Venezuela

Globovisión: Chávez sí se atreverá a cerrar el canal

Antonio Ledezma acude al CNE para proponer referendo consultivo sobre la aceptación de Jacqueline Farías como autoridad única del distrito capital.
Antonio Ledezma acude al CNE para proponer referendo consultivo sobre la aceptación de Jacqueline Farías como autoridad única del distrito capital. Cortesía de El Universal

El gobierno venezolano arreció el lunes la campaña contra los medios de comunicación y los periodistas críticos del chavismo, anunciando juicios y medidas administrativas que podrían conllevar la cárcel. También amenazó con el cierre de Globovisión, el único canal de televisión privado que cuestiona abiertamente al presidente Hugo Chávez.

Grupos opositores alertaron el lunes sobre la urgencia de "defender la libertad de expresión'', mientras que periodistas independientes que son objeto de acciones legales anunciaron que enfrentarán la "persecución judicial'' por parte del gobierno.

"El pueblo de Venezuela se declara en estado de alerta y va a movilizarse para defender la libertad de expresión. Anunciamos de antemano el compromiso para defender las señales de los canales y emisoras que pudieran ser afectados'', dijo el lunes el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, al anunciar una alianza de toda la oposición para defender las libertades en Venezuela.

La medida del cierre de Globovisión podría anunciarse tan pronto como esta semana, advirtió el lunes su director, Alberto Ravell, en una entrevista con El Nuevo Herald.

"Pienso que Chávez sí se va a atrever a cerrar el canal, y va a tener que medir las consecuencias'', indicó Ravell. "Cerrarán el único canal de televisión que le informa a la comunidad nacional lo que realmente sucede en el país''.

Ravell dijo que la furia del gobierno había caído sobre Globovisión por los periodistas de investigación que informaban sobre las violaciones a la Constitución, "sobre la corrupción, la falta de alimentos, la falta de respeto por la propiedad privada, y eso molesta mucho al gobierno''.

"En Venezuela hay una persecución acelerada contra los periodistas'', destacó Ravell.

También acusó al ex vicepresidente, José Vicente Rangel, de instigar el cierre del canal por haber informando sobre la corrupción de su hijo, José Vicente Rangel Avalos, cuando éste era alcalde del municipio capitalino de Sucre.

Calificándola de "forajida y racista'', así como de crear "zozobra y terror'' en la población, el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el lunes a Globovisión de aprovecharse de la libertad de expresión para promover "el terrorismo mediático contra la democracia venezolana''.

Maduro se hizo eco de Chávez, quien el pasado domingo amenazó abiertamente con el cierre del canal.

"Pónganse a creer en que yo no me atrevo. Se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento'', dijo Chávez durante una presentación en cadena nacional de su programa Aló, Presidente. "Están jugando con fuego, manipulando, incitando al odio todos los días. Eso no va a continuar así''.

Maduro se refirió a los avances informativos de Globovisión, incluyendo un reporte del propio Ravell sobre el terremoto de 5.4 grados en la escala de Ritcher que sacudió Caracas en la madrugada del 4 de mayo, minutos antes de que el canal estatal Venezolana de Televisión ofreciera la versión oficial del hecho.

"Una cosa es informar sobre un movimiento sísmico o sobre las lluvias y otra cosa es utilizar un hecho natural para generar zozobra y terror en la gente, para aprovecharlos políticamente con fines reñidos con la Constitución y la tranquilidad del pueblo'', comentó Maduro.

"Nos castigan por dar una primicia'', respondió Ravell a los señalamientos oficiales.

Precisó que, media hora después del sismo, no había información disponible en los canales estatales. Por lo tanto, decidió salir al aire utilizando la página electrónica del Servicio de Geología de Estados Unidos, que se nutre de datos provistos por Funvisis, el organismo venezolano que estudia los terremotos.

"Dije que no había muertos o heridos ni daños, pero critique la actitud de los medios del gobierno, que no habían hablado'', señaló Ravell. "A ellos les molestó muchísimo que nosotros saliéramos primero dando la noticia''.

Como consecuencia de este hecho, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), abrió un procedimiento administrativo contra Globovisión, el tercero desde que comenzaron las amenazas oficiales, lo cual pudiera costarle la licencia de transmisión.

"Nos vamos a defender de cualquier procedimiento, y nos estamos preparando con nuestros abogados para demostrar que no dijimos nada inconveniente, pero Conatel es un organismo politizado'', precisó Ravell, y añadió que seguirá en el país. "Iremos a Miami de paseo, no como asilados''.

Maduro también anunció el lunes la integración de un equipo de abogados para demandar penalmente al periodista Nelson Bocaranda, por revelar en su columna del diario El Universal la dirección del edificio donde reside con su familia el actual alcalde de Libertador y alto dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez.

Bocaranda fue amenazado tras publicar que Rodríguez vive en un apartamento superior a $1 millón en una zona exclusiva del noreste de Caracas, que utiliza vidrios blindados para sus ventanas y que "su caravana de protección asusta a los vecinos'', en un claro ejemplo de "doble cara robolucionaria''.

"Vamos con todo contra Nelson Bocaranda. Lo vamos a perseguir hasta debajo de las piedras para que aprenda a respetar a la familia venezolana'', dijo el diputado chavista Carlos Escarrá, que presidirá el equipo de abogados.

El lunes, en el estado Táchira, el periodista Gustavo Azócar acudió a los tribunales para atender una notificación de que un caso en su contra será nuevamente reabierto. Azócar, que ha sido un fuerte crítico del gobierno, está acusado desde el 2000 de presunto enriquecimiento ilícito y estafa en un contrato con la Lotería del Táchira.

"Hemos soportado nueve años esta patraña que se intentó desde el año 2000 en contra de nosotros, y en todo momento hemos dado la cara'', declaró Azócar a la salida del tribunal. ‘‘Tenemos 38 meses firmando cada 30 días el libro del tribunal''.

Azócar dijo que la reapertura de su caso forma parte de una persecución contra periodistas y medios críticos, y que tiene las pruebas de su inocencia en un expediente de más de 1,800 páginas.

"Aquí no hay miedo'', advirtió.

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