Venezuela

Familia de Venezuela explica origen de bienes confiscados

Una familia siriovenezolana que está en el centro de una amplia pesquisa por lavado de dinero en Estados Unidos rompió su silencio para explicar el origen de los fondos millonarios que agentes federales confiscaron a la empresa familiar y la manera en que sus miembros cayeron en desgracia con el gobierno de Venezuela.

Voceros de la familia Makled aseguraron que todos sus problemas penales tienen que ver con una venganza política en Venezuela, pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Dirección Antinarcóticos (DEA), consideran que tienen vínculos con el lavado de dinero producto del narcotráfico.

La vida de los hermanos Makled dio un giro abrupto el año pasado. De ser unos empresarios consentidos por el gobierno venezolano por su identificación con los postulados de la revolución bolivariana, terminaron acusados de narcotráfico y con sus empresas confiscadas.

Como presidente de la Federación de Empresarios Bolivarianos, una organización pro oficialista que respalda las políticas económicas del presidente Hugo Chávez, el comerciante Abdalá Makled gozaba de una estrecha relación con poderosas figuras del chavismo, incluyendo gobernadores y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con informes de prensa y documentos a los que tuvo acceso El Nuevo Herald.

Su lanzamiento el año pasado como candidato a la alcaldía de Valencia, capital del estado central de Carabobo y la tercera ciudad más importante de Venezuela, fue vista con buenos ojos por el chavismo local. Abdalá, de 32 años, hizo campaña ataviado de rojo, el color de la revolución chavista, y regaló neveras y lavadoras, una práctica extendida entre los candidatos oficialistas para garantizarse el voto.

Diez días antes de las elecciones, el 13 de noviembre del 2008, su suerte cambió radicalmente. De candidato y empresario exitoso, pasó a ser considerado un capo de la droga y encarcelado, luego de que oficiales de inteligencia militar encontraran durante un allanamiento 388 kilos de cocaína de baja pureza, almacenadas en la finca El Rosario, administrada por la familia Makled.

Junto con Abdalá fueron detenidos sus hermanos Basel, de 24 años, y Alex, de 37. Un cuarto hermano, Walid, de 39, se vio obligado a salir del país y es considerado un prófugo de la justicia venezolana.

Acusados de dirigir una masiva operación de narcotráfico utilizando sus empresas de carga y transporte, los Makled han roto su silencio para explicar a El Nuevo Herald su versión sobre los hechos que no sólo lo comprometen en cortes venezolanas sino también de Estados Unidos.

"La familia Makled no tiene nada que ocultar, y estaría más que dispuesta, dadas las condiciones adecuadas, a comparecer ante un tribunal federal [de Estados Unidos] para demostrar que nunca han estado relacionados con actividades ni del narcotráfico ni de lavado ilegítimo de capitales'', dijo uno de los abogados de la familia en declaraciones a El Nuevo Herald.

A petición del gobierno venezolano, Walid fue incluido en la lista de la Ley Kingpin, que incluye a los capos de la droga a nivel internacional, elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En abril de este año, la DEA congeló fondos por $26 millones en un banco en Puerto Rico, entre ellos $3.1 millones transferidos por el grupo Makled, bajo el argumento de que podría tratarse de operaciones de narcolavado.

El proceso civil por decomiso, que se adelanta en una corte federal de Puerto Rico, ha sido blanco de críticas de algunos de los abogados de varias casas de valores de Venezuela cuyos fondos fueron congelados.

"La investigación se extralimitó y fue demasiado inquisitiva'', dijo Michael Díaz, quien representa a cuatro firmas afectadas con el decomiso.

Según Díaz la gran mayoría de entidades a las cuales les congelaron las cuentas bancarias "son víctimas'' de Rama Vyasulu, un financista indio-venezolano acusado de ser el gran cerebro de la operación de lavado.

En Venezuela, el gobierno mantiene confiscados casi todos los bienes del grupo, incluyendo la aerolínea Aeropostal y una empresa de manejo de carga en Puerto Cabello, el segundo puerto más grande del país.

Mientras la fiscalía en Venezuela ha presentado una amplia documentación para demostrar la culpabilidad de los empresarios, los Makled argumentan que sencillamente están siendo víctimas de un "montaje'' para perjudicar la reputación familiar, y que están sufriendo una represalia por las aspiraciones políticas de Abdalá.

Según la fiscalía, los agentes de inteligencia decomisaron, además de la droga, un revólver y una escopeta, restos de cocaína en el vehículo del encargado de la finca, Luis José González, y una serie de materiales ubicados en la cabecera de una pista de aterrizaje dentro de los linderos de la hacienda, de acuerdo con los documentos del caso, a los que tuvo acceso El Nuevo Herald.

Los fiscales asignados al caso presentaron el testimonio de ocho personas, entre ellas trabajadores de la finca, quienes afirmaron que con frecuencia presenciaron la llegada de avionetas a la pista de la finca, cargadas con cajas.

"La pista de aterrizaje en cuya cabecera se localizaron los mencionados bidones y demás implementos para vuelos nocturnos clandestinos [. . .] nos permite inferir parte del modus operandi de esta organización delictiva, mediante la utilización de esta pista para el traslado aéreo de la droga'', indicó la argumentación de los fiscales del caso.

De acuerdo con los documentos de la corte, los Makled presuntamente utilizaron empresas como el Grupo Transgar y la línea aérea Aeropostal para "limpiar'' dinero "de origen fraudulento'' e ‘‘integrarlos de esta manera a una empresa tradicional y con prestigio nacional e internacional''.

Los fiscales destacaron el caso de la Fundación Makled, utilizada "con apariencia de brindar un apoyo a personas necesitadas'', pero que en realidad permitió el flujo de dinero "cuyo origen nunca se precisó'' así como para labores de proselitismo.

Los Makled aseguran que la argumentación de los fiscales está plagada de afirmaciones ‘‘subjetivas'', y que la investigación policial se inició como consecuencia de un artículo publicado bajo el seudónimo "Terrícola'' en el semanario ABC de la Semana, en marzo del 2008, que no presentó pruebas para acusar a Walid Makled de integrar una red de narcotráfico junto a oficiales de la policía judicial, la Dirección de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP), y parlamentarios y gobernadores.

De acuerdo con el abogado Antonio Denis, el propio Walid Makled exigió a la fiscalía superior del estado Carabobo iniciar una investigación exhaustiva sobre lo que denunciaba el artículo en cuestión, "para demostrar la falsedad de las afirmaciones''.

Denis dijo que una de los testimonios claves para demostrar que la droga encontrada en la finca de los Makled fue "sembrada'' para inculpar a la familia, ha sido "desechada inexplicablemente'' por el tribunal.

González, el capataz de la hacienda, confesó de forma voluntaria que había recibido un total de 25,000 bolívares fuertes (unos $11,626 al cambio oficial) de parte de una persona desconocida para que le permitiera almacenar las cajas que resultaron contenedores de droga.

Agregó que guardó 15,000 bolívares en un lugar de la finca, gastó 2,000, y los 8,000 restantes fueron decomisados durante el allanamiento realizado por los oficiales de inteligencia militar.

"El tribunal de control desechó el valor del testimonio de González, quien afirmó estar dispuesto a localizar parte del pago que dejó escondido en la finca, como una prueba de que el decomiso de droga fue parte de un montaje'', dijo Denis.

Los abogados se preguntaron la razón por la cual "los fiscales se negaron a buscar a este ciudadano, a fin de verificar la veracidad de este testimonio''.

El Nuevo Herald realizó varias llamadas y envió un correo electrónico a la Fiscalía General de Venezuela, pero no obtuvo un comentario sobre este tema.

La defensa de los Makled dijo también que han solicitado formalmente en cuatro ocasiones al tribunal del caso la realización de una auditoría general de las finanzas del grupo, para establecer el origen de los dineros, pero hasta ahora no han recibido respuesta a esa solicitud.

"El gobierno tiene todos los estados financieros, todos los documentos de las empresas confiscadas y los movimientos de cuentas que permiten comprobar la procedencia legítima de todos los fondos y activos del grupo Makled'', indicó Denis.

El abogado desestimó las acusaciones de que el grupo Makled utilizó la aerolínea Aeropostal para enviar droga fuera del país, afirmando que "Aeropostal jamás viajó fuera del país mientras la familia Makled fue la dueña de la aerolínea''.

Denis detalló que "no existe ningún documento, ni informe oficial ni testimonio de persona alguna que demuestre que se haya encontrado un gramo de droga dentro de los aviones de Aeropostal''.

Con respecto a los fondos congelados por la DEA en el Banco Nacional de Crédito de Puerto Rico, el abogado defensor detalló que las transferencias de dinero estaban dirigidas a cubrir deudas que la aerolínea Aeropostal mantenía con acreedores de Nueva York, Londres y Tel Aviv.

"El grupo Makled decidió honrar las deudas que Aeropostal tenía en Estados Unidos, y ese era el objetivo de las transferencias que se hicieron a través del Banco Nacional de Crédito, pues a esos acreedores que tenían una prenda sobre las acciones de la aerolínea se les debían $6 millones''.

Otra parte de las transacciones se utilizaron para la compra de repuestos y accesorios para los aviones de la aerolínea.

Denis dijo que procederán a la recuperación de los fondos congelados una vez que obtengan la absolución del caso en Venezuela.

La defensa de los Makled mostró a El Nuevo Herald documentos vinculados a la petición que presentaron ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, para apelar la designación de Walid Makled como "capo de la droga'', pero hasta ahora están esperando la autorización para iniciar el proceso legal en Washington, D.C.

El redactor Gerardo Reyes contribuyó a esta información.

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