La negligencia, la falta de mantenimiento y un abandono generalizado de la cultura de seguridad dentro de la estatal PDVSA serían los causantes de la explosión de la refinería de Amuay en el 2012, accidente que dejó al menos 55 muertos y 156 heridos y ocasionó pérdidas por más de $1,830 millones, concluyó un informe sobre el siniestro en cuya elaboración participaron cerca de 30 expertos de la industria.
El informe, preparado por una comisión del Centro en Orientación en Energía (COENER), contradice la versión oficial del régimen de Nicolás Maduro de que el peor siniestro en la historia petrolera del país fue provocado por “actos directos de sabotaje” que habrían sido orquestados por la oposición y Estados Unidos con fines electorales.
La versión del gobierno “es como una falta de respeto [a la capacidad intelectual]”, dijo desde Caracas Diego González, presidente de COENER, un centro de investigación venezolano.
“El señor ministro [de Energía, Rafael Ramírez] incluso ha involucrando al gobierno de Estados Unidos en actos de sabotaje, cuando esas cosas simplemente no ocurren en una instalación petrolera. Los que hemos trabajados en este tipo de instalaciones, ya sea de refinación, ya sea de operaciones de producción, o terminales de embarque, sabemos que esas cosas no ocurren, son muchos los controles, los mecanismos de seguridad”, agregó González.
El experto petrolero se refería a las acusaciones lanzadas por Ramírez y el propio Maduro, quienes han insistido en que la terrible explosión de agosto del 2012 fue provocada por la oposición para restarle votos al fallecido presidente Hugo Chávez en las elecciones de octubre del año pasado.
“Esta derecha no tiene escrúpulos para hacerle daño a la Patria” comentó Maduro hace unos días. “Sectores desesperados, que creían que incendiando una refinería le ganaban las elecciones a Chávez; y no sólo fue que se las ganaron, sino que fueron coleteados por el pueblo”.
Ramírez, por su parte, respaldó la versión del máximo líder del chavismo.
“Hemos podido detectar y detectamos en lo últimos eventos, sabotaje directo, nuestros técnicos de algunos de los eventos que han ocurrido en Amuay han detectado, y ya está comprobado, que no hubo falla ni nada, sino un sabotaje directo sobre nuestras instalaciones”, aseguró el funcionario en un programa de televisión.
El caso está bajo investigación de las organizaciones policiales del chavismo, cuyos líderes han dejado entrever que pronto podrían presentar cargos formales contra dirigentes de la oposición.
No obstante, los expertos llegaron a conclusiones muy distintas, ya que el informe delinea una cadena de fallas y de incumplimientos en las normas de prevención y de seguridad dentro de la refinería.
Según el informe, la explosión fue causada por la ignición de una nube de gas creada por un escape incontrolado de olefinas, componentes inflamables producidos en el proceso de refinación.
La fuga –probablemente producida por el colapso de algún sello mecánico- generó la peligrosa nube de gas que se acumuló en la zona por la falta de viento.
“De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, así como por mensajes y declaraciones de trabajadores y responsables de una de las empresas privadas afectadas por la explosión e incendio, se determinó la presencia de gas en el ambiente varias horas antes de la explosión”, señaló el informe.
“Sin embargo, no se activaron alarmas ni se tiene conocimiento de acción alguna para llevar a cabo el desalojo de las áreas adyacentes”, indicó.
Las únicas acciones que se tomaron consistieron en tratar de bloquear válvulas y equipos en forma manual en el sitio de la fuga, resultando todas ellas infructuosas dada la magnitud del escape y las altas concentraciones de gas en el ambiente, explicó el estudio.
El informe resalta que ésa no era la primera vez que en las instalaciones de Amuay se producían escapes de gas e incendios en los equipos de bombeo, y resaltó que uno de los reportes de la empresa aseguradora australiana QBE documenta que la refinería había registrado cerca de 100 incendios el año anterior.
“Los indicadores de accidentalidad de PDVSA durante los últimos años muestran una tendencia creciente, con cifras significativamente altas y muy superiores a los promedios internacionales”, resalta el informe.
“Esta situación evidencia la pérdida de la Cultura de Seguridad, Salud y Ambiente necesaria para operar, de manera responsable, instalaciones de la magnitud y complejidad de la industria petrolera”, agregó.
Pero una vez detectado el peligro, los esfuerzos para tratar de evitar y contener el siniestro fueron ineficientes.
Hubo un inadecuado manejo de la contingencia, con deficiencias en las acciones y medidas tomadas en la zona -tanto por parte de PDVSA como por los cuerpos de atención de emergencias- durante la operación.
Las deficiencias se produjeron en el sistema que debía haber detectado la fuga de gas antes de la explosión, el control y extinción del incendio, y posterior atención de las personas afectadas.
Uno de los problemas fue el uso de agua para tratar de extinguir el incendió ya que el líquido diluyó y le restó eficacia a la espuma contra incendios que estaba siendo usada simultáneamente.
Por otro lado, las fallas detectadas en el plan de evacuación “probablemente hayan incidido en el incremento del número de víctimas”, dijo el informe.
Más de 30 expertos de la industria petrolera participaron en la elaboración del informe. Algunos de ellos han sido directores de operaciones de refinación en Venezuela y el exterior, dijo González.
“La preocupante cantidad de incidentes y accidentes que se han reportado, posteriores al 25 de agosto de 2012 [el día del siniestro], nos permiten destacar que el irrespeto a las sanas prácticas operacionales centradas en confiabilidad y seguridad, no ha cesado en el CRP [Complejo de Refinación de Paraguaná, que incluye la refinería siniestrada]”, advirtió el documento.
“De no producirse cambios importantes en la estrategia operacional de PDVSA [] en nuestra opinión validado por esta fatídica experiencia, se podría estar gestando otra tragedia similar”, concluyó
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