Venezuela

Oposición venezolana lanza desafío a Chávez

Los gobernadores y alcaldes de la oposición, reunidos ayer en esta capital, se declararon en emergencia nacional y anunciaron actos de resistencia cívica en todos los estados del país contra los intentos del gobierno del presidente Hugo Chávez de menoscabar el poder y los recursos de las administraciones regionales.

"No vamos a aceptar estas presiones, estos arrebatos, estas amenazas. La resistencia democrática seguirá en la calle, la movilización no cesará mientras exista un proceso de recentralización y un proceso de criminalización de la política en Venezuela'', dijo Pablo Pérez, gobernador del estado Zulia, que actuó como vocero del grupo de opositores.

El gobernador advirtió además que la oposición "no tiene miedos de persecuciones, de amenazas, jamás lo hemos tenido. Algunos tendrán armas y tanquetas, nosotros tenemos el apoyo del pueblo'', afirmó.

El presidente Chávez anunció el domingo que el gobierno central, con el apoyo de los militares, asumió el control de los principales puertos y aeropuertos, la mayoría de los cuales estaban en manos de gobernadores opositores. Ayer el mandatario firmó dos decretos que crean los organismos encargados de supervisar los puertos y aeropuertos del país.

Los dirigentes opositores tienen contemplado solicitar la intervención de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA) y la Internacional Socialista, además de la posible mediación de algún país como Brasil, para contrarrestar los ataques contra los gobernantes de la oposición, como es el caso el alcalde de Maracaibo y ex candidato presidencial Manuel Rosales, que enfrenta acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito por parte del gobierno de Chávez.

"El principio de recentralización es típico de las mentalidades militares que piensan que el país es un cuartel. Resistiremos cuanto haya que resistir con los recursos que nos dé la Constitución'', dijo Henry Ramos Allup, dirigente del partido opositor Acción Democrática.

El gobernador del capitalino estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky, dijo en una entrevista con El Nuevo Herald que existe una "línea muy delgada que separa la sociedad de la violencia generalizada'', debido a los ataques del gobierno contra las administraciones regionales.

De momento no hubo una reacción oficial al anuncio de la oposición.

La transmisión de la conferencia de prensa de los gobernadores y alcaldes a través de varios medios de información, fue interrumpida para dar paso a un discurso del presidente Chávez en cadena nacional de radio y televisión desde la academia militar.

"Cuando hablamos de resistencia y movilización democrática, lo hacemos porque en el país hay una evidente violación de la Constitución'', aseguró Rosales en la conferencia de prensa.

El dirigente opositor recordó que durante la campaña en febrero pasado, el presidente Chávez "ofreció diálogo, amor y paz'', pero que luego del referendo que aprobó la reelección indefinida, el mandatario venezolano "ha construido una estrategia para minimizar, criminalizar y destruir a los gobernadores y alcaldes que fueron electos''.

Por otro lado, Rosales detalló que además de la transferencia del control de puertos y aeropuertos regional al gobierno central, el chavismo está afinando la aprobación de un conjunto de leyes para agudizar la persecución contra líderesopositores.

"Se quiere crear un estado de terror, de persecución en contra de los que pensamos distinto del gobierno'', afirmó.

En cuanto al proceso que se le sigue, explicó que la Fiscalía General ha violado las disposiciones legales cuando reubicó el caso en un tribunal de la capital, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado sobre una petición de los abogados de Rosales respecto a la procedencia de esta reubicación.

Rosales negó que conociera o se hubiese reunido con cuatro juezas que fueron destituidas la semana pasada en el estado Zulia por presuntamente haber participado en un encuentro con el líder opositor, según denunció el diputado oficialista Calixto García.

"Nunca conocí o sostuve encuentro con esas personas'', dijo Rosales, quien denunció que se trató de una maniobra para nombrar a cuatro nuevas juezas que estén comprometidas con el gobierno.

También detalló que la Contraloría General no ha aceptado pruebas suyas que presentó para justificar una gran parte de los 147,000 bolívares fuertes (unos $70,000) de ingresos supuestamente injustificados, sobre los que se basa el caso judicial de Rosales.

"La negativa de la contraloría de aceptar las pruebas presentadas es una violación de la garantía constitucional del debido proceso'', indicó Rosales.

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