Venezuela

Obispos denuncian "atropellos" a manifestantes en Venezuela

La cúpula de la Iglesia católica denunció el lunes que en el país se está cometiendo una "oleada de atropellos" contra manifestantes que los tribunales han enviado detenidos a cárceles con delincuentes comunes, e instó al Estado a preservar los derechos humanos.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) rechazó en un comunicado las detenciones que se han dado en las últimas tres semanas de 13 manifestantes y dirigentes opositores, quienes fueron enviados a cárceles donde están recluidos presos acusados de delitos comunes, y dijo que con esas acciones se busca "crear precedentes que atemoricen al resto de los ciudadanos".

"Es sumamente preocupante que los jueces de control estén decretando medidas de privación de libertad a ser cumplidas en establecimientos penitenciarios ordinarios...en los cuales no existe clasificación entre procesados y sentenciados, ni existen garantías de respeto a la integridad física", refiere el escrito.

El obispo Roberto Lückert, primer vicepresidente de la CEV, dijo a la prensa que las autoridades eclesiásticas están "muy preocupadas por esta oleada de atropellos a los derechos de los venezolanos solamente por el hecho de querer manifestar".

Los obispos instaron al Estado a "actuar apegado a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución", y pidieron a los poderes públicos "cumplir su misión resguardando el principio fundamental de la independencia de los poderes".

La declaración de la CEV se da una semana después de la detención del dirigente estudiantil Julio César Rivas, de 22 años, quien fue arrestado en su casa, de la localidad central de Valencia, por un comando especial de la policía judicial y enviado a la cárcel de Yare, a las afueras de la capital.

Rivas fue detenido por su participación en una marcha opositora que se realizó el 22 de agosto en la capital que culminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías.

El joven fue imputado por la Fiscalía de los delitos de "excitación a la guerra civil", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración para delinquir", "resistencia a la autoridad", "alteración del orden público" y "uso de arma genérica".

A finales del mes pasado fueron detenidos el prefecto de Caracas y presidente del partido Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, y 11 empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, luego de participar en manifestaciones en la capital.

Blanco fue señalado de participar en el ataque que sufrió un policía infiltrado en la marcha del 22 de agosto. El prefecto fue enviado a la cárcel de Yare.

Once empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas fueron arrestados el 26 de agosto tras participar en una protesta en la capital contra una ley que aprobó el congreso que limita los ingresos de esa dependencia. Los trabajadores, quienes fueron enviados a la cárcel capitalina de La Planta, fueron acusados de alterar el orden público, resistencia a la autoridad, y de agredir a un policía.

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