Venezuela

Amnistía Internacional condena violencia del régimen de Maduro en cárceles de Venezuela

Amnistía Internacional (AI) condenó la violencia a la que “está sometida” la población carcelaria en Venezuela y consideró que el régimen de Nicolás Maduro no debe enfrentar las exigencias de los presos con fuerza excesiva.

La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, se refirió a la muerte de al menos 29 prisioneros y 19 policías heridos, cifras oficial hasta el domingo, tras un motín que ocurrió el viernes en uno de los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, en el centro de Venezuela.

“La muerte de al menos 30 privados de libertad y 19 policías heridos en #Acarigua es un ejemplo más de la violencia constante y el abandono a los que está sometida la población carcelaria en #Venezuela. El deber del estado es velar por los derechos de las personas privadas de libertad y no enfrentar sus demandas con fuerza excesiva, que es a lo que apunta este caso”, dijo la noche del viernes en su cuenta de Twitter.

Según las autoridades venezolanas los prisioneros intentaron una fuga masiva mediante el derribo de una pared y retuvieron a familiares y amigos en la prisión.

“Ante ese evento de fuga masiva que tenía previsto el derribo de una pared se hizo necesario la actuación de los cuerpos de policías del estado Portuguesa con el apoyo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) para poder neutralizar y evitar la fuga masiva”, declaró Óscar Valero, secretario de seguridad ciudadana de Acarigua.

Cuando la policía ingresó al panel los reos detonaron tres granadas y enfrentaron a los agentes con disparos. Uno de los funcionarios está herido de gravedad, se informó.

Guevara Rosas atribuyó la principal responsabilidad de lo sucedido al régimen de Maduro y exigió una investigación del caso.

“La muerte de estas personas bajo la custodia del Estado y sin que exista hasta ahora una explicación plausible de las autoridades deja al gobierno de Nicolás Maduro como principal responsable de estas muertes. Exigimos una investigación pronta e imparcial para evitar que estas situaciones de violencia vuelvan a repetirse y se garantice justicia a las víctimas”, dijo.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó el domingo en su sitio en internet que el conflicto de al menos 10 días culminó con la muerte de “30 presos y el saldo de 26 heridos, siete reos y 19 funcionarios”.

Detalló que luego de la Semana Santa los reos pidieron que dejaran pernoctar a las visitas, lo que fue negado por el director de la Comandancia General de la Policía de Acarigua el comisionado Guillermo López y raíz de esto se inició una serie de enfrentamientos entre internos y funcionarios.

“Pasaron las semanas y las visitas fueron suspendidas y con ello además el pase de comida. Los funcionarios policiales de la comandancia indicaban que los presos estaban en huelga de hambre, sin embargo los familiares desmentían la versión y los mismos presos comenzaron a solicitar la presencia de la Defensora del Pueblo Raquel Vera y la Fiscal Superior del Ministerio Público Amarilis Pérez”, precisó el OVP.

La situación se intensificó cuando se decidió el traslado del pran (cabecilla de presos) Wilfredo Ramos. El 16 de mayo los reos presentaron nueve peticiones a las que el OVP tuvo acceso a través de un parte policial. Entre las peticiones estaban cambiar al director del centro de coordinación, el comisionado Guillermo López; establecer el ingreso de comida y de la visita, permitir a la visita pernoctar en la cárcel cada 15 días; permitir el ingreso de chimo, cigarrillos y bebidas alcohólicas; la entrada de los grupos evangélicos y grupos deportivos y no revisar las comidas.

El portal informativo El Pitazo, por su parte, reveló que los prisioneros también exigían la eliminación del servicio de garitas y permiso para ingresar materiales para la construcción de una piscina.

El OVP calificó lo sucedido como una “nueva masacre” que se suma a la lista de las ocurridas en Venezuela muy similar a como ocurrieron los hechos en el 2017 en Amazonas donde murieron 39 detenidos, y en el 2018 en el estado Carabobo donde hubo 69 personas fallecidas, entre ellas 67 presos y dos visitantes.

“Las causas de estos hechos irregulares es responsabilidad del Estado. Son las personas con responsabilidad en esta materia quienes han permitido que los calabozos policiales se conviertan en retenes y siguen muriendo presos que están bajo la responsabilidad del Estado” afirmó Humberto Prado, coordinador general del OVP.

Prado aseguró que en la comandancia policial de Acarigua había 540 presos y su capacidad es para 300, lo que significa que hay un hacinamiento de 180 por ciento.

Siga a Sonia Osorio en Twitter: @soniaosoriog
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