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EEUU mantiene a Cuba ‘en observación’ en reporte sobre tráfico de personas

Noches clandestinas: La prostitución masiva en las calles de La Habana

En febrero del 2013, un equipo de periodistas de el Nuevo Herald y el Toronto Star viajó a la isla para investigar el problema de la prostitución que afecta principalmente a las jóvenes en Cuba.
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En febrero del 2013, un equipo de periodistas de el Nuevo Herald y el Toronto Star viajó a la isla para investigar el problema de la prostitución que afecta principalmente a las jóvenes en Cuba.

El gobierno de Estados Unidos decidió mantener a Cuba en una lista “de observación” por segundo año consecutivo por no realizar esfuerzos suficientes para combatir el tráfico de personas y, en especial, la explotación sexual de menores de edad.

El informe correspondiente al 2016 confeccionado por el Departamento de Estado y publicado el jueves, afirma que el gobierno de la isla “no cumple los requerimientos mínimos” para la eliminación de la trata de personas. Aunque reconoce que las autoridades cubanas estarían dando pasos para mejorar su récord, no demostraron “de manera general que hayan aumentado los esfuerzos” en comparación con el período anterior.

En febrero del 2013, un equipo de periodistas de el Nuevo Herald y el Toronto Star viajó a la isla para investigar el problema de la prostitución que afecta principalmente a las jóvenes en Cuba.

El reporte señala que en Cuba existe el turismo sexual que involucra a niños y niñas, y que el código penal no criminaliza todas las formas de tráfico humano, en particular la explotación sexual de menores entre los 16 y 17 años.


En el 2013, una investigación conjunta de el Nuevo Herald y el Toronto Star destapó el caso del jubilado canadiense James McTurk, quien pese a haber sido condenado por pornografía infantil relacionada con Cuba dos veces, y estaba en el registro de delincuentes sexuales de Canadá, viajó a la isla en 29 ocasiones entre noviembre del 2008 y su arresto en julio del 2012.

El ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, dice que aunque el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha sido una decisión positiva, ha servido para legitimar internacionalmente al régimen castrista.

El gobierno cubano ha reconocido “de manera indirecta” la existencia de víctimas en la isla de redes internacionales de tráfico humano y explotación sexual, indica el texto del reporte, y les ha proveído ayuda. Los datos oficiales más recientes sobre el tema son del 2014, cuando las autoridades sentenciaron a 18 personas por este tipo de delito e identificaron a once víctimas menores de edad.


Cuba también fue criticada por no combatir el trabajo forzado, pese a acusaciones del personal médico que ha abandonado misiones de trabajo oficial en el extranjero. Aunque el Departamento de Estado señala que el gobierno cubano ha sido “más transparente” a la hora de ofrecer detalles de sus operaciones contra el tráfico de personas y el programa de misiones médicas, no prohíbe el trabajo forzado ni reporta sobre esfuerzos para prevenirlos, ni siquiera considera que este es un tema “que podría afectar a sus nacionales en misiones médicas en el extranjero”.

A pesar del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la ola migratoria de cubanos que hace su largo recorrido saliendo desde Sudamérica o cruzando el estrecho de la Florida, no se ha detenido.


En el 2015, Cuba fue retirada del nivel 3 de la lista, en el que se incluye a los países con el peor récord en temas de trata de personas y trabajo forzado y elevada a la “lista de observación del nivel 2”, una decisión que fue cuestionada por varios congresistas, quienes alegaron que habría estado motivada políticamente debido a la decisión de la Administración de Barack Obama de restablecer relaciones diplomáticas con ese país.

Esa clasificación corresponde a países con un número considerable o en aumento de víctimas de formas severas de tráfico y cuyos gobiernos no cumplen los requisitos mínimos definidos en la ley de protección de víctimas de la violencia y el tráfico aprobada en el 2000. Adicionalmente, los gobiernos de esos países no han ofrecido evidencias de haber incrementado sus esfuerzos para enfrentar esa situación pero han realizado “compromisos” de que lo harán el próximo año.


Un funcionario de alto nivel en el Departamento de Estado aclaró el miércoles que si bien gran parte de los datos que utiliza el reporte provienen de los propios países, esa información forma parte de una evaluación más general que incluye otras fuentes. “Muchos no siempre están contentos con la clasificación que terminamos ofreciendo en el informe y pueden estar en desacuerdo con nuestras conclusiones”, dijo.

Por su parte, el secretario de Estado John Kerry destacó en su introducción que el objetivo del reporte es “proveer evidencias y hechos” que ayuden a combatir estos delitos además de “fuertes incentivos” para que los gobiernos hagan “todo lo que puedan” para prevenirlos y luchar contra ellos, así como apoyar a las víctimas y proteger a los grupos más vulnerables.

Durante la ceremonia de publicación del informe el jueves, Kerry aclaró que el sistema de clasificaciones del reporte no toma en cuenta factores políticos y está basado en “criterios” definidos.

Nora Gámez Torres: @ngameztorres

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