Venezuela

La sentencia a Leopoldo López une a los opositores para ganar las elecciones

Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, habla con sus seguidores el viernes en Caracas.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, habla con sus seguidores el viernes en Caracas. AP

El veredicto contra Leopoldo López fue interpretado como prueba fehaciente de que la justicia ha muerto en Venezuela y para muchos despejó toda duda de que el régimen bolivariano es dictatorial.

Pero la oposición se mostraba cauta el viernes, evitando dar señales que pudieran ser tildadas de violentas y optando más bien por transmitir un claro mensaje al gobernante Nicolás Maduro: Venezuela se lo va a cobrar en las elecciones de diciembre.

Se trata de un mensaje que fue transmitido por el propio López, quien tras ser recluido nuevamente en una celda de dos metros de largo por dos de ancho, envió una carta que fue leída en la tarde del viernes por su esposa, Lilian Tintori.

“Para que Venezuela salga adelante, debemos cambiar el sistema […] debemos quitar del poder a la élite corrupta que nos gobierna”, dijo López, quien fue sentenciado el jueves a 13 años y nueve meses de prisión tras ser declarado culpable de instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad.

“El 6 de diciembre tenemos una excelente oportunidad para avanzar en esta dirección. Ese día, con irreverencia, con revire democrático, salgamos con todas nuestras fuerzas a votar y a defender, en todos y cada uno de los centros electorales, la voluntad de cambio que de manera arrolladora la inmensa mayoría de los venezolanos vamos a expresar en las urnas”, agregó López, máximo líder del partido Voluntad Popular.

Posteriormente, Voluntad Popular emitió un comunicado en el que afirmó que López convocaba a una marcha el 19 de septiembre pero insistió en que ésta sería realizada “bajo estricta disciplina no violenta”.

Con la declaración, López unió su voz a un coro de pronunciamientos provenientes de distintos sectores de la frágil unidad opositora que intentan canalizar el malestar provocado por la sentencia hacia una participación masiva en las venideras elecciones parlamentarias.

Y el pronunciamiento de López podría ayudar a reducir las fisuras dentro de la oposición creadas por dos visiones diferentes sobre cómo luchar contra el impopular régimen bolivariano: los que se concentran en competir electoralmente contra el chavismo y los que piensan en que los marxistas revolucionarios que gobiernan Venezuela no pueden ser sacados del poder por la vía de los votos.

López encabezaba el segundo bando y su arresto, y su posterior enjuiciamiento por la justicia chavista, provino luego de que en febrero del 2014 convocara a los venezolanos a salir a protestar contra Maduro.

El planteamiento de López da un espaldarazo a los preparativos de la oposición para ganar abrumadoramente las cruciales elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en momentos en que la popularidad del chavismo está en los niveles más bajos de su historia.

El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chuo” Torrealba, había advertido que esos bajos niveles de popularidad, con las encuestas dándoles a la oposición una ventaja de más de 25 puntos porcentuales, está llevando al gobierno a buscar formas de suspender las elecciones.

“No vamos a caer en la trampa que el gobierno nos quiere montar de la violencia. No vamos a generar caos. Nosotros debemos actuar con mucha inteligencia, con la inteligencia que nos caracteriza, y vamos a seguir la lucha sin caer en la trampa de la provocación y la violencia que a ellos les conviene para suspender las elecciones y crear en el país un estado de excepción”, dijo Torrealba tras conocerse el dictamen.

“La Mesa de la Unidad Democrática [organización paraguas de la oposición] ratifica su rechazo a esta sentencia y vamos a proseguir en la lucha sin violencia, nosotros somos enemigos de la violencia, nosotros agotamos todas las instancias constitucionales. Aún cuando sabemos que los poderes públicos se encuentran secuestrados, es a través del proceso democrático como se va a salir de un régimen que cada día se hunde más en su injusticia”, refirió Jesús Torrealba.

La sentencia contra López, dictada por la jueza chavista Susana Barreiros, fue rechazada alrededor del mundo y fue vista como una nueva manifestación de que en Venezuela no existe la independencia de poderes.

“El chavismo se robó a Venezuela (Boliburgueses) y condenan a Leopoldo, qué infamia!”, escribió en su cuenta en Twitter el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, mientras en Estados Unidos varios legisladores solicitaron una nueva ronda de sanciones contra el gobierno de Venezuela.

En España, el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, José Ramón García Hernández, calificó la sentencia como “despropósito judicial y una farsa política” por parte de la justicia venezolana.

“No se le ha permitido la defensa a Leopoldo López ni ha habido una sentencia proporcionada, que es una de las bases en las que debe apoyarse cualquier democracia (...) este proceso ha rayado lo inverosímil, lo increíble, y muestra a las claras la deriva hacia ningún lugar del régimen de Maduro”, manifestó García.

Las cortes bolivarianas han sido duramente criticadas en los últimos tiempos por una serie de organismos internacionales, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que declaró que la detención de López había sido ilegal.

El consejo emitió ese pronunciamiento pese a que el régimen chavista envió representantes para tratar de convencer a sus miembros de que el dirigente era una amenaza para la sociedad venezolana.

Pero tras revisar las pruebas presentadas, el organismo de la ONU determinó que el régimen no había demostrado nada y que la detención había sido arbitraria.

El caso recibió similares pronunciamientos de entidades como Amnistía Internacional y la ONG Human Rights Watch.

Las cortes chavistas también han sido criticadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“El gobierno utilizó el poder judicial para intimidar y procesar selectivamente a líderes políticos, de la sociedad civil, de los sindicatos, y del sector privado que son críticos de las políticas y de las acciones del gobierno”, resaltó el Departamento de Estado en su último informe anual sobre los derechos humanos.

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