Los estadounidenses que viajen a Cuba podrán usar una tarjeta de crédito Mastercard expedida por el banco de la Florida, Stonegate, según anunció la compañía este mes. Pero, ¿qué pasa si el viajero la usa en un hotel ahora administrado por una empresa controlada por los militares cubanos o una propiedad que fue confiscada a una compañía estadounidense por el gobierno cubano?
Por el momento, no pasará nada. Desde enero del 2015, la Administración permitió el uso de tarjetas de crédito y débito en Cuba por los viajeros autorizados. También otorgó una licencia a la compañía hotelera Starwood para administrar dos hoteles en la isla e invertir en su remodelación, un anuncio que llegó el día antes de que el presidente Barack Obama pusiera un pie en La Habana, el 20 de marzo. Uno de estos hoteles, el Quinta Avenida Habana, ubicado en Miramar, es propiedad del Grupo de Turismo Gaviota, una empresa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) líder en el mercado turístico cubano, con más de 20,000 habitaciones bajo su control.
Los detalles del acuerdo de Starwood no se han hecho públicos y la compañía no contestó a una petición de comentario para esta historia. Tampoco lo hizo Stonegate Bank.
Voces críticas de la nueva política hacia Cuba, no obstante, creen que ambos acuerdos estarían violando aspectos del embargo o serían inconsistentes con la política trazada por la propia Administración para “empoderar al pueblo cubano”.
Según el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, la Administración estaría permitiendo el uso de tarjetas de crédito amparándose en que estarían empleadas por viajeros autorizados, pero en su opinión, estaría violando la ley al permitir la extensión de financiamiento (préstamo o crédito) para transacciones en las que se podrían ver involucradas propiedades confiscadas a personas o compañías estadounidenses, un aspecto prohibido en el artículo 103 del título 1 de la ley Helms-Burton (The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) de 1996.
La Administración, infirió Díaz-Balart, “trata de justificar acciones legales apuntando a parte de la ley, pero están violando otras. Cuando se está hablando de ofrecer financiamiento y propiedades robadas, yo creo que está violando la ley”, afirmó.
Según, Mauricio Claver-Carone, director del US-Cuba Democracy PAC, “la prohibición expresada en el artículo 103, no tiene excepciones, por el lenguaje en que está redactado”. El activista dijo que la Administración ha ido “estirando” las regulaciones del embargo para introducir nuevas “excepciones” basadas en aquellas que ya estaban asentadas en la ley pero que, a su juicio, son “inconsistentes” con otros puntos en la legislación vigente.
Claver-Carone, quien sigue de cerca la política cubana desde su blog CapitolHillCubans, opinó que la licencia otorgada a Starwood sería “inconsistente” con la política de “empoderamiento del pueblo cubano”, pues los beneficios no irían al pequeño sector privado sino a una empresa militar. En el caso de Stonegate, consideró que el Departamento del Tesoro debía pedir a Stonegate Bank poner en funcionamiento un sistema para certificar que las transacciones realizadas con sus tarjetas de crédito no involucren propiedades confiscadas.
Por su parte, el Departamento del Tesoro dejó claro en una declaración obtenida por el Nuevo Herald que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, encargada de supervisar el programa de sanciones contra Cuba “no considera el uso el uso de tarjetas de crédito por los viajeros autorizados en Cuba para adquirir bienes y servicios como transacciones sujetas a la prohibición establecida en el artículo 103”.
Pedro Freyre, abogado de Ackerman Senterfitt que asesora a compañías con interés en negociar con Cuba, cree que la intepretación de la ley que hace la actual Administración “es la correcta”.
“Estimo que la interpretación de la sección 103 de esa manera, es un poco amplia porque creo que la intención del Congreso no era limitar las transacciones de tarjetas de crédito para viajes autorizados”, opinó. “Si vas a la misma ley [Helms-Burton], en la definición de tráfico [con propiedades confiscadas], hay una excepción específica para las transacciones relacionadas con los viajes. Eso indica cuál era la intención del Congreso cuando aprobó la ley”.
Si bien la ley sí incluye esa excepción, Díaz-Balart, uno de sus impulsores, alega que “la intención legislativa del Congreso fue asegurarse que las inversiones en la isla y el financiamiento al régimen de Castro fuera ilegal. Hasta que se cambie la ley, no se puede actuar como si la ley hubiera cambiado” y “la ley no se ha cambiado, no se ha eliminado el embargo”, insistió.
Estudios legales, alineados con ambos lados del debate político sobre Cuba, llegan a conclusiones distintas, pero ambos indican que la sección 103 tendría precedencia. La firma Steptoe & Johnson LLP concluyó en enero del año pasado que las nuevas reglas para permitir importaciones cubanas, incluidas el alcohol y el tabaco, así como el uso de tarjetas de crédito y débito en la isla “eran inconsistentes con las prohibiciones en la ley de EEUU relacionadas al financiamiento indirecto de propiedad confiscada en Cuba”.
Por su parte, un estudio comisionado por el Cuba Study Group a la firma Hogan Lovells en el 2011 sobre la amplitud de los poderes ejecutivos con respecto a Cuba concluyó que el Presidente podría podría permitir a los bancos de EEUU ofrecer financiamiento a transacciones incidentales a servicios o exportaciones autorizadas a Cuba pero “cualquier autorización, sin embargo, estaría sujeta a las prohibiciones en la sección 103 de la ley Helms-Burton”.
El embargo, la burocracia cubana y la incertidumbre en año electoral frenan a compañías
Por el momento, la Administración está ganando el debate sobre qué interpretación de la ley predomina. Una decisión contraria tendría que ser tomada en una corte, y para llegar a ese punto, quienes se oponen a la nueva política reconocen que el camino es largo y arduo. “La administración sabe que está en su último año… Cuando hay un ejecutivo que está dispuesto a violar la ley o casi violarla, toma tiempo y recursos” cuestionarlo a través del sistema judicial, lamentó Díaz-Balart.
El fantasma de las demandas que podrían pender sobre las compañías estadounidenses que supuestamente “trafiquen” con propiedades confiscadas está por el momento bajo control, pues el título 3 de la ley Helms Burton, que conferiría ese derecho a los dueños con reclamaciones de ese tipo, ha sido suspendido por cada presidente desde la entrada en vigor de la ley.
Pero aunque las perspectivas de un cuestionamiento legal en las cortes parece poco probable y la Administración ha hecho esfuerzos por clarificar las regulaciones, convencer a compañías y bancos de hacer negocios en Cuba y de ese modo, consolidar su nueva política, el complejo entramado legal tejido alrededor del embargo aún en pie, pudiera ser suficiente para detener a los empresarios que prefieren no tomar grandes riesgos.
“Si te fijas en el hecho de que sólo hay un banco que está involucrado actualmente con Cuba, creo que eso te da una idea de que otros bancos no están siguiendo esa línea en este momento porque el embargo todavía están en efecto. Es muy complicado para un banco, asegurarse de que se está cumpliendo con las regulaciones del embargo”, comentó al Nuevo Herald David Schwartz, CEO de la Florida International Bankers Association (FIBA).
Schwartz subrayó que la Administración no puede ofrecer “garantías” de que los bancos no van a ser responsables si una transacción resulta al final ser ilegal. “Si la persona que usa la tarjeta de crédito no la emplea para una transacción que está autorizada eso va a ocurrir a través del banco y este corre el riesgo de ser hallado responsable por la transacción. Por eso, los bancos tienen dudas de realizar actividades con Cuba actualmente”, argumentó.
A medida que aumenten las relaciones comerciales con la isla, los debates y cuestionamientos sobre la legalidad de ciertas transacciones se harán más comunes, sobre todo, si el espinoso tema de las reclamaciones por propiedades confiscadas (definidas de modo amplio para incluir también la propiedad intelectual) no se resuelve antes.
La batalla que enfrenta a la compañía Bacardí y a la cubana Cubaexport por los derechos sobre la marca de ron Havana Club es un ejemplo. Bacardí insiste en que es la legítima dueña de la marca en EEUU y acusa al gobierno de Cuba de actuar de manera “fraudulenta” para obtener el registro de esa misma marca, al ocultar que estaba relacionada con las propiedades confiscadas a José Arrechabala S.A. en 1960, su dueño original.
Por otro lado, quedan los obstáculos que impone también Cuba, y que muchas veces dejan prácticamente sin efecto algunas de las nuevas medidas tomadas por la Administración de Obama.
El mismo anuncio de Stonegate se vio eclipsado por la aclaración del Banco Central de Cuba de que “todavía no está activo en la Isla el servicio de tarjetas de crédito emitidas por el banco Stonegate debido a que son necesarios ajustes financieros y legales entre Cuba y Estados Unidos en un proceso que no ha concluido”, según reportó el portal Cubadebate.
Algo similar pasó con el anuncio de la venta de café cubano en Estados Unidos por Nespresso, del grupo Nestlé. En abril, el Departamento de Estado agregó el café a la lista de importaciones autorizadas producidas por emprendedores privados en Cuba. Aunque Nespresso declaró que colaborará con la organización sin fines de lucro TechnoServe para trabajar con los pequeños productores de la isla, por el momento su primera producción de la edición limitada “Cafecito de Cuba” proviene de café comprado en Europa a través de una compañía exportadora estatal cubana.
En una declaración el 5 de mayo, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, controlada por el Estado cubano, dejó en claro que un mecanismo de exportación directa de café a Estados Unidos no es previsible en el futuro cercano. “Nadie puede pensar que un pequeño productor agrícola puede exportar directamente a los Estados Unidos. Para que esto sea posible tienen que participar empresas cubanas de comercio exterior y tienen que producirse transacciones financieras en dólares, que hasta ahora no se han podido concretar”, indica el comunicado.
Queda, además, en suspenso la pregunta sobre qué pasará en el futuro.
Varios expertos coinciden en que ninguno de los presuntos candidatos de ambos partidos le otorgará a la política hacia Cuba la misma prioridad que el actual ejecutivo. Mientras tanto, en la Cámara y el Senado esperan por aprobación varias propuestas sobre Cuba, unas para fortalecer las sanciones actuales y otras para relajar el embargo. Varias medidas en el proyecto de presupuesto de servicios financieros y gastos generales del gobierno intentan apretar las tuercas a las sanciones y prohibir tanto el “tráfico” con propiedades confiscadas como los negocios con compañías controladas por los militares cubanos, algo que estaría bien visto por el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, quien favorece prohibir las transacciones con entidades militares cubanas.
“También existe el riesgo de que ahora mismo existe un relajamiento de las sanciones pero estamos en un año de elecciones. ¿Qué pasaría si la próxima administración no continúa este mismo camino de relajamiento de las sanciones? Entonces, ¿que le pasaría a los bancos? El tema sigue siendo el embargo”, concluyó Schwartz.
Nora Gámez Torres:@ngameztorres
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