Venezuela

Crece la presión contra la prensa venezolana

A pocos días de las elecciones regionales del 23 de noviembre, el gobierno de Hugo Chávez ha incrementado la presión contra los medios y periodistas independientes.
A pocos días de las elecciones regionales del 23 de noviembre, el gobierno de Hugo Chávez ha incrementado la presión contra los medios y periodistas independientes. EL NUEVO HERALD

A medida que se acerca la fecha de las elecciones regionales del 23 de noviembre, las presiones contra los medios de comunicación en Venezuela han experimentado un inusitado incremento, con ataques variados que incluyen desde acusaciones de golpistas contra propietarios de medios, acoso en aeropuertos del país a presentadores de la radio y televisión privadas, y protestas violentas con estallidos de bombas.

En menos de 10 días, importantes directivos de medios fueron acusados de fraguar un magnicidio y un golpe de estado, varios sicarios intentaron matar a un influyente columnista en el estado Bolívar, al sur del país, y casi toda la plantilla de periodistas de una emisora de radio en el estado Carabobo fue despedida por presiones del candidato oficialista local, según denunciaron a El Nuevo Herald los propios periodistas afectados.

El fin de semana pasado, en uno de los ataques más violentos hasta ahora contra un periodista, dos supuestos sicarios dispararon a quemarropa contra Eliécer Calzadilla, columnista y abogado del diario El Correo del Caroní, en el estado Bolívar, un diario que mantiene una línea crítica contra el gobierno chavista.

Calzadilla, que lleva dos décadas como columnista del rotativo, es conocido por sus denuncias contra la corrupción del gobierno del estado Bolívar. A pesar de que recibió un impacto de bala en la base del cuello, el periodista sobrevivió el atentado y fue capaz de dictarle a su hija la columna de este próximo domingo.

Diversas organizaciones, entre ellas el Colegio Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF), pidieron una investigación exhaustiva del ataque.

En otro episodio violento la semana pasada, una bomba lacrimógena estalló en la sede de uno de los canales de televisión más críticos del gobierno, Globovisión, mientras que su propietario y presentadores y periodistas del canal fueron declarados "objetivo militar'' por un grupo conocido como La Piedrita, que dirige la conocida líder chavista Lina Ron.

También la semana pasada, tres influyentes personalidades de radio y televisión denunciaron acosos e intento de amedrentamiento por autoridades del aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando llegaban de viajes fuera del país.

Las denuncias fueron presentadas por Carla Angola y Leopoldo Castillo, ambos conductores de populares programas de televisión que son críticos al gobierno en el canal Globovisión, y el periodista César Miguel Rondón, que conduce un espacio radial diario con cobertura nacional en la emisora Unión Radio de Caracas.

A un cuarto viajero, el profesor Heinz Sonntag, sociólogo de origen alemán y académico de la Universidad Central de Venezuela, que es miembro del opositor Movimiento 2D, le anularon su pasaporte a pesar de que es ciudadano venezolano desde hace más de 20 años.

Sonntag no descartó que la medida esté relacionada con las recientes acusaciones lanzadas por el gobierno contra la agrupación, que reúne a destacados intelectuales venezolanos que defienden una sociedad más democrática.

De hecho, varios miembros de este movimiento, fundado en alusión a la fecha del referendo consultivo que rechazó la reforma constitucional chavista en diciembre pasado, han sido acusados de conspiradores por parte del gobierno.

El principal señalado es Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional, quien preside el movimiento y es fuertemente crítico de las políticas del gobierno chavista.

Al rechazar los señalamientos, Otero declaró que la "persecución'' contra medios privados independientes es una "cortina de humo'' para acallar varios escándalos que han afectado recientemente la imagen del gobierno, como el caso de la muerte del fiscal Danilo Anderson y el juicio que se sigue en Miami por el caso del maletín con $800,000 que le fue confiscado a un empresario venezolano en un aeropuerto de Buenos Aires.

La presión se ha dejado sentir incluso en medios de comunicación cuyos propietarios están vinculados con el gobierno.

Un programa de televisión con análisis y entrevistas a políticos tanto chavistas como de la oposición, con un tono a veces crítico, conducido por el periodista y ex diplomático chavista Vladimir Villegas, ex embajador de Venezuela en México y Brasil, fue suspendido abruptamente a principios de mes.

Contrapeso, el programa de Villegas, que conducía junto a la periodista Idania Chirinos, era transmitido por el Canal I, cuyo propietario es Willmer Ruperti, un acaudalado empresario petrolero vinculado al oficialismo.

Aunque el programa fue suspendido por razones estrictamente administrativas, según aseguró su presidenta Maripili Hernández, ex vicecanciller y también periodista, el propio Villegas dijo en una entrevista que "mis puntos de vista críticos a un gobierno y a un proceso que he apoyado, tienen algo que ver en este asunto''.

"Es una política del gobierno contra los medios de comunicación, contra el derecho a la información'', opinó el periodista Alberto Jordán, un ex diputado que fue miembro del partido chavista Movimiento V República (MVR), y que luego se convirtió en disidente y opositor al régimen.

Jordán cuestionó la actuación de organismos oficiales frente al ataque con bomba realizado contra el canal opositor Globovisión, criticando la justificación ofrecida por el propio ministro del Interior y Justicia, Tarek El-Aissami, de que el ataque se debió a que Globovisión es un canal ‘‘golpista''.

Antes del atentado, Globovisión y su propietario Alberto Ravell habían sido señalados por el propio presidente Hugo Chávez como integrantes de una compleja conspiración para deponerlo y eliminarlo físicamente. Chávez dijo que en el plan participaron otros "oligarcas de los medios'' como los propietarios de los diarios El Nacional y El Universal.

"Eso es el imperio que está detrás, andan buscando la manera de detener nuestra revolución y con ello golpear a todos los procesos de cambio que están en marcha en nuestra América, en el Caribe, en Centroamérica'', señaló el presidente Chávez al denunciar la supuesta conspiración.

La denuncia del mandatario venezolano fue ratificada por su ministro de Información Andrés Izarra, quien afirmó que grandes medios de comunicación privados de Venezuela estarían involucrados en los supuestos planes de magnicidio.

"Hay grandes medios involucrados en esto'', dijo Izarra.

"Es inaceptable que constantemente se utilice el argumento del golpe de Estado para amordazar, intimidar e incluso amenazar a toda la prensa critica con el gobierno'', indicó un comunicado de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitido la semana pasada.

RSF también pidió una aclaración sobre la absolución del principal sospechoso del asesinato del periodista Mauro Marcano, ocurrido a principios del 2005 en el estado oriental de Monagas, por denuncias que realizó sobre una vasta red de narcotraficantes.

Ceferino García, absuelto por un jurado que no encontró pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de Marcano, había sido señalado por el periodista de ser el más importante jefe del narcotráfico en la región, con importantes conexiones con altos oficiales militares.

La semana pasada, media docena de periodistas de tres emisoras de radio en la localidad de Puerto Cabello, en la costa central de Venezuela, fueron retirados de sus programas presuntamente por presiones del gobierno local, debido a que mantenían una línea crítica.

"Puerto Cabello prácticamente se quedó sin espacios de opinión críticos'', dijo a El Nuevo Herald el periodista Juan Carlos Núñez, uno de los afectados por la decision.

Núñez explicó que los programas radiales fueron suspendidos por los dueños de las emisoras, luego de que las autoridades municipales amenazaron con presentar denuncias de supuestas violaciones cometidas ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que regula el sector.

ocasto@herald.com

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