Venezuela

Firma de Miami demanda a PDVSA por soborno

Bomba de extracción de petróleo ubicada en las inmediaciones de la sede de PDVSA en Maracaibo, Zulia.
Bomba de extracción de petróleo ubicada en las inmediaciones de la sede de PDVSA en Maracaibo, Zulia. Getty Images

Los dueños de una firma de Miami denunciaron que el gobierno venezolano les canceló un contrato multimillonario, después de que se negaron a pagar un alegado soborno de $2 millones, según documentos de una demanda radicada en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Miami.

La demanda presentada por Tomás González y Pablo Cárdenas, propietarios de la firma exportadora de alimentos Dexton Validsa, Inc., alega que las empresas estatales venezolanas Bariven, S.A. y PDVSA Services, Inc. (PSI), cancelaron cinco contratos para el suministro de carne de res, pollo y azúcar refinada por un valor de unos $195 millones. Los envíos estaban destinados al programa alimenticio del gobierno venezolano.

González y Cárdenas, ambos venezolanos radicados en el sur de la Florida, mencionan en la demanda iniciada en junio del 2008 que Juan Carlos Chourio, un presunto enviado de Bariven, les pidió $2 millones como garantía de que los contratos no serían cancelados. La demanda pudiera costar más de $100 millones a Caracas.

El alegado soborno fue reiterado, indican los documentos de la demanda, en varios encuentros en Miami. El último encuentro fue celebrado el 27 de marzo del 2008 en el restaurante Houston, de Coral Gables. Ese mismo día, Dexton Validsa recibió un correo electrónico desde la sede de Bariven, indicándoles que "no había cumplido completamente con los envíos bajo el contrato firmado en el 2007''.

Bariven, con sede en Caracas, controla las compras internacionales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); PSI es el brazo de adquisiciones de Bariven en Estados Unidos, y radica en Houston, Texas.

Según los demandantes, Chourio dijo que era un enviado de George Kabboul, presidente de Bariven, S.A. y de PSI. También afirman que se presentó a sí mismo como un "cercano confidente'' de Luis Hernández, jefe de las operaciones de Bariven en Brasil. De acuerdo con los demandantes, Chourio aseguró que tanto Hernández como Kabboul "lo habían enviado para que exigiera el pago de la comisión''.

La última mención que se hizo sobre el tema del soborno se produjo a principios de abril del 2008 en el hotel Gran Meliá de Sao Paulo, indica la demanda. González y Cárdenas habían ido a Brasil a reunirse con los directivos de la firma Quatro Marcos, su mayor proveedor de alimentos.

Allí Chourio insistió en el tema diciendo que los contratos de suministro de alimentos "iban a ser cancelados'' por la negativa a pagar el soborno, agregaron los demandantes. La suspensión de los contratos llegó finalmente el 8 de abril del 2008.

El Nuevo Herald no pudo obtener reacciones a la demanda por parte de Bariven, S.A., ni de PSI, luego de varias llamadas telefónicas. Brian Mark Silverio, de la firma Silverio & Hall, en Miami, que representa a las empresas demandadas, declinó comentar a El Nuevo Herald. Neal Austin y Anthony Mirenda, abogados del bufete Foley Hoag, de Boston, Massachusetts, que representan a Bariven y a PSI, no respondieron llamadas.

Tampoco se pudo contactar a Chourio.

Adolfo Jiménez, de la firma Holland & Knight, de Miami, que representa a Dexton Validsa, indicó que los contratos fueron cancelados injustificadamente.

"Dexton Validsa se negó a pagar el soborno ilegal, y esa es la única razón por la que estamos en este pleito legal'', declaró Jiménez.

Añadió que la cancelación injustificada de los contratos se debió a "la responsabilidad absoluta del mal oficio de George Kabboul'', a quien acusó de haber manejado a Bariven y PSI "de acuerdo a su afán y capricho, y contra los propios intereses de estas empresas estatales en servir al pueblo venezolano''.

Dexton Validsa acordó un cronograma de envíos parciales de los productos requeridos por Bariven, por los cuales recibió un adelanto de unos $44.5 millones en total.

Según los documentos de la defensa contenidos en la demanda, Bariven suspendió los contratos con Dexton Validsa debido a una serie de presuntos retrasos en los envíos de alimentos a Venezuela. También argumentaron que Dexton Validsa no concretó ningún envío de carga a Venezuela hasta el 12 de junio del 2008, día en que se iniciaron las acciones legales contra Bariven y PSI.

Igualmente, la defensa puso en tela de juicio la capacidad de Dexton Validsa para cumplir con los contratos, indicando que nunca mostraron un portafolio de clientes y que sus primeros contratos fueron los que suscribió con Bariven y PSI.

En su declaración jurada, Kabboul dijo que no tenía intereses personales en las operaciones de adquisición de alimentos.

"No he recibido ni recibiré ningún tipo de pago relacionados con este proceso'', indicó.

El testimonio de Kabboul se contradice respecto a su relación con Chourio. Al principio aseguró que no lo conocía. Luego reconoció saber que Chourio y el segundo a bordo en Bariven, Eusebio Sabate, están relacionados. La esposa de Chourio es prima de la de Sabate, según la declaración jurada. También admitió que había ordenado investigar a Chourio por parte de la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA. No se revelan las razones que motivaron la pesquisa.

Los abogados de Dexton Validsa afirmaron además que Chourio viajó en el mismo vuelo a Sao Paulo que realizó Kabboul para comprar alimentos brasileñas en abril del 2008 y que se hospedaron en el mismo hotel.

Documentos de la demanda indican cómo una vez que se suspendió el contrato Kabboul ordenó negociar directamente con los proveedores de Dexton Validsa, "a precios significativamente más altos''.

Entre las operaciones citadas en los documentos se encuentra la adquisición de 20,000 toneladas métricas de carne de res a la firma brasileña West Meat, a un precio de $4,900 cada tonelada, casi $600 por encima del precio ofrecido por Dexton Validsa. O sea, más de $11.5 millones de sobreprecio.

Dos fuentes confirmaron a El Nuevo Herald que Kabboul fue separado de su cargo y asignado a una división de PDV Naval, filial de PDVSA controlada por Asdrúbal Chávez, primo del Presidente. Kabboul es también hermano de Fadi Kabboul, director de Planificación de PDVSA.

El caso ofrece además detalles hasta ahora desconocidos de la activa participación de cubanos en las negociaciones de PDVSA para adquirir alimentos en mercados internacionales, a través de empresas como Alimport, Surimpex o Cuba Control. Ninguna de estas empresas forman parte de la demanda.

De acuerdo a la declaración jurada de Hernández, el jefe de operaciones de Bariven en Brasil, las firmas cubanas Alimport y su afiliada Surimpex formaron parte de una de las cinco comisiones que el gobierno venezolano ordenó crear para comprar alimentos en el mercado internacional a fines del 2007, a fin de atender la escasez que sobrevino en Venezuela en ese momento.

La orden de que técnicos cubanos asesoraran al gobierno venezolano en este rubro fue emitida por Kabboul, dijo Hernández en su testimonio.

Agregó que todas las adquisiciones de alimentos realizadas por Bariven en Brasil fueron inspeccionadas por la empresa Cuba Control, un consorcio de La Habana que inspecciona las compras cubanas de alimentos en Brasil.

"Se nos dio la instrucción de incluir las ofertas de servicios de Cuba Control, como la compañía responsable en el futuro de la supervisión o contabilidad de los cargamentos'', dijo Hernández.

En ocasiones los cubanos actuaban como mediadores principales por parte de Bariven en las negociaciones de compra de alimentos, indicaron otros testimonios contenidos en la demanda.

En febrero del 2008, un representante de la firma cubana Alimport, identificado como Ricardo Franco Navas, habló en representación de PDVSA con la productora brasileña de alimentos Quatro Marcos con el propósito de negociar un contrato de suministro para el programa alimentario de Venezuela, aseguró María Clara Malutta, ejecutiva de Quatro Marcos, en una declaración jurada.

La firma brasileña, que mantenía un contrato de exclusividad con Dexton Validsa para suministrar alimentos a Bariven, declinó negociar directamente con PDVSA, precisó Malutta en la misma declaración.

En total, PDVSA podría enfrentar reclamos por unos $200 millones si prosperan dos demandas introducidas por sendas firmas exportadoras en tribunales federales de Miami, relacionadas con suspensión de contratos de alimentos.

La empresa Exim Brickell, con sede en Miami, introdujo recientemente una demanda contra Bariven, en la cual exige una compensación superior a los $77 millones por suspensión de pagos y daños causados por la violación de cláusulas contractuales.

"Quedan 13,000 toneladas métricas de leche en polvo por pagar, según el contrato, que todavía no han sido embarcados'', dijo el abogado José Ferrer, de la firma Baker & McKenzie, que representa a Exim Brickell.

Ferrer detalló también que no han recibido el pago de otras 3,000 toneladas de leche importada de China que ya fue enviada a Venezuela. Según él, este pago totaliza $14.3 millones.

Recientemente, los representantes de Bariven y PSI introdujeron una petición para desestimar los cargos y cerrar el caso, bajo el argumento de que Exim Brickell incumplió con los términos del contrato.

Otra firma con sede en Miami, Alox International LLC, una subsidiaria de Lab Essential, Inc., de Houston, Texas, está exigiendo el pago de casi $6 millones "por violación del contrato y pérdida del pago inicial'', según documentos de la corte federal de Miami.

Alox firmó un contrato con Bariven para suministrar unas 19,000 toneladas métricas de harina de trigo y 4,000 de margarina en marzo del 2008. El contrato fue suspendido en julio sin razones aparentes, indicaron los abogados de Alox.

Los representantes legales de Bariven también declinaron comentar sobre estas demandas.

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