Venezuela

CIDH emite medidas de protección para familiares de militar y de activista venezolanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares de protección para los familiares del capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo, quien murió por “probables actos de tortura” bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, y también para la familia de la activista de derechos humanos Tamara Suju.

Las medidas fueron emitidas el pasado 1 de octubre, tras considerar la CIDH que los familiares se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, informó ese organismo este miércoles.

La familia de Acosta Arévalo estarían siendo objeto de intimidación y seguimientos por funcionarios estatales y recientemente se habría llevado a cabo un cateo en la casa de sus suegros, según la CIDH.

El pasado julio la Comisión tuvo conocimiento de la muerte de Acosta Arévalo bajo custodia de la DGCIM “por probables actos de tortura. Según nota del Ministro de Comunicación, el gobierno habría solicitado una investigación respecto del caso”.

“En este sentido, la Comisión recordó al Estado su obligación de prevenir y sancionar la tortura y de brindar información a la Comisión sobre las medidas adoptadas en tal sentido, conforme con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, indicó.

En la solicitud se informó que los familiares del militar han emprendido una serie de acciones para que sean esclarecidas las circunstancias de su muerte, en búsqueda de verdad y justicia. A su vez, sus familiares y abogados no habrían podido acceder al cuerpo de Acosta Arévalo.

La CIDH solicitó al régimen de Maduro que adopte medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la familia de Acosta Arévalo, que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y su representante y que informe las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados.

En cuanto a los familiares de Suju, la CIDH informó que otorgó las medidas a favor de Francisco Arturo Suju Raffo, Carmen Cecilia Fuentes de Suju, Marisela Suyen Suju de Rivero, Andrés Rivero Muro, Oswaldo Ramón Suju Raffo, Elena Torres de Suju y Sungliying Helena Suju Torres.

La Comisión tomó en consideración que la situación de riesgo de las personas beneficiarias estaría conectada a la actuación internacional de Suju como defensora de derechos humanos y opositora política. En razón de lo anterior, su núcleo familiar habría sido blanco de allanamientos por lo menos cinco veces en menos de un mes.

Esa organización dijo que ha monitoreado la situación que atraviesa Venezuela, habiendo recibido información de que se estarían utilizando los allanamientos como una forma de hostigamiento e intimidación a personas opositoras al régimen.

Instó al Estado Venezolano a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y ha expresado su preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para perseguir penalmente a disidentes y reprimir las críticas públicas al gobierno.

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Periodista y editora con especialización en América Latina, judicial, negocios y temas locales relacionados con la comunidad latinoamericana. Gran parte de su carrera la desarrolló en agencias internacionales de noticias. Su trabajo de investigación “Emigrar a la muerte: Venezolanas asesinadas en Latinoamérica” recibió los premios 2019 FSNE y SPJ Sunshine State.
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