Venezuela

La oposición llama a desconocer al gobierno de Maduro

El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges (c), comparece en una rueda de prensa el martes 20 de junio de 2017, en Caracas (Venezuela). La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su decisión de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al tiempo que llamó a organizar una 'protesta permanente'.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges (c), comparece en una rueda de prensa el martes 20 de junio de 2017, en Caracas (Venezuela). La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su decisión de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al tiempo que llamó a organizar una 'protesta permanente'. EFE

La oposición venezolana se declaró en rebelión, invocando el artículo 333 de la Constitución que insta al pueblo venezolano a desconocer al régimen de Nicolás Maduro y a entrar en una etapa de “protesta permanente” hasta que se produzca un cambio de gobierno.


La decisión de la oposición se produjo pocas horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara que emprendió los trámites para enjuiciar a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, luego de que la otrora pilar del chavismo advirtiera que comenzaría a investigar la corrupción dentro del régimen.

Pero son los planes de Maduro de modificar a fuerza la constitución venezolana a través de una Asamblea Constituyente –que él escogería a dedo– lo que llevó a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a invocar el artículo 333, que convoca a todos los venezolanos a unir esfuerzos para defender a la Carta Magna cuando ésta es amenazada.

“Convocamos a todo el pueblo […] a organizar la gran protesta nacional permanente que se realizará en todo el territorio al mismo tiempo hasta lograr el cambio de gobierno y la restitución del orden constitucional”, expresó el jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie”, agregó.

En un discurso pronunciado en nombre de la MUD, Borges aseguró que ese “desconocimiento del régimen” incluirá el “nombramiento de nuevos poderes públicos y el llamado a elecciones libres para un nuevo gobierno”.

Un joven resultó herido de bala este lunes en Altamira, Venezuela, en un enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana.

El artículo 333 de la Constitución establece que “el pueblo de Venezuela […] desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Horas antes, el régimen había dado los primeros pasos para anular a la fiscal, ordenando al servil TSJ que prepare su enjuiciamiento, pese a que no está facultado para hacerlo.

La decisión, que profundiza las fisuras internas del chavismo y de las fuerzas armadas, se produce horas después de que Ortega diera señales de que pretende investigar la corrupción dentro del régimen.


“La decisión de la fiscal aceleró [...] que el TSJ tenga ‘las bolas’ de tratar de hacer lo que van a hacer. Y lo van a hacer, les dieron la orden”, confirmó una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

El Tribunal Supremo de Justicia confirmó en la tarde del martes que había aceptado la solicitud interpuesta por el diputado oficialista Pedro Carreño, solicitando al máximo tribunal de Venezuela que decidiera si existen suficientes razones para enjuiciar a la fiscal, en un procedimiento conocido como “Antejuicio de Mérito”.

“La Sala Plena [del TSJ] admitió en cuanto ha lugar en derecho, la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, dijo la máxima corte en un breve pronunciamiento.

El TSJ, sin embargo, no está facultado para tomar la decisión de enjuiciar a la fiscal, advirtió desde Caracas el constitucionalista Leonardo Palacios.

“Esa decisión le corresponde a la Asamblea Nacional”, dijo Palacios. “Eso [el pronunciamiento del TSJ] no tiene razón de ser… es una treta antijurídica y anticonstitucional. No tiene razón de ser y evidencia que aquí [en Venezuela] no hay un estado de derecho”, manifestó Palacios.


La decisión del TSJ amenaza con profundizar aún más las divisiones entre un sector "madurista" y otro sector que teme que el gobernante traicionó el legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Alrededor de la fiscal se está alineando un importante grupo de chavistas que siente alarma por la situación del país y por los planes del madurismo de reemplazar la Constitución impulsada por Chávez a través de una Asamblea Constituyente escogida a dedo por el gobernante, explicó desde Washington Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends.

Particularmente peligroso para Maduro es el riesgo de que la fiscal comience a investigar la enorme corrupción dentro del régimen.


“Tiene mucha información, es una amenaza para la sobrevivencia del régimen, porque la fiscal con diez años de experiencia como Fiscal General conoce todos los secretos del madurismo”.

El lunes, la fiscal dejó entrever que se disponía a concentrarse en la corrupción del gobierno de Venezuela, país señalado por años como el más corrupto de América Latina por la ONG Transparencia Internacional.

“¿Por qué no hay alimentos y medicinas? ¿Será que los recursos son utilizados para fines distintos? No sé, no puedo asegurarlo, pero sería bueno que los fiscales anticorrupción investiguen”, dijo Ortega en un discurso en la sede de la Fiscalía, en el centro de Caracas.

La fiscal también resaltó de advertir la necesidad de investigar los presuntos vínculos entre el narcotráfico y la máxima cúpula del régimen.

“El tema de la droga hay que investigarlo”, agregó.


Funcionarios de alto rango, entre ellos el vicepresidente Tareck El Aissami, han sido sancionados por Estados Unidos que los acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Esas declaraciones debieron haber sacudido los cimientos del chavismo, y cambiaron la naturaleza del enfrentamiento entre el régimen y la fiscal, opinó De La Cruz.

“Debió disparar las alarmas dentro del gobierno porque genera una situación donde la lucha ya no se trata de una pugna sobre la constitucionalidad de la forma en que el gobierno de Maduro entiende la legalidad del país cuando quieren imponer su Asamblea Constituyente”, dijo De La Cruz.

“Con el discurso de ayer (lunes), en el que desnudó que habían actos de corrupción, allí la fiscal muestra que hay casos que ella puede utilizar para abrir una causa contra funcionarios que hoy están en la cúpula del madurismo”, manifestó.

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Este artículo fue complementado con los servicios cablegráficos de el Nuevo Herald

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