 3.7 millones de euros ($4.5 millones según la tasa media de cambio en el 2006).

“Orthofix, teniendo operaciones en los USA no puede vender directamente a Cuba, por lo tanto MIS sirve como intermediario y distribuidor. La mercancía ya ha sido enviada hacia MIS en Panamá desde el proveedor Orthofix desde varios lugares de producción y se encuentra en una bodega en la Zona Libre de Colón”, detalla un memorando del bufete.

Fundada originalmente por el Ministerio del Interior cubano y actualmente bajo el control de los militares, la Corporación CIMEX SA, con oficinas en La Habana, Panamá, España y México, se encuentra también en la lista de entidades sancionadas por la OFAC.


La transferencia inicial se realizó entre el Banco Financiero Internacional de Cuba y la filial en Panamá del BBVA. De allí, los fondos serían transferidos a una cuenta manejada por MF. “Una vez que los fondos hayan sido transferidos del BBVA a esta cuenta nueva, unos USD 2.1 millones tienen que ser transferidos al proveedor Orthofix así como unos USD 600 mil a otros intermediarios”, indica el memorando.

El contrato fue firmado por Eduardo Bencomo Zurdos y Raúl Fuentes González, presidente y gerente general de CIMEX en ese momento, respectivamente, aunque por parte de M.I.S. Technologies solo firmaron empleados de MF que prestaban servicio como sus directores nominales.

El abogado Peter Quinter—ex presidente de la Sección de Derecho Internacional de la Asociación de Abogados de la Florida y presidente de la sección de leyes aduanales y de comercio internacional en el bufete de abogados de GrayRobinson—cree que una transacción como la descrita, en la que una empresa con sede en Estados Unidos utiliza una compañía offshore para vender productos médicos a una empresa cubana que aparece en una lista de entidades sancionadas por la OFAC, podría ser investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por una violación del embargo.


Quinter, que cuenta con una larga experiencia en el trabajo con la OFAC, declaró que “debido a las leyes y regulaciones del embargo, incluso después del cambio en la política de la Administración Obama que fue anunciado el 17 de diciembre del 2014, las empresas y los individuos bajo la jurisdicción de Estados Unidos no puede hacer negocios, directa o indirectamente, con las empresas cubanas o personas que se identifican por la OFAC en sus listas de personas bloqueadas o de ‘nacionales especialmente designados’ ”.

La compañía offshore tampoco puede hacer lo que la compañía estadounidense tiene prohibido, si esta última es su dueña o tiene control sobre ella, aclara.

Si la persona o empresa cubana está bloqueada por la OFAC, opina el experto, “la empresa estadounidense y aquellas personas o empresas que conspiran con ella para hacer negocios [en este caso la compañía offshore y MF] pueden ser objeto de una investigación criminal por una violación del embargo”.


Un vocero del Departamento del Tesoro confirmó a el Nuevo Herald que si una transacción con Cuba de una empresa estadounidense no está “cubierta por una licencia general o específica, entonces está prohibido por igual que la empresa participe en las transacciones directamente o a través de un intermediario”.

En este caso, la empresa Orthofix podría haber solicitado una licencia para vender esos productos médicos a Cuba. “Esos artículos todavía están regulados por el gobierno de EEUU, pero la obtención de licencias para su exportación a Cuba no es un problema”, dijo Quinter.

Orthofix no respondió a las peticiones de comentario para esta historia. El Nuevo Herald intentó sin éxito contactar a Fuchs para comentarios.


El Departamento del Tesoro no comenta sobre el número de licencias específicas para exportar a Cuba. Según un portavoz, el tiempo de procesamiento depende de la complejidad de las transacciones bajo consideración, la necesidad de coordinación entre agencias y el volumen de casos.

Las licencias para la exportación de productos médicos a Cuba, otorgadas por el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio (BIS, por sus siglas en inglés) demoran entre 30 y 40 días y se rigen por una política general de aprobación, aunque cada caso se revisa para verificar que cumpla con los requisitos establecidos.

John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, una organización que recopila información sobre las exportaciones a Cuba consideró que “la obtención de licencias se ha vuelto más fácil con la implementación de la Ley de Democracia Cubana de 1992 que autorizó de nuevo la exportación directa de equipos e instrumental médico, medicinas y productos farmacéuticos a Cuba, con ciertas restricciones, entre ellas el pago en efectivo por adelantado y la verificación de que su destino no sea, por ejemplo, una institución ligada a los militares cubanos.

Según Kavulich, las compañías deben mantener los registros de verificación del destino final de sus productos y “no ha habido ningún reporte de mal uso de ninguna exportación, o sea que haya sido vendida con un propósito y usado para otro”, añade.


Cifras recopiladas por el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, en el 2006, la fecha en la que se firmó el contrato, listan unos $814,866 en exportaciones de productos médicos a Cuba bajo licencias. En el 2007, cuando fueron entregados los productos de Orthofix por casi $4.5 millones, incluyen solo $436,773.

Kavulich, advierte, no obstante, que las cifras pueden no ser del todo precisas. Un funcionario del Departamento del Tesoro declinó comentar sobre el número de las peticiones de licencias que son procesadas anualmente.

LOS RIESGOS DE MOSSACK FONSECA

En la mayoría de los casos, Mossack Fonseca también actuaba como agente registrado de compañías con operaciones en Cuba o cuyos directores y miembros de las juntas directivas eran funcionarios y abogados de compañías estatales radicadas en Cuba, un país sujeto a un programa extenso de sanciones del gobierno estadounidense.

Los registros muestran que esporádicamente sus empleados chequeaban algunos nombres de directivos de esas compañías sin obtener resultados que apuntaran a los dirigentes cubanos más conocidos. Generalmente, los nombres que aparecen en las juntas directivas de las sociedades anónimas cubanas son de abogados y empleados de empresas estatales, y en algunos casos también funcionarios con altos cargos.

Recientemente, MF comenzó a prestar más interés a algunas de estas compañías ligadas a Cuba. En febrero del 2015, un chequeo a la empresa Curtdale y Arpoint encontró que uno de sus directores, Hernán Aguilar Parra, era un diputado cubano.

Asimismo chequearon en el 2011 a la Corporación Panamericana pero no a su director, José L. Fernández de Cossío Domínguez, quien también es un diplomático cubano.


Pero aunque mantuvo relaciones con clientes cubanos durante años sin hacer demasiadas verificaciones, la compañía panameña decidió recientemente cambiar su política, aparentemente por temor a las acciones de la OFAC, encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes del embargo.

La OFAC se mostró más agresiva en el control de quienes violaban sus programas de sanciones, especialmente los bancos, y el 1 de julio de 2015 el banco BNP Paribas fue multado con $8,830 millones por realizar operaciones financieras con Cuba, Irán y Sudán.

La directiva de MF reaccionó rápidamente y el 9 de julio acordó una nueva política más conservadora a partir de la cual comenzaron a distanciarse de las compañías vinculadas a países que estuvieran bajo sanciones de Estados Unidos, especialmente si alguien perteneciente al bufete aparecía en su junta directiva o como agente registrado.


Un correo enviado por una abogada el 13 de julio, informa a otros miembros de la compañía la decisión de “renunciar a nuestros directores de las 35 sociedades identificadas en el sistema que llevan a cabo actividades en los países en el listado OFAC”, entre las cuales se identifican tres compañías con actividades en Cuba. Más adelante indica vender o incorporar sociedades con directores de Mossack Fonseca “si llevarán a cabo actividades en los países en el listado OFAC, indistintamente del programa de sanciones que aplique”.

Asimismo advierte que la compañía no deberá “brindar el servicio de Agente Registrado en sociedades que llevarán a cabo sus actividades en los países OFAC con programas de sanciones completos” como Cuba, Sudán e Irán.

Sin embargo y a pesar de la directiva, MF no terminó inmediatamente los vínculos con algunas de estas empresas, alentados por el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba y la esperanza de que el embargo, que ha sido relajado por la Administración de Obama, fuera eliminado próximamente. Asimismo, el Departamento de Estado decidió eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo a fines de mayo del 2015, un paso que desbloqueó las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.


Inicialmente, una evaluación realizada por el departamento encargado del cumplimiento de la ley en MS recomendó terminar los servicios al empresario gallego Víctor Moro Suárez, al frente de Vima World Ltd y otras offshores como Mundicompras S.A., Restaurantes del Caribe S.A. y Vima Caribe S.A, por temor a que las actividades realizadas en Cuba, pusieran en riesgo a MF.

Pero el director de la oficina en Ginebra intercedió por el empresario gallego a quien se le habían prestado servicios de agentes registrados por 21 años.

“La sociedad [Vima World Ltd] es totalmente transparente. Los clientes no pudieron en esos años constituir una sociedad cubana porque no estaba permitido… no se trata de algo ilegal o fraudulento. Abastecen a varios grupos hoteleros de renombre mundial en Cuba, República Dominicana y España”, escribió Adrian H. Simon.

“Todos sabemos que Cuba va a salir del embargo y todos sabemos los pasos que ya se han dado en ese sentido y EEUU ya tiene de nuevo Embajada en Cuba. Están en el proceso”, agregó.


El intercambio de correos concluye con una decisión favorable para Moro y la continuación de los servicios, “tomando en cuenta la situación actual del embargo en Cuba y el tipo de actividad que se está llevando a cabo, además del tiempo de nuestra relación con él”. La sociedad Vima World Ltd. sigue activa en Cuba con Moro como su representante.

No obstante, la ejecutiva de MF Josette Roquebert se refirió a instrucciones a seguir para “contrarrestar el riesgo que conlleva la prestación de servicios a un cliente que tiene relación con Cuba y siendo que estos servicios no están amparados en nuestra póliza”.

Tras un contacto inicial, Mossack Fonseca no respondió a las preguntas enviadas por el Nuevo Herald sobre sus servicios a estas sociedades vinculadas a Cuba. En una declaración a raíz de la filtración de los Papeles de Panamá, el bufete afirma que la compañía “rutinariamente renuncia a compromisos con los clientes cuando la debida diligencia y/o actualizaciones en curso de las listas de sanciones revela que una parte en una empresa para la que prestamos servicios ha sido condenada o aparece en un listado de sancionados por un organismo”.

La embajada de Cuba en Washington no contestó a una petición de comentario para esta historia.

Nora Gámez Torres:@ngameztorres

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