Venezuela

Acusan a Santos de colaborar con la represión chavista al deportar a Lorent Saleh

Lorent Saleh en una foto de archivo. El gobierno colombiano argumentó que Saleh había violado las leyes del país al emprender actividades proselitistas desde su territorio.
Lorent Saleh en una foto de archivo. El gobierno colombiano argumentó que Saleh había violado las leyes del país al emprender actividades proselitistas desde su territorio.

Representantes de la comunidad venezolana en Miami expresaron el lunes indignación por la decisión del gobierno colombiano de deportar a Venezuela a Lorent Saleh y a otro dirigente estudiantil, acusando al presidente de ese país, Juan Manuel Santos, de alinearse con un régimen ampliamente denunciado por sus violaciones a los derechos humanos.

Los dirigentes juveniles Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles Sguerzi, quienes están bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela (SEBIN), fueron expulsados esta semana de Colombia, donde habían buscado refugio de la feroz represión que el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido contra la disidencia.

Al explicar su decisión, el gobierno colombiano argumentó que Gómez Saleh había violado las leyes al emprender actividades proselitistas desde territorio colombiano.

Pero para algunos activistas venezolanos que residen en Estados Unidos, la decisión de Bogotá no es más que una muestra más de la disposición del gobierno de Santos de complacer al régimen de Maduro, aún sabiendo que pisotea los derechos humanos y los valores democráticos en Venezuela.

“El gobierno de Juan Manuel Santos demuestra su pragmatismo […] al entregar a dos perseguidos políticos venezolanos a un régimen como el de Venezuela, ya mundialmente conocido por su constante y flagrantes violaciones a los derechos humanos”, declaró José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

“Las autoridades colombianas han podido, en caso de que fuera cierto que los dos estudiantes violaron las leyes migratorias, haberles dado un plazo para que abandonaran el territorio colombiano tomando en cuenta que son perseguidos políticos del régimen venezolano”, agregó Colina en un comunicado.

La gran preocupación de la comunidad venezolana es que los estudiantes sean sometidos a torturas, como ha sucedido con otros activistas que participaron en las manifestaciones de protestas realizadas contra el régimen este año.

Yoslin Sánchez, dirigente nacional del partido Voluntad Popular, dijo que su organización política sabe de primera mano que dirigentes de la oposición están siendo torturados en las cárceles chavistas.

“Nosotros, por ejemplo tenemos el caso de Alexander Tirado, un dirigente estudiantil que tenemos preso. Ese joven ha sido torturado con electricidad y ha sido sometido a golpes y nadie ha respondido por eso.

Pero el caso más emblemático del partido es el de su líder, Leopoldo López, quien continúa incomunicado en la cárcel y bajo condiciones que claramente violan sus derechos humanos, dijo Sánchez desde Miami.

La dirigente venezolana se mostró extrañada sobre la decisión del gobierno colombiano sobre los jóvenes venezolanos.

“Es muy preocupante esta situación porque evidentemente refleja una posición del gobierno de Santos que realmente no entendemos”, comentó.

“Nos sentimos realmente abandonados por la diplomacia internacional de pueblos latinoamericanos, que bien se acomodan a los intereses particulares, dejando de lado los valores”, agregó.

Otras organizaciones políticas venezolanas también se pronunciaron en contra de la decisión de Bogotá, incluyendo el partido Un Nuevo Tiempo que en un comunicado acusó al gobierno de Santos de violar los derechos de Gómez Saleh.

“La expulsión de un extranjero de territorio colombiano puede ser legítima. Pero el caso de Lorent Saleh, es absolutamente reprochable, ya que su expulsión fue más allá de un acto de soberanía del Estado colombiano, fue un acto fraudulento entre autoridades policiales, sin existir la orden de un tribunal competente”, declaró la organización política.

“Las autoridades migratorias sin mediar un proceso de extradición, y de facto, lo entregaron en la frontera a la Policía Política venezolana, con lo cual le violaron el derecho al debido proceso, al libre tránsito, a la libertad personal, y lo que es peor, se encuentra en condición de desaparición forzosa desde su captura. Su familia, abogados y el pueblo de Venezuela no saben absolutamente nada de su paradero”, agregó.

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