Venezuela

Venezuela refuerza la seguridad en la frontera tras asesinatos

Autoridades levantan un cadáver el 24 de octubre de 2009, en el sitio donde aparecieron tiroteados los cuerpos de diez personas en una zona de la frontera común de Venezuela y Colombia, en la población de Chururú (Venezuela), cerca a donde el día 11 fueron secuestrados diez vendedores ambulantes colombianos, uno peruano y otro venezolano.
Autoridades levantan un cadáver el 24 de octubre de 2009, en el sitio donde aparecieron tiroteados los cuerpos de diez personas en una zona de la frontera común de Venezuela y Colombia, en la población de Chururú (Venezuela), cerca a donde el día 11 fueron secuestrados diez vendedores ambulantes colombianos, uno peruano y otro venezolano. EFE

Al menos diez homicidios ocurridos cerca de la frontera con Colombia podrían ser obra de las facciones en lucha en el conflicto interno de ese país, dijo el domingo el ministro venezolano de Defensa, e indicó que las tropas de Venezuela están incrementando la vigilancia.

Diez hombres fueron ejecutados y sus cadáveres hallados el sábado en varias partes del estado occidental de Táchira, dijo el ministro Ramón Carrizalez. Las autoridades creen que los hombres, colombianos en su mayoría, estaban entre un grupo de 12 personas secuestradas recientemente en Chururú, localidad a unos 640 kilómetros al suroeste de Caracas, en Táchira.

Los homicidios ocurrieron en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y Colombia, con acusaciones en torno a la idoneidad de los esfuerzos venezolanos para vigilar su territorio e impedir el flujo de cocaína colombiana.

En Colombia, el presidente Alvaro Uribe condenó los asesinatos y dijo que muestran "que el terrorismo es internacional, que no tiene fronteras'', al tiempo que expresó su confianza de que "haya una acción eficaz de las autoridades de Venezuela para llevar a la cárcel a estos terroristas''. Añadió que las autoridades colombianas están prestas a colaborar en la investigación.

Carrizalez no proporcionó detalles sobre el secuestro, pero la agencia de noticias estatal reportó que el grupo --el cual incluía a 10 colombianos, un peruano y un venezolano-- fue secuestrado por un grupo armado en una cancha deportiva donde habían estado jugando fútbol el 11 de octubre.

Un grupo de hombres vestidos de negro y portando armas de fuego se presentaron en el sitio y comenzaron a llamar por sus nombres a cada uno de los integrantes del equipo de fútbol Los Maniceros. Posteriormente se los llevaron en varias camionetas, indicó el Ministerio Público venezolano en un comunicado.

Carrizalez, que también es vicepresidente del país, dijo que un hombre sobrevivió al plagio, y se cree que otro está desaparecido. El sobreviviente, el colombiano Manuel Junior Cortez, de 19 años, resultó herido en la nuca con orificio de salida en la mandíbula derecha, dijo Orlando López, medio hermano de la víctima, en diálogo telefónico con la AP.

López dijo que su hermano "no conocía a los tipos (hombres) que mataron. El los conoció cuando los secuestraron... los tuvieron amarrados 14 días al sol y al agua. Los amarraron a unos palos, con cadenas al cuello y de las manos con candados''.

También indicó que ha tratado infructuosamente de comunicarse con la embajadora de Colombia en Caracas y pidió decirle a Uribe que los ayude a salir de Venezuela porque no quieren estar más en territorio venezolano.

"Nosotros tenemos miedo porque esa gente (los secuestradores) es muy delicada... Que nos lleven para Colombia'', agregó.

Uribe pidió al comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, enviar un avión del Estado a la frontera para repatriar los cuerpos de los colombianos asesinados, a tiempo que exhortó a la oficina de Acción Social entregar a los "familiares de las víctimas los mismos apoyos que se otorgan cuando estos hechos ocurren en Colombia''.

La cancillería colombiana solicitó a las autoridades venezolanas iniciar "una investigación que permita la identificación y captura de los asesinos'', así como protección para el sobreviviente y sus familiares.

En ese sentido, el Ministerio Público venezolano solicitó el sábado una medida de protección para Cortez, al tiempo que comisionó a la fiscal 47ma nacional, María Bejarano, para reforzar la investigación iniciada sobre el secuestro y posterior muerte de las 10 personas.

Varios de los colombianos jóvenes provenían del poblado de Bucaramanga, y los investigadores sospechan que sus homicidios "pudieran apuntar hacia el enfrentamiento de grupos irregulares, parte del conflicto colombiano'', dijo Carrizalez. Indicó también que las tropas venezolanas están incrementando sus patrullajes para registrar el área y tienen órdenes de "actuar con contundencia'' contra cualquier grupo armado colombiano.

En el pasado, las autoridades en Bogotá han acusado a Venezuela de permitir que guerrillas colombianas izquierdistas se refugien en territorio venezolano.

Carrizalez dijo que esa alejada región fronteriza es difícil de controlar y que "nosotros somos una víctima de este conflicto'' que sale de las fronteras de Colombia.

"La brutalidad con que estos hechos ocurrieron... es la brutalidad con que se desarrolló ese conflicto en la República de Colombia. Entonces estamos recibiendo los efectos de un conflicto en el cual no estamos ni queremos estar involucrados'', afirmó.

La cancillería de Chávez protestó formalmente a Bogotá el sábado después que el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, dijo estar preocupado por la gran cantidad de aviones que pasan sin problemas por el territorio venezolano cargados con cocaína colombiana.

Chávez criticó duramente el domingo a Silva, diciendo que "yo creo que él es retardado mental por lo menos'' y "está siguiendo instrucciones del imperio''. El mandatario venezolano considera que Colombia y Estados Unidos han intentado usar el asunto de las drogas para desacreditar injustamente a su gobierno.

En su nota de protesta, Venezuela afirmó que "esta actitud cínica e irrespetuosa contra nuestro país pretende esconder la realidad del fracaso de la lucha antidrogas del actual gobierno colombiano, así como justificar la entrega del suelo colombiano para instalación de las bases militares estadounidenses en su territorio''.

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